Asociaciones buscan incidir en aprobación de la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación

El pasado 15 de mayo de 2019 se modificó el Artículo 3º de la Constitución mexicana en su fracción V, para elevar a rango constitucional el derecho de los mexicanos a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. Este hecho trajo consigo la necesidad de generar una nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y su plazo máximo para aprobarse está por cumplirse. Antes de que termine este 2020 el Legislativo, por decreto constitucional, deberá presentar los nuevos estatutos que guiarán el futuro de la CTI en nuestro país. 

En este sentido las academias, sociedades y asociaciones científicas están cerrando filas y buscan participar como comunidad ante la preocupación de una ley poco discutida y trabajada unilateralmente.

La Ley de CTI es vital para nosotros porque es donde se dan los lineamientos para lo que será la política científica nacional, sin embargo, hasta ahora no sabemos de qué va, no conocemos el anteproyecto”, asegura la doctora Brenda Valderrama, presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos.

Representando a más de 10,000 investigadores de todo el país pertenecientes a 28 asociaciones y que además están sumando alianza con grupos de posgraduados e investigadores mexicanos en el extranjero, la doctora Valderrama explica que con todo y las deficiencias históricas que había tenido la ley, se estaba llegando a un cierto equilibrio en el cual se tenían lineamientos para los presupuestos, se atendía a una población importante de jóvenes, y se estaba generando la inserción laboral, bajo el esquema de cátedras Conacyt. “Este ecosistema se fue cancelando y el punto de quiebre llegó cuando se modificaron las convocatorias del Conacyt para ya no poder competir por proyectos en calidad de academias y asociaciones científicas”.

Bajo este antecedente, en tres ocasiones las asociaciones buscaron respuestas por parte del Conacyt a través de oficios dirigidos a su titular, pero ninguno de ellos tuvo respuesta.  “Ante este vacío de interlocución no nos queda más que seguir organizándonos y ser más proactivos”, señala la especialista.

Por ello, luego de diversas reuniones entre ellos decidieron buscar la interlocución con el Poder Legislativo, “para participar activamente como un medio de representación de investigadores organizados ante la discusión de la ley”; además generaron cinco principios, entre ellos está la integración de un sistema de gobierno donde todos los sectores participen de las decisiones, evitando la centralización, “este será el punto álgido de la situación con lo que hemos visto a partir del estatuto orgánico del Conacyt y su programa institucional”. 

De acuerdo con Valderrama, a la fecha no ha habido un parlamento abierto incluyente donde se puedan compartir las diferentes posturas con respecto a esta nueva ley. “Creemos que hay principios que nos hemos ganado, son años de lucha y que si no se respetan dañará profundamente el desarrollo de la ciencia en este país (... ) Alrededor de dos de cada tres investigadores no tuvo presupuesto en el 2020 y los que tienen, están muy por debajo de las necesidades básicas de operación, será supervivencia, esta es nuestra realidad”.  

Discusión de propuestas

“Para nosotros es una gran preocupación, desde el año pasado que la senadora Dolores Padierna presentó una propuesta para derogar y reformar la ley, lo que se percibía es una decisión unilateral donde se perdía el propósito principal de la ciencia, el trabajo multidisciplinario”, dijo el doctor Ignacio González, presidente de la Sociedad Química de México. 

Ante este hecho, lo que agrupaciones científicas hicieron, fue lanzar diversas propuestas, como la del Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC, la iniciativa colectiva de la Red ProCienciaMX, y el anteproyecto realizado por Conacyt, denominado Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación en México; sin embargo, sobre esta última, a pesar de que la institución asegura haber realizado una consulta amplia, gran parte de la comunidad dice no haber participado en su diseño ni conocerla.  

A la par, el investigador asegura que fueron descalificados como asociaciones y sociedades científicas para la discusión, “nuestra capacidad de interlocución se canceló, por ello hoy nos hemos reunido para rescatar nuestro propósito y lo que nos diferencia de otras asociaciones civiles, en estos momentos de crisis debemos recobrar nuestra capacidad de pertenecer y hacer una diferencia”., por ello como una primera acción, buscan promover un punto de acuerdo en el legislativo para que se reconozca la pertinencia de la participación de las academias, tanto en la creación de una Ley como en actividades de divulgación científica. 

Reiteró que la labor de las asociaciones científicas se hace de manera altruista, “los fondos que recibíamos son para motivar las vocaciones, preparar a los jóvenes para las olimpiadas o generar programas”. Estas son actividades que las universidades por sí solas no hacen porque implican un presupuesto.

nelly.toche@eleconomista.mx

kg