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Siguen las malas prácticas de despachos de cobranza contratados por los bancos
Despachos que contratan los bancos y otros intermediarios financieros para el cobro de carteras, continúan ejerciendo malas prácticas hacia los usuarios, ello, pese a que en años pasados se realizaron reformas para prohibir este tipo de conductas e incluso sancionarlas.
Despachos que contratan los bancos y otros intermediarios financieros para el cobro de carteras, continúan ejerciendo malas prácticas hacia los usuarios, ello, pese a que en años pasados se realizaron reformas para prohibir este tipo de conductas e incluso sancionarlas.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) dio a conocer que entre las principales malas prácticas a las que siguen recurriendo los despachos se encuentran: gestión de cobranza sin ser el usuario, cliente o socio deudor (15.8% del total); y amenazas, ofensas o intimidaciones al deudor, familiares, compañeros de trabajo o cualquier otra personas que no tenga relación (12.3 por ciento).
También, el no dirigirse de manera educada y respetuosa a los usuarios (9.8%); la gestión de cobranza con maltrato y ofensas (9.5%); y realización de gestiones de cobro a terceros, incluidas las referencias personales y beneficiarios (6.1 por cento).
Esta información se dio a conocer por parte de la Condusef en la conferencia de prensa del sábado en Palacio Nacional, en la que se informa sobre el avance en los créditos a la palabra para reactivar la economía.
Baja el número de reclamaciones
Ahí se detalló que entre enero y agosto del 2020 se presentaron, ante el Registro de Despachos de Cobranza (Redeco) 18,033 reclamaciones por gestiones de este tipo, lo que representó una baja de 17% respecto al mismo periodo del año pasado. Esta disminución, sin embargo, obedecería a los efectos del programa de diferimiento de pagos de los créditos bancarios, como medida de apoyo ante la crisis derivada por el Covid-19.
De ese total, 11,743 fueron dirigidas a los bancos, una reducción en su comparación anual de 27.4%; 5,365 contra despachos de cobranza de sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes), un incremento de 12.7% en el periodo; y 925 contra entidades de ahorro y crédito popular, que representaron 20% más.
De acuerdo con la información de la Condusef, los bancos tenían contratados a 475 despachos de cobranza; la banca de desarrollo 15; las sofomes no reguladas 1,185; las sofomes reguladas 228; mientras que la sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (Socaps) 385; las financieras populares (Sofipos) 326; y las uniones de crédito 39. En total, hay 2,653 despachos de cobranza registrados.
Entre los bancos, Azteca es el que más despachos tiene contratados con 317; después están Banorte con 25; Citibanamex 15; ABC Capital 13; Banco Inbursa y CIBanco con 11 cada uno; Afirme 10; Santander, BBVA y Volkswagen Bank con nueve cada uno; y Banco del Bajío y Scotiabank ocho.
A estos les siguieron Banregio con cinco; Compartamos Forjadores e Invex con cuatro cada uno; American Express, BanCoppel y HSBC con tres; y Autofin, Monex, Multiva y Consubanco uno cada uno.
La información de la Condusef precisa que los despachos registrados con mayor número de quejas entre enero y agosto de este año son: Consorcio Jurídico de Cobranza Especializada con 1,157 reclamos y una participación del 6.4% en total; seguido de Muñoz C. y Asociados con 560 (3.1%) y Cajiga & Asociados Abogados con 370 (2.1%), por mencionar sólo a algunos.
Óscar Rosado, presidente de la Condusef comentó que cuando los despachos de cobranza siguen recurriendo a malas prácticas, las instituciones financieras pueden ser las sancionadas, por lo que éstas generalmente hablan con sus despachos para que respeten las reglas.
Lo que no deben hacer los despachos de cobranza:
• Utilizar nombres o denominaciones que se asemejen a los de instituciones públicas.
• Utilizar números de teléfono que aparezcan en el identificador como confidencial, oculto o privado.
• Amenazar, ofender o intimidar al deudor, sus familiares, compañeros de trabajo o cualquier otra personas que no tenga relación con la deuda.
• Enviar documentos que aparenten ser escritos judiciales u ostentarse como representantes de algún órgano jurisdiccional o autoridad.
Fuente: Condusef.
