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Tras extinción, SFP pide cuentas
Función Pública ha aplicado más de 5,000 sanciones a servidores públicos, entre ellas 1,500 inhabilitaciones y casi 1,000 suspensiones, detalló la secretaria Irma Eréndira Sandoval.
La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, aseguró que a la dependencia federal “no le tiembla la mano” para realizar denuncias penales por enriquecimiento ilícito y dijo que este gobierno será recordado por moralizar la política y sancionar altos funcionarios de administraciones pasadas.
Durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados para el análisis del II Informe de Gobierno, Sandoval Ballesteros informó que se han aplicado más de 5,000 sanciones a servidores públicos, entre las cuales destacan 1,500 inhabilitaciones, casi 1,000 suspensiones, 900 amonestaciones públicas, 800 amonestaciones privadas, 400 sanciones económicas y 282 destituciones.
“Se han sancionado a los funcionarios de los más altos niveles, exsecretarios de Estado, exdirectores generales de empresas productivas del Estado, exgobernadores y miembros del gabinete de seguridad enfrentan ya procesos judiciales y administrativos: Rosario Robles, Emilio Lozoya, Edgar Torres Garrido y algunos de sus cómplices han recibido la sanción administrativa más alta posible; esta administración no ha protegido a nadie”, defendió.
Expuso que la SFP ha fiscalizado y recuperado aproximadamente 10,000 millones de pesos, e indicó que en las anteriores administraciones quedaron sin aclarar unos 50,000 millones de pesos de recursos federales.
“No solamente hemos auspiciado recuperaciones de esos casi 10,000 millones de pesos, sino que ya hemos iniciado los procedimientos de responsabilidad administrativa correspondientes, incluso estamos dando vista para comenzar con los procedimientos judiciales que correspondan ante estas defraudaciones”, mencionó.
Al ser cuestionada sobre los fideicomisos, la secretaria aclaró que con la extinción de los mismos los recursos no desaparecerán, y enfatizó que no había información de su contabilidad, ni los montos recaudados a través de estos instrumentos financieros.
“Estamos desde la Función Pública también promoviendo reformas administrativas anticorrupción para eliminar los fideicomisos. Los fideicomisos son meros contratos, instrumentos financieros que involucran una disposición de dinero encomendada de buena fe a una institución financiera”.
Recordó que al cierre del 2019 se identificaron 338 fideicomisos sin estructura, con disponibilidades de 740,000 millones de pesos, y señaló que tras la aprobación de que desaparezcan los 109 fideicomisos, la SFP giró casi una centena de oficios dirigidos a los responsables de cada fondo para informar a la dependencia federal qué medidas están tomando para extinguir dichos instrumentos.
