TPP y leyes de propiedad intelectual preocupan a industria de Internet

La Asociación Mexicana de Internet (Amipci) planea entregar este miércoles a la Cámara de Diputados un documento donde emitirá la postura de la industria digital en México en torno a las legislaciones de propiedad intelectual en ambientes digitales, incluyendo la negociación del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por su sigla en inglés).

La posición de la Amipci es que en ambientes digitales exista el respeto a los derechos de autor y propiedad intelectual sin menoscabar los derechos ni libertades de los ciudadanos dentro de Internet.

"En las negociaciones del TPP hemos sido convocados por la Secretaría de Economía y hemos fijado postura cargas a ISP (proveedores de servicios de Internet), y en la propiedad intelectual también hemos fijado una postura al respecto", adelantó Julio César Vega, director general de la Amipci.

El directivo no detalló el pronunciamiento que realizarán ante los Legisladores, pero aseguró que las preocupaciones de la industria es que las legislaciones protejan también posibles abusos que puedan surgir bajo el argumento de la protección a derechos de autor y propiedad intelectual, y que las nuevas legislaciones impliquen cargas económicas adicionales a los proveedores de Internet.

"Es un poco en la línea lo que habíamos expresado del texto del TPP en el que se promueve un esquema de 'notice and take down' (que obliga a los hosts de Internet a retirar contenido presuntamente ilegal), donde no medie autoridad alguna para la bajada de contenidos que sean subidos por los usuarios. Seguimos considerado que debe existir una autoridad intermedia, un mandato legal a través del cual se notifique y se lleve un proceso legal para bajar los contenidos", explicó Julio César Vega.

Para la Asociación, este es uno de los aspectos más preocupantes del TPP en el que México forma parte de las negociaciones.

El organismo que representa a la industria digital en el país también hará patente su postura respecto a la iniciativa para reformar las Leyes de la Propiedad Industrial y Federal del Derecho de Autor propuesta por legisladores del PRI en la Cámara de Diputados.

Como reportó El Economista en febrero, esta iniciativa busca implementar "medidas preventivas y definitivas que permitan detener o impedir, en el entorno digital, la comisión de infracciones a los derechos de propiedad intelectual"; pero defensores de los derechos digitales alertan que esta iniciativa abre la puerta a la censura en Internet y bloqueo de derechos de acceso a la información y cultura.

Esta propuesta dota al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) de las facultades para realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial o derechos patrimoniales de autor o derechos conexos por medio de Internet.

"Lo que estamos considerando es que deberá existir una autoridad que debe emitir una opinión si se baja un contenido y por supuesto existir consecuencias jurídicas tanto para los que infrinjan la ley como para los que soliciten retiro de contenidos aun cuando se demuestre que fueron subidos de manera legal", explicó.

En una entrevista previa, Antonio Martínez Velázquez, defensor de los derechos digitales y fundador de la revista Horizontal, consideró que este tipo de iniciativas como la propuesta por el PRI pavimentaban el camino para ajustar las legislaciones mexicanas al TPP.

Asociaciones como Artículo 19, Public Knowledge y la Electronic Frontier Foundation han manifestado que la firma del TPP representará riesgos para las libertades digitales por su intención de regular la esfera digital bajo el argumento de la protección a la propiedad industrial.

"Hay iniciativas que de alguna manera buscan criminalizar a los usuarios y podría satanizar el uso de internet para hacer actividades en línea, con las que estamos en contra y hemos aportado nuestra retroalimentación a los que han promovido a los leyes al respecto", dijo Julio César Vega, de la Amipci.

julio.sanchez@eleconomista.mx

mfh