Uno de cada cinco pesos del gasto programable del gobierno se va a pensiones contributivas

El gobierno mexicano destina uno de cada cinco pesos del gasto programable a pagar pensiones de los trabajadores jubilados, lo que refleja que el gasto público en nuestro país no es equitativo. 

En enero-septiembre de 2024, el gasto en pensiones y jubilaciones ascendió a un billón 42,133 millones de pesos, un crecimiento de 5.1% en términos reales respecto al mismo periodo de 2023, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Dicha cifra representa 22% de los 4 billones 834,380 millones de pesos de gasto programable que ejerció el gobierno durante los primeros nueves meses del año. Además, equivale a 15% del gasto neto presupuestario del gobierno en enero-septiembre.

El gasto programable es aquel que destina el gobierno para proveer bienes y servicios a la población y que puede modificar a discreción. Rubros como educación, salud o los programas sociales entran dentro de este rubro.

Por el contrario, el gasto no programable es aquel que el gobierno destina para cumplir con sus obligaciones y que no puede manipular a discreción, como lo son la deuda, las participaciones a los estados y municipios o los adeudos de ejercicios fiscales anteriores.

Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), dijo que el gasto que se hace en pensiones (en donde los principales beneficiarios son adultos mayores) no se compara con lo que destina el gobierno a otros sectores de la población como las primeras infancias.

“En este momento estamos gastando un cuarto de nuestro presupuesto, tal vez un poquito menos pero yo creo que para el 2025 ya vamos a llegar al cuarto, en pensiones, en personas adultas mayores la mayoría. ¿Cuánto estamos gastando en primera infancia?, cuando sabemos que ahí tiene los mayores rendimientos para generar igualdad de oportunidades entre la población”, declaró.

Dijo que esa situación refleja que en México la política del gasto público no es redistributiva, no es inclusiva ni tampoco persigue el objetivo de equidad que deberían perseguir los tres rubros del sistema fiscal: los ingresos, el gasto y la deuda.

Dos esquemas pensionarios

Actualmente, en México hay vigentes dos esquemas de pensiones bajo los cuales se pueden jubilar la mayoría de los trabajadores formales:

1) El de la Ley del 73, que es un esquema en el que el gobierno otorga pensiones vitalicias con base en el salario promedio que recibió el trabajador en sus últimos cinco años de vida laboral.

2) El de la Ley del 97 en el que cada trabajador tiene una cuenta individual en una Administradora de Fondo para el Retiro (Afore) en la que va ahorrando a lo largo de su vida laboral con aportaciones propias, del patrón y del gobierno y, una vez que llega a la edad de 65 años, se le entrega una pensión a partir de los recursos que haya acumulado.

Sólo los trabajadores que empezaron a cotizar en el Seguro Social antes del 1 de julio de 1997 tienen derecho a jubilarse bajo la ley del 73; quienes empezaron a laborar posterior a esa fecha, pertenecen al esquema de la Ley del 97, es decir, son los de la generación Afore.

Además de estos dos sistemas pensionarios, que son los disponibles para la mayoría de los trabajadores formales, existen sistemas de pensiones al interior del gobierno con condiciones diferentes, como los de Petróleos Mexicanos (Pemex) o la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La cifra del gasto en pensiones y jubilaciones incluye lo que se destina por estos sistemas pensionarios.