Santander defiende la compra de Popular

El proceso judicial contra la resolución de Popular ejecutada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) vive un nuevo capítulo. Entre el centenar largo de recursos planteados por exaccionistas de Popular, algunos solicitaban la suspensión cautelar de la venta del banco a Santander hasta que la Audiencia Nacional decida si anula o no la intervención.

En el procedimiento instado por un familiar del mexicano Antonio del Valle, consejero de Popular antes de la resolución, junto a otros consejeros, Santander se acaba de presentar para impedir que se paralice una operación ya aprobada por la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea y que le daba manos libres para tomar decisiones sobre Popular.

La presentación cuando un procedimiento contencioso contra la Administración ya está iniciado sólo puede realizarse para alinearse con el demandado en este caso el FROB o como parte directamente afectada.

La comparecencia, fechada el pasado 7 de septiembre, le da derecho a presentar un escrito de alegaciones en el que expone los motivos por los que considera que no es oportuna la suspensión. Lo presumible es que alegue que la intervención es ejecutiva desde el mismo momento en que se toma la noche del 6 al 7 de junio y que es imposible devolver las acciones de Popular a sus titulares porque se amortizaron.

Se da la circunstancia de que Popular también se ha personado en esta pieza separada de medidas cautelares.

Fuentes jurídicas indican que se trata de una medida de estrategia procesal para reforzar el posicionamiento de Santander.

La sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, oídas todas las partes, tomará una decisión. Según fuentes judiciales, lo previsible es que sea a finales de septiembre o principios de octubre. El juez debe ponderar cómo puede afectar a terceros y al interés general una paralización de la operación. En medios jurídicos se piensa que tiene muy pocas opciones de salir adelante.

El abogado del Estado, que representa al FROB, presentó sus correspondientes alegaciones en contra en agosto. Según fuentes cercanas al proceso, el escrito incidía en que el organismo, dependiente del Ministerio de Economía, se limitó a ejecutar una orden dictada por la Junta Única de Resolución el 6 de junio tras declararse la insolvencia de Popular por parte del Banco Central Europeo. También argumentaba que el acto es prácticamente irreversible. Los accionistas de Popular sostienen que cuando se elevó el recurso la operación todavía no tenía el visto bueno de Bruselas.