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Más de 1500 homicidios, sin pruebas suficientes para procesar
La presión sobre estos casos es por el nuevo modelo de justicia penal que prohibe dictar sentencia después de un año.
No hay riesgo de que 260 detenidos, vinculados al delito de homicidio durante la Operación Conjunto Chihuahua queden impunes o libres, se están revisando caso por caso las carpetas de investigación, pero también tienen garantías que aplican con el nuevo modelo de justicia penal de la entidad , aseguró Carlos González Estrada, vocero de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE).
El vocero de la FGE informó ayer por la mañana que este órgano no tiene elementos de prueba suficientes para procesar ante un juez a unos mil 500 homicidios que son atribuidos a 260 presuntos sicarios que ya están detenidos; éstos serían juzgados por uno o dos homicidios y no por los que se le imputaron al momento de ser detenidos.
Cuando asumió el cargo como titular de la Fiscalía, Carlos Manuel Salas ordenó la revisión de esos expedientes para conocer su situación, expuso el vocero.
Ayer por la tarde, González Estrada comentó a El Economista que ese número de personas vinculadas a delitos de homicidio también están relacionadas a otros ilícitos como delincuencia organizada por tanto, no quedarán libres .
El vocero de la Fiscalía admitió que, en caso de que no se logre probar delito alguno en contra de algunos de ellos, entonces se les dejará en libertad porque el nuevo sistema de justicia penal que aplica en Chihuahua desde la pasada administración de José Reyes Baeza, también ofrece garantías para los vinculados a un proceso.
La presión sobre estos casos se debe al nuevo modelo de justicia penal de Chihuahua que incluyó, entre otros cambios, la aplicación de juicios orales y la prohibición de que un proceso lleve más de un año sin dictar sentencia.
En ese sentido, González Estrada explicó que esto no debe alarmar porque la nueva justicia establece que, en caso de delitos graves como son delincuencia organizada y crimen organizado, el involucrado quedará sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva.
Hasta el momento, la Fiscalía General lo único que ha hecho público es una radiografía de cómo se encuentra la situación de los trabajos iniciados en octubre del 2010, cuando fue nombrado Salas por la administración del nuevo gobernador César Duarte Jáquez.
Esta revisión concluirá la próxima semana cuando el Fiscal General será quien ofrezca los resultados ante los medios de comunicación, por lo que respecta a su labor que es totalmente independiente y ajena a la que realice el Ministerio Público del fuero común o la Procuraduría General de la República, ocupándose ambas instituciones de los delitos que poseen carácter federal.
rtorres@eleconomista.com.mx
