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EU sanciona a abogados ligados a narcos mexicanos
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves sanciones económicas contra tres abogados y la compañía de bienes raíces Bona-Habitat en Guadalajara.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves sanciones económicas contra tres abogados y una compañía presuntamente vinculados a narcotraficantes mexicanos.
Según el Tesoro, los abogados José Avina Bribiesca, Ignacio González Hernández y Janette Iliana González son representantes de Juvencio González Parada, un asesor de los capos Rafael Caro Quintero y Juan José Esparragoza Moreno.
La compañía de bienes raíces Bona-Habitat en Guadalajara, integrada por los tres abogados y controlada por González Parada, también fue incluida en las sanciones.
"Los narcotraficantes frecuentemente emplean abogados corruptos para disfrazar y continuar sus actividades ilícitas", dijo Adam Szubin, director de la oficina de control de bienes extranjeros del Tesoro (OFAC, en inglés), citado en un comunicado.
Las autoridades estadounidenses "seguirán cortando el financiamiento de cualquier agente" de las organizaciones narcotraficantes, agregó.
Los abogados han sido acusados de realizar varias actividades, incluyendo la administración de inmuebles, en representación de las redes familiares de Caro Quintero y Esparragoza, ambos buscados por la justicia.
Esparragoza, alias "El azul", y Caro Quintero son viejos socios y forman parte de la primera generación de grandes narcotraficantes transnacionales mexicanos.
Según las autoridades mexicanas, Esparragoza -activo en el narcotráfico desde la década de 1970- es uno de los fundadores del cartel de Sinaloa.
Caro Quintero fue liberado el año pasado en México y desde entonces se le perdió la pista. Washington ofreció una millonaria recompensa por cualquier información que lleve a su captura y posterior juicio ante una corte de California (oeste).
Bajo las sanciones, contempladas en la ley contra narcotraficantes internacionales (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act), el Tesoro puede incautar cualquiera de sus bienes o negocios en Estados Unidos y puede perseguir judicialmente a cualquier ciudadano o empresa que mantenga relaciones comerciales con él.
Quienes las violen se enfrentan multas millonarias y penas de hasta 30 años de cárcel.
Desde 2000, el Departamento del Tesoro estadounidense ha identificado 1,600 empresas e individuos vinculados con el narcotráfico.
mrc