Aumenta 14% membresía del SNI y se apuntala la ciencia básica y de frontera, informa Conacyt

Para la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla Roces, en los últimos cuatro años el cambio de la política científica ha sido bajo un enfoque de “interés general, el principio de austeridad, de hacer más con menos, y con transparencia en el uso de los recursos públicos”. Durante el informe ante el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (CGICDTI), encabezado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que las acciones que han realizado en el sector de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación han sido en favor del bienestar de las personas.  

Destacó que en 2022 se han cristalizado resultados importantes en el sector y presentó sus cifras. Dijo que 128,000 personas hoy están dedicadas a las humanidades, ciencias, tecnologías e innovación gracias al apoyo del Consejo; además, con el nuevo Sistema de Nacional de Posgrados (SNP), en este año el Conacyt otorgó cuatro veces más becas de posdoctorado que en 2018, mediante un nuevo mecanismo directo, que “apuntala la recuperación del posgrado público”.  

La titular del Conacyt resaltó como un logro la reconstrucción del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), por medio de un nuevo mecanismo plural que suma a 10,000 nuevas personas investigadoras en 2022 y presenta un aumento de más del 14% en su membresía. 

Aunque destacó que ahora hay lineamientos que “contribuyen a cerrar brechas de género y propiciar la inclusión territorial”, esto contrasta con los movimientos de investigadores que han manifestado su desacuerdo por la falta de comunicación y coherencia antes las nuevas reglas, aun así, Álvarez-Buylla Roces agregó que a diferencia de 2017 y 2018, “cuando no se destinó ni un solo peso, el actual Conacyt apoya con rigor a la ciencia básica” que junto a la ciencia de frontera derivan en aplicaciones para atender los principales retos socioambientales del país y suman un trabajo una inversión de 4,753 millones de pesos.  

Cabe destacar que en este sentido la comunidad científica ha manifestado que una ciencia que se alinea al Estado y deja de lado la libre cátedra y deja fuera a proyectos de gran relevancia y sin insumos para su continuidad.  

La titular de la cabeza de sector agregó que la ciencia aplicada se ha apoyado a través de proyectos con incidencia en comunidades, dio el ejemplo del tiradero a cielo abierto “Las Matas”, en Minatitlán, Veracruz, donde de acuerdo con su informe, esto contribuye al saneamiento del suelo.  

En cuanto al desarrollo tecnológico, y a pesar de ser una administración criticada por romper las líneas de acción que se habían generado para que la industria pudiera integrar más científicos a sus filas, como el Programa de Estímulos a la Innovación, afirmó que el país avanza hacia la consolidación de una nueva industria mexicana para salvar vidas, en estrecha cooperación con los 26 Centros Públicos de Investigación (CPI) coordinados por el Conacyt, los cuales desarrollan innovación médica de manufactura mexicana y con un “alto potencial para generar ahorros al sistema de salud público en 2023”.  

Volvió a mencionar en su discurso la fabricación de más de mil ventiladores Ehécatl 4T y Gätsi, que “han servido para la atención de más de 18, 246 pacientes en hospitales públicos del país, así como otros dispositivos médicos mexicanos, tal es el caso de los concentradores de oxígeno y el monitor fetal Tlacali”. Nuevamente este proyecto ha sido cuestionado en diversas ocasiones sobre su efectividad y calidad. 

Un punto importante de esta reunión era saber los pormenores sobre la próxima Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, en este sentido Álvarez-Buylla dijo que confía en que este documento sentará las bases de una ciencia “humanista” que garantice a los mexicanos “el goce de los beneficios derivados del avance científico y tecnológico”.  

Detalló que el Conacyt sometió un proyecto de ley a una “amplia discusión” en diversos espacios de participación y consulta de la comunidad científica, académica y de tecnología e innovación, así como de distintas dependencias de la Administración Pública Federal (APF).  

Dijo que para su elaboración fueron tomadas en cuenta 49 iniciativas de ley en México, así como “centenares” de estudios legislativos en la materia que robustecen los fundamentos del proyecto, por lo que están a la espera de que se continúe la discusión en el legislativo y pronto tengamos una actualización de la Ley. Esto se contrapone con las voces de cientos de científicos que han manifestado no saber nada acerca de este documento que se ha propuesto ante el legislativo, por ejemplo, hoy existen dos propuestas más para Ley, una a cargo de diversos legisladores de la oposición y otra planteada por la Red ProCiencia.  

En medio de un ambiente lleno de incertidumbre para los científicos, en esta reunión participaron también los titulares de las secretarías federales de: Economía, Educación Pública, Energía, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.  

nelly.toche@eleconomista.mx

kg