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Santander admite que compró Popular fuera de plazo
El Parlamento y el Consejo Europeo defienden que se hizo una aplicación de la normativa adecuada y que no ha sido incompatible con el respeto de derechos fundamentales.
Santander defiende que su oferta de compra de Popular por un euro fue legal a pesar de que se hizo fuera de plazo. Así lo admite en el escrito, según Expansión España, en el que responde a los recursos de Pimco y los grandes fondos, Andrónico Luksic, Antonio del Valle y la Sindicatura de Popular, entre otros afectados por la resolución del banco, que han recurrido la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de resolver Popular ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El Parlamento y el Consejo Europeo, el Estado español y Santander se han personado en los procesos que se libran contra la JUR ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la resolución de Popular en concepto de amicus curiae, lo que les da derecho a conocer el procedimiento con detalle.
Los recurrentes alegaron que la oferta de compra de Santander se hizo fuera de plazo, en la madrugada del 7 de junio de 2017, a las 3:27 horas, como muestran documentos del Banco Central Europeo y del Frob, a través del banco de inversión Jefferies/Arcano, cuando el tope marcado eran las 00:00 horas. Los afectados recuerdan que BBVA, el único rival de Santander en aquel momento de los cinco que había tres días antes (Bankia, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Santander), explicó en una carta que estaba interesado pero que no tenía tiempo para estudiar las condiciones, con lo que el fin del plazo habría impedido que entrara en la puja.
Sin embargo, Santander defiende en su escrito remitido al Tribunal de Luxemburgo la legalidad de la puja y asegura que cualquier banco que hubiera ofrecido más, dos euros, por ejemplo, se habría hecho con Popular.
Por su parte, el Parlamento y el Consejo Europeo defienden que se hizo una aplicación de la normativa adecuada y que no ha sido incompatible con el respeto de derechos fundamentales.
A su vez, el Estado español alega que la resolución fue necesaria para mantener el funcionamiento del sistema financiero español. Además, el Reino de España informa de que entre los cinco candidatos, tres mostraron interés, pero a uno de ellos, a Bankia, el BCE le prohibió entrar en la puja por motivos de prudencia.
Los afectados han presentado observaciones a los escritos del Parlamento y el Consejo Europeo, el Estado y Santander y se espera que la fase oral comience a finales de año o ya en enero.
En lo que respecta al procedimiento penal que se dirime en la Audiencia Nacional contra las excúpulas de Popular, Emilio Saracho inaugurará el 2 y 3 de octubre las declaraciones de los investigados, seguido de su predecesor, Ángel Ron, citado para el 8 y 9 de ese mes. También están emplazados los ex consejeros delegados Francisco Gómez (15 y 16 de octubre) y Roberto Higuera (30 y 31 de octubre).
