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Liberan a 12 alcaldes por michoacanazo
También se espera que en el fin de semana se libere a otros 19 detenidos, entre ellos, el ex procurador y el ex director de Seguridad Publica del estado.
Durante las próximas horas quedarán en libertad 12 de los 31 ex alcaldes y ex funcionarios detenidos en mayo pasado por sus presuntos nexos con el crimen organizado, luego de que un magistrado resolvió un recurso de apelación a favor de los ex servidores públicos.
Familiares de los ex servidores públicos ya aguardan fuera del Centro de Readaptación Social, 'David Franco Rodríguez' de Morelia, en espera de que queden en libertad.
La lista de ex alcaldes y ex funcionarios la integran: Ignacio Mendoza, ex subprocurador de Justicia de Morelia; Citlalli González, ex secretaria de Seguridad Pública y ex asesora del gobernador, Leonel Godoy.
Asimismo, Gabriela Mata, ex jefa de grupo de la Policía Ministerial; Uriel Farías, ex presidente municipal de Tepalcatepec; Jaime Liera, ex juez de La Piedad y Antonio González, ex edil de Uruapan.
También Luis Avila, ex alcalde de Ciudad Hidalgo; Adán Tafolla, ex presidente de Tumbiscatío; Roberto Rubio, ex director de Seguridad Pública Municipal de Tumbiscatío; Baldomero Morales, ex policía municipal de Lázaro Cárdenas; Salvador Dionisio Valencia, ex director de Obras de Arteaga y Abel Salazar, ex síndico de Lázaro Cárdenas.
Además se espera que en el transcurso del fin de semana puedan quedar también en libertad los restantes 19 detenidos, entre los que se encuentran el ex procurador general de Justicia del estado, Miguel García, y el ex director de Seguridad Publica, Mario Bautista.
PRD quiere disculpa pública
Luego de que se anunció que funcionarios detenidos en Michoacán serían puestos en libertad, el PRD pidió una disculpa pública, asimismo hizo votos para que esa disculpa llegue a ser "con el mismo despliegue mediático con el que (se) promocionó las detenciones".
De acuerdo con el presidente nacional del PRD, Jesús Ortega, esto evidencia que "las acusaciones de la PGR contra funcionarios perredistas carecían de sustento legal y se evidenció el carácter político de las detenciones".
El Comité Ejecutivo Nacional del PRD expuso que el trabajo del juez de la causa "no se sujetó a consignas políticas', y señaló el esfuerzo del senador perredista Carlos Sotelo quien estuvo pendiente en todo momento de la detención irregular.
En la acusación de la PGR, destacó el instituto político, "se dañó el prestigio de los compañeros, se pretendió lesionar la autoridad del gobierno del estado de Michoacán y se afectó la imagen del PRD".
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