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TFJA resuelve sancionar a dos exfuncionarios de la CNBV por desvío de recursos
Estaban adscritos a la Dirección General de Informática de la CNBV. Gestionaron el pago a un proveedor de software sin tener la suficiente documentación.
Foto EE: Archivo
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió sancionar a dos ex servidores públicos pertenecientes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por desvío de recursos.
A través de un comunicado difundido por la Secretaría de la Función Pública (SFP), se informó que las sanciones derivan de la comprobación de desvío de recursos públicos por parte de los exfuncionarios.
“(Las sanciones) Consisten en la inhabilitación por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, y multas de 5 millones 919,007 pesos a cada persona ex servidora pública, por concepto de indemnización, equivalente al daño patrimonial ocasionado”, indicó la dependencia a cargo de Roberto Salcedo Aquino.
De acuerdo con la investigación realizada por Función Pública, después de recibir denuncias en el 2019, se logró resolver que dos personas que estaban adscritas a la Dirección General de Informática de la CNBV gestionaron el pago a un proveedor sin tener la suficiente documentación comprobatoria que acreditara la prestación del servicio del contrato CNBV/004/2019 para dar soporte y mantenimiento de software.
Esta conducta representa una falta administrativa grave, según lo establece el artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y en relación con el artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, señaló la SFP.
Complicidad
La Secretaria de la Función Pública también determinó imponerles a una tercera y cuarta personas –que también estaban adscritas al área de informática de la Comisión Nacional– inhabilitaciones de 10.6 años y 10 años, respectivamente.
En este caso, la Función Pública detalló que la sanción fue consecuencia de que los ex servidores públicos no se abstuvieron de intervenir en la tramitación de contratos, a pesar de tener un interés personal por haber laborado en la empresa que proveía el servicio y que se benefició por dichos contratos, por una cantidad total de 39 millones 569,426 pesos.
“Cabe señalar que una de las referidas personas también tenía un interés familiar, al ser pariente del administrador único de la empresa proveedora”, agregó la Función Pública.
No obstante, la dependencia señaló que los presuntos responsables aún pueden interponer los recursos de impugnación que conforme a derecho procedan.
