Reformas en pensiones, presión adicional para las finanzas públicas

Las reformas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en materia de pensiones, tendrán un costo al erario público, el cual ya presenta un limitado espacio fiscal ante la debilidad de los ingresos y otras presiones en el gasto.

Lo presentado por López Obrador propone crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual busca ser un tipo de complemento a los recursos que tienen los trabajadores en su afore y que se busca que éstos lleguen a una pensión mayor. Dicho fondo, explicó, de ser aprobado empezaría con una bolsa de alrededor de 64,000 millones de pesos y se iría nutriendo en el futuro.

“El Presidente propone llegar a una pensión de alrededor de 16,000 pesos que aplicará sólo a la generación afore. Es importante esto, porque acota un poco el costo de dicha reforma porque no aplicará para los trabajadores del viejo régimen. La pregunta de fondo, y la más importante es, si realmente este fondo alcanza; 64,000 millones de pesos no alcanza para nada”, indicó Carlos Ramírez, expresidente de la Consar y consultor en Integralia.

Si bien en la propuesta se proponen diversas fuentes de financiamiento, como recursos del Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado, dinero de la eliminación de la Financiera Nacional de Desarrollo, entre otros, también considera aportaciones complementarias como los recursos que resulten de la eliminación de los ramos autónomos, otra de las iniciativas que mandó.

Las finanzas públicas ya no tienen ningún margen de maniobra para solventar otro fondo”, aseveró Carlos Ramírez.

Aunada a esta reforma, el Presidente también busca que la Pensión para el Bienestar para Adultos Mayores, un programa insignia de este sexenio, continúe con aumentos anuales, que sean mayores a la inflación, lo cual también genera presión a las finanzas públicas.

Viabilidad

Héctor Villarreal, catedrático del Tec de Monterrey, señaló que la intención de buscar mejorar las pensiones de los trabajadores es positiva; sin embargo, indicó que es necesario que se haga un estudio presupuestal del fondo que se propone.

Indicó que las fuentes de financiamiento que se proponen en la iniciativa no son recurrentes, por lo que habrá que ver cuáles son las alternativas que puede plantear el gobierno para aportar a las pensiones de los trabajadores.

“El problema es que 64,000 millones de pesos para algo así no son nada. Probablemente, el siguiente sexenio, no tenga una presión de gasto importante por esta reforma porque todavía el grueso de la gente se va a jubilar bajo el régimen de la Ley de 1973, pero después de unos años, el gasto en esto puede crecer de manera importante y las fuentes de financiamiento que propone son recursos muy chiquitos, y ahí pudiera generarse un déficit alto”, indicó.

Añadió que es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ofrezca mayor información al respecto sobre el impacto presupuestal de estas propuestas. Hasta el momento la dependencia no se ha pronunciado.

Recordó que el actual gobierno se negó a implementar una reforma fiscal que aumentara los ingresos y, en su lugar, realizó algunas modificaciones fiscales para aumentar la recaudación, lo cual si bien ha resultado positivo, es difícil que logren solventar todas las presiones existentes en el gasto, y aunado a las iniciativas presentadas, señaló que la siguiente administración deberá implementar una reforma fiscal.

ana.martinez@eleconomista.mx