Stablecoins deben brindar certeza legal: G7

El Grupo de los 7 (G7) ha dado su postura sobre los activos virtuales que respaldan su valor a una moneda fiduciaria o un bien material, denominados stablecoins, y concluyó que ningún activo con estas características debe de comenzar a operar sin que aborde desafíos y riesgos legales, regulatorios y de supervisión identificados por esta alianza.

Recientemente, el G7 publicó el informe Investigando el Impacto de las Stablecoins Globales, en el cual explica los principales desafíos y riesgos legales de este tipo de activos, por ejemplo: que brinden una certeza legal, que tengan un buen gobierno, que implementen mecanismos de prevención de blanqueo de capitales y que ofrezcan seguridad, eficiencia e integridad de los sistemas de pagos, entre otros.

“El G7 cree que ningún proyecto global de stablecoin debería comenzar a funcionar hasta que los desafíos y riesgos legales, regulatorios y de supervisión descritos se aborden adecuadamente, a través de diseños apropiados y adhiriéndose a una regulación que sea clara y proporcional a los riesgos”, detalla el informe.

El documento detalla que las monedas estables que pretendan alcanzar una escala global tienen desafíos y riesgos para la política monetaria mundial, la estabilidad financiera, el sistema monetario y la justa competencia.

“Se espera que las entidades del sector privado que diseñan proyectos de stablecoins aborden una amplia gama de desafíos y riesgos legales, regulatorios y de supervisión. En particular, dichos proyectos deberán cumplir con los estándares y requisitos necesarios y cumplir con las leyes y regulaciones relevantes de las diversas jurisdicciones en las que operarán”, se explica en el documento creado por un grupo de trabajo dentro del G7 liderado por Benoît Cœuré.

“También deberán incorporar una buena gobernanza y prácticas apropiadas de gestión integral de riesgos para abordar los riesgos antes de que se materialicen”, se puede leer en el estudio.

El documento indica que las stablecoins que pretenden masificar su alcance mediante una base de clientes ya existente y tener un impacto de naturaleza global, como lo pretende Libra, se clasifican como monedas estables globales (GSC, por su sigla en inglés), mismas que podrían tener riesgos aún mayores.

“Las GSC podrían tener efectos adversos significativos, tanto a nivel nacional como internacional, sobre la transmisión de la política monetaria, así como estabilidad financiera, además de los esfuerzos entre jurisdicciones para combatir lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”, se explica en el informe.

El documento añade que las GSC también podrían tener implicaciones para el sistema monetario internacional, incluida la sustitución de divisas, por lo que también habría desafíos sobre la soberanía monetaria.

“Los beneficios y riesgos de los GSC puede afectar a algunos países más significativamente que a otros, dependiendo sobre el estado de desarrollo de sus sistemas financieros y de pago existentes, la estabilidad de sus monedas y su nivel de inclusión financiera, entre otros factores”, señala.

Stablecoins deben sujetarse a ley

Representan riesgos de lavado de dinero: GAFI

Durante la última reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en París, Francia, se determinó que los activos virtuales que respaldan su valor en una moneda fiduciaria o un bien material tangible, denominados stablecoins, sí representan riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, especialmente para la detección de estos ilícitos.

En este contexto, el organismo indicó que todos los proyectos de stablecoins, así como los proveedores de estos servicios, deben de estar sujetos a los estándares de GAFI para activos virtuales, mismos que se actualizaron en junio pasado y que obligan, por ejemplo, a los intermediarios a identificar a un cliente que realiza una operación con este tipo de activos.

“Los activos emergentes, como las llamadas stablecoins, y sus redes y plataformas globales propuestas podrían causar un cambio en el ecosistema de activos virtuales y tener implicaciones para el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”, explicó el GAFI después de finalizar su reunión en París.

El organismo, bajo la presidencia de China, encabezada por Xiangmin Liu, indicó que este tipo de activos virtuales nunca deberían de estar fuera del alcance de sus medidas emitidas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, pues hay riesgos detectados por el GAFI que inquietan a los reguladores mundiales.

“Hay dos preocupaciones: la adopción en el mercado masivo de activos virtuales y las transferencias de persona a persona, sin la necesidad de un intermediario regulado. Juntos, estos cambios podrían tener serias consecuencias para nuestra capacidad de detectar y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”, detalló el GAFI, que es el organismo que emite los lineamientos internacionales combate al blanqueo de capitales.

El organismo concluyó que las autoridades nacionales son responsables de implementar las reglas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, por lo que el GAFI se enfocará en promover la implementación de los estándares que aplican a los activos virtuales.

Seguimiento

En junio pasado, el GAFI actualizó los lineamientos internacionales en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en instrumentos que conlleven operaciones con activos virtuales.

Los gobiernos deberán obligar a los proveedores de servicios de activos virtuales a identificar nombre del originador de una operación, su dirección física, fecha y lugar de nacimiento, nombre del beneficiario de la transacción.

El GAFI informó que se acordó evaluar la implementación de estos nuevos requisitos. “Dada la naturaleza global de los activos virtuales, es esencial que los países implementen estos requisitos rápidamente, en particular entendiendo los riesgos y asegurando la supervisión efectiva del sector”.

De acuerdo con el GAFI, sus nuevas evaluaciones respecto a activos virtuales estarán integradas en los análisis que se hacen a sus países miembros y aquellos que ya fueron evaluados, como México, deberán informar sobre el seguimiento de estas acciones respecto a este tema.