A revisión, figuras de la reforma penal

La liberación de 12 exfuncionarios de Michoacán por parte de la PGR fue determinante para que el Senado de la República acordara ayer por unanimidad someter a revisión las figuras de arraigo y testigo protegido que aprobó el Congreso en el 2008, dentro de la reforma de justicia penal.

En conferencia de prensa, los senadores Carlos Sotelo y Silvano Aureoles (PRD), Luis Alberto Coppopla Joffroy (PAN) y Ramiro Hernández (PRI), quienes integraron un grupo especial que dio seguimiento a la detención por parte de la PGR de funcionarios y presidentes municipales de Michoacán en junio del 2009, acusados de proteger al Cártel de La Familia, demandaron al gobierno federal ofrecer una disculpa pública a los 12 funcionarios liberados el pasado fin de semana por no encontrárseles culpabilidad de vínculos con la delincuencia organizada.

Los senadores, además, demandaron al gobierno federal liberar a otros 20 funcionarios que aún siguen detenidos.

Asimismo, demandaron al gobierno limpiar la imagen de los exfuncionarios que ya fueron liberados.

Reabrir el debate

En ese marco, informaron que ese grupo determinó que es necesario que el Congreso de la Unión reabra el debate respecto de la reforma judicial, específicamente sobre las figuras de arraigo y testigo protegido, para determinar con precisión sus alcances y su validez procesal, a efecto de que no violenten las garantías individuales fundamentales y los derechos humanos, como ha sucedido en este caso , del llamado michoacanazo de junio pasado.

Y es que los legisladores consideran que estas dos figuras jurídicas podrían haber sido utilizadas por el gobierno con fines políticos.

jmonroy@eleconomista.com.mx