La subasta 5G de México se hará con dinero del fideicomiso del IFT; costaría 18 millones de pesos

ACTUALIZACIÓN 27/12/2024, 15:51 HORAS: Esta entrevista con Alejandro Navarrete Torres, director de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT, se realizó el viernes 20 de diciembre, previo al anuncio del gobierno federal de su intención de cancelar la Licitación IFT-12 de espectro radioeléctrico.

La primera subasta de espectro radioeléctrico para servicios de quinta generación (5G) en México está asegurada en cuanto disponibilidad de recursos para su realización. El costo de esta subasta que podría dejarle decenas de millones de dólares al Estado mexicano sólo por el rubro de contraprestaciones es de 18.1 millones de pesos, menos de un millón de dólares.

A modo de ejemplo, sólo en el último trimestre de 2024, Telcel y AT&T pagaron más de 60 millones de dólares al Estado por retener frecuencias de alcance regional y poco ancho de banda, de ahí el potencial valor que representa la venidera subasta nacional de 5G de México, que en costo de realización será casi nada para las arcas públicas.

El proceso entero de la subasta iría de enero a noviembre de 2025, y el dinero para la cristalización de este concurso ya bautizado como la Licitación IFT-12 saldrá de un fideicomiso creado años atrás por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para el desarrollo de proyectos de conectividad, pero que también está en riesgo de extinción y de reasignación de sus recursos para otros proyectos del gobierno federal, esto en el contexto de la desaparición de los órganos autónomos.

El fideicomiso fue creado por el IFT años atrás, cuenta con una bolsa de 1,500 millones de pesos y se transparenta trimestre a trimestre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), aunque en el gobierno federal han calificado a ese fideicomiso como un “guardadito” del IFT.

En el Instituto Federal de Telecomunicaciones estiman que la IFT-12 contará con el tiempo y recursos suficientes para una consumación, esto por todo el tiempo que pueda llevarse todavía la discusión de las leyes secundarias de la reforma constitucional que puso fin al IFT. Y si fuera el caso, la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT cree que habrá posibilidad de ajustar los tiempos y entregar los títulos de concesión de bandas a los postores ganadores desde agosto o septiembre próximos. En el más complicado de los escenarios, habrá coordinación del IFT con la autoridad sucesora para que ésta termine el trabajo.

La Licitación IFT-12 es la subasta de espectro más relevante en la historia de las telecomunicaciones mexicanas por distintos motivos: Es histórica, porque nunca antes un ente regulador dispuso de 2,223 lotes de frecuencias radioeléctricas con demasiado poder de alcance y capacidad para reforzar coberturas 4G y para construir otras de 5G; y también importa porque por primera vez los operadores regionales y locales podrán comprar bandas que den inicio a nuevas redes celulares en poblaciones de menor escala económica.

La IFT-12 también es trascendente, porque irá al mercado con espectro óptimo para procesos productivos que potenciarán a México en el nearshoring, y para atender los nuevos hábitos de consumo de los más de 135 millones de personas que en México usan internet móvil.

Las empresas contarán ahora con espectro con poder para ampliar coberturas en zonas rurales y para robustecer sus capacidades en zonas urbanas desde tecnología 5G, que a su vez permitirá el desarrollo de nuevos aplicativos productivos y de beneficio social, porque hasta ahora las empresas AT&T, Movistar y Telcel han ido solas en la creación de redes de 5G en México desde espectro que ya poseían, sin casi ninguna ayuda del gobierno federal, quien por el contrario se rehúsa a revisar los altos precios que cobra por concesionar espectro y que tampoco ha podido hacer de Altán una empresa con red 5G, siendo el gobierno el accionista mayoritario allí.

“Los recursos para la IFT-12 ya están considerados. Esos contratos ya se firmaron desde hace muchos meses atrás. Son recursos que vienen del fideicomiso del IFT”, responde Alejandro Navarrete, director de la Unidad de Espectro Radioeléctrico sobre la viabilidad de la primera subasta 5G de México, en un contexto en que la Cámara de Diputados recortó 1,180 millones de pesos al IFT, el 70% del presupuesto anual de este regulador.

—Altán pensaba hacerse con espectro de 2.5 GHz mediante un mecanismo distinto a una licitación y llegó a anunciar que ya estaba en pláticas para hacerse con una porción o todo ese espectro disponible. ¿Por qué IFT lo lleva a concurso?

—La Licitación IFT-12 no es una ocurrencia del IFT, pues forma parte de todo un programa de trabajo que está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Tenemos un mandato constitucional que cumplir y esto tiene que ver con buscar la eficiencia de los sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión, y la banda de 2.5 GHz forma parte de un programa anual de bandas ya establecido anteriormente. Por tanto, esto no es una cuestión de capricho del instituto, sino que es algo que ya está anunciado en un programa anual de bandas de frecuencia desde tiempo atrás.

Una de las cuestiones que todo regulador tiene que tener es darle previsibilidad a la industria, al mercado y al sector en general y entonces, el programa anual de bandas parte de los objetivos de ese programa que es dar esa predictibilidad, que es lo que el instituto, y así lo dice la ley, va a someter a la licitación pública en este caso.

Si una empresa, nueva o establecida, quiere el espectro de la banda de 2.5 GHz, podrá participar en la licitación. El problema no es la licitación, el problema tampoco es la contraprestación por la licitación. El problema sigue siendo el elevadísimo pago de derechos que se tiene que hacer por el uso de un bien de dominio público.

Si uno ve las proporciones del valor mínimo de referencia de la banda 2.5 GHz. O sea, lo que tendría que pagarse y si esto se compara con el monto de los derechos anuales, estamos hablando entonces de menos del 10%, de lo que será el pago de la contraprestación y la licitación a lo largo del tiempo.

—Si algún postor gana un trozo o toda la banda de 2.5 GHz que queda, complicando así los planes de Altán y del gobierno, y si nadie quiere espectro de capacidad en los 1.7/2.1 GHz, ¿se le podría asignar ese espectro de otra manera a Altán para su red 5G?

—Estamos poniendo este espectro para uso comercial, independientemente de cuál sea, digamos la propiedad de Altán. Hay que recordar que hay una cuestión también de neutralidad, que hay que cuidar.

Nosotros nos estamos adecuando y esta licitación está en términos del marco regulatorio vigente. Si terminara esta licitación y en unos meses cambia el marco regulatorio, bueno, pues entonces las licitaciones o las asignaciones que en su caso se hicieran, tendrán que regirse en función del nuevo marco regulatorio que nadie conoce.

Entonces, creo que el problema sería, uno, ver qué se debe hacer en esta situación. Dos, pues esperar un nuevo marco regulatorio para ver qué es lo que se puede o no se puede asignar a las diferentes empresas, en función de ese marco regulatorio.

—La Banda L, de los 1.5 GHz, ¿podría funcionar para Altán, en su necesidad de espectro de capacidad, o sólo está dedicada para las empresas de servicios satelitales quienes parecerían las naturalmente interesadas?

Estas son bandas también identificadas como espectro para telecomunicaciones móviles internacionales. Por eso estamos sacando seis bloques a nivel nacional y bajo un esquema de sistema complementario de bajada. Esto significa que solamente es en una sola dirección la señal desde la celda celular, hacia los teléfonos celulares para complementar la capacidad de las redes.

Si algún operador, por ejemplo, que tuviera espectro en la banda de 2.5 GHz, quisiera tener mayor capacidad de bajada, podría complementar sus servicios con este espectro de la Banda L. Entonces todos pueden participar, si fuera el interés de ellos y mientras no se rebasen los límites de acumulación del espectro.

—¿Restará atractivo a la IFT-12 no haber incluido a la banda de 3.5 GHz en el proceso, cuando es un espectro muy idóneo para 5G?

—¿Sí está concurso o no está concurso? No, no está concurso. Esta banda de 3.5 GHz se podría dividir en dos partes. Esta primera parte, que es de 3.3 a 3.35 GHz, son 50 MHz de ancho de banda, pero todavía los tiene asignados la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y no los ha devuelto.

Ese proceso de devolución lleva varios años; casi cinco o seis años desde que empezó el proceso de devolución. Ya estaba todo listo para eso, pero pues a la fecha no lo dejó, y es que no podemos poner en situación de licitación a una banda de espectro que todavía está asignada a un tercero. Esa es una razón por la cual ese segmento específico de 3.3 a 3.35 no se incluyó. Hay en total 300 Megahertz que en algún momento son susceptibles de usar en esa banda.

—¿Haría sentido para AT&T y Telcel comprar bloques nacionales de los 600 MHz para configurar nuevas aplicaciones por el poder de cobertura de esta banda y cuando por años han querido tener el espectro de los 700 MHz de Altán?

—Esta banda ya fue licitada en Estados Unidos y en Canadá y los teléfonos celulares ya la traen integrada desde hace unos cinco años a la fecha.

Los proveedores ya establecidos o incluso uno nuevo podría y quisiera entrar, pues es una banda atractiva por su poder de cobertura. Eso quiere decir que se pueden cubrir grandes zonas geográficas con un número menor de radiobases.

¿Si podría servir para Internet de las cosas? Por ejemplo, para aplicaciones agrícolas. Allí pudiera tener sentido, porque el Internet de las cosas va a requerir de tasas relativamente bajas de transición y no va a requerir latencias tampoco muy bajas y eso pudiera servir para estos efectos.

Pero también pudiera servir para acceso inalámbrico de poblaciones especialmente en las zonas rurales y semi-rurales. Entonces, para aplicaciones industriales que requieran altas tasas o tasas medias altas de inversión y latencias bajas, pues no, la de 600 MHz no sería la solución, pero sí para soluciones agrícolas o Internet inalámbrico.

—Alejandro, ¿hay dinero suficiente para llevar a buen término la IFT-12, en un contexto de reducción presupuestaría del IFT?

Los costos están previstos; son dos, básicamente. Uno, se contrata a una empresa que tiene que gestionar el registro electrónico de la documentación del registro de interesados. Hay una empresa que hace eso. Hay otra empresa que se encarga del procedimiento de presentación de ofertas que también son electrónicos, son dos empresas diferentes.

El tema es que esos contratos ya se firmaron desde hace muchos meses atrás y ya están apartados del fideicomiso del IFT. El costo sería de alrededor de 18.1 millones de pesos.

Esto quiere decir que no se requieren para esta licitación unos recursos pre-presentantes, porque están ya comprometidos recursos del propio fideicomiso que está claro. También se tienen que erogar otros gastos, pero estos son mucho menores en comparación a los contratos para el registro para el registro de información y para el procedimiento de participación de ofertas, pero eso estos recursos ya están apartados.

rrg