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Aprueban reformas a la ley de seguridad
En comisiones, senadores determinaron que serán los gobernadores o los congresos estatales los que podrán solicitar al Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) declarar a entidades o ayuntamientos con una afectación a la seguridad.
Con un llamado del presidente Felipe Calderón al Congreso para acelerar las reformas, senadores aprobaron anoche las reformas a la ley de seguridad nacional para que los soldados del Ejército, marinos y la Fuerza Aérea actúen en casos de peligro a la seguridad u orden público en estados y municipios bajo un plazo específico y en coordinación con las policías.
En comisiones, senadores determinaron que serán los gobernadores o los congresos estatales los que podrán solicitar al Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) declarar a entidades o ayuntamientos con una afectación a la seguridad.
El CNSP remitirá al Senado la solicitud para que éste revise si cumple con los requisitos, y será el Presidente de la República el que emita la orden para la salida del Ejército de los cuarteles para coadyuvar con las policías a combatir el crimen organizado y el narcotráfico. De proceder la afectación, en ningún caso se suspenderán los derechos humanos.
Las reformas precisan que la solicitud de declaratoria deberá contener las directrices de la operación, las instancias que colaborarán y el responsable de la coordinación con las policías, así como la temporalidad para que soldados, marinos y la Fuerza Aérea participen en tareas de seguridad.
Los senadores reservaron un artículo que plantea que una vez que se aprueben las reformas, tanto por senadores y diputados, los gobernadores y congresos contarán con un plazo de 90 días para enviar la solicitud de afectación y así puedan continuar los operativos que actualmente realiza el Ejército en los operativos de combate al crimen organizado. En caso contrario, las operaciones deberán cesar de inmediato .
De esta reforma se excluyó un cambio al fuero militar para que los elementos castrenses puedan ser juzgados por tribunales civiles. Sin embargo, fijaron un corchete para remitir en la materia a los Artículos 13 y 133 de la Constitución, hasta que se regule mediante la iniciativa anunciada por el presidente Felipe Calderón.
jmonroy@eleconomista.com.mx
