Es necesaria la perspectiva interseccional en las acciones contra la violencia de género, aún más en contingencia

Hay que construir políticas y protocolos de atención y seguimiento de violencia contra las mujeres y niñas que no sean excluyentes entre sectores. La interseccionalidad debe ser una de las principales consideraciones en las acciones para atender la problemática, que no cesa pese a la contingencia.

Durante el conversatorio virtual Mujeres que resisten: indígenas y afromexicanas frente a la pandemia, organizado por la ONU Mujeres, el Inmujeres y el Instituto Simone de Beauvoir las participantes, representantes de comunidades de Oaxaca, Chihuahua y Chiapas insistieron en la necesidad de focalizar atención a mujeres considerando que no es un grupo homogéneo.

Las ponentes coincidieron en la deficiencia de los programas ya existentes antes de la emergencia sanitaria así como en los que se han implementado en línea con la pandemia. En México hay 25 millones de personas que identifican como indígenas y cerca de 1.3 afromexicanos, estas poblaciones no son consideradas y es importante reconocer que viven otras realidades y que los retos para garantizar sus derechos son distintos, dijo Edith Juárez Leyva del Instituto Simone de Beauvoir.

Entre las principales preocupaciones que externaron las participantes, que representan organizaciones y movimientos indígenas y afromexicanos en México, expusieron cinco aspectos prioritarios, especialmente en el contexto de la pandemia:

• Acceso a la información y la conectividad
• Acceso a sistemas de salud
• Acceso a alimentos, productos de higiene y recursos económicos
• Atención en casos de violencia doméstica y discriminación
• Derechos sexuales y reproductivos

En estos aspectos, se resaltan sus desventajas como mujeres indígenas o afromexicanas, habitantes de comunidades marginadas donde el acceso a servicios públicos es limitado, donde la mayor parte de la población se dedica a actividades informales que les dejan fuera del acceso a salud y seguridad social, donde la infraestructura y telecomunicaciones son escasas y donde no tienen acceso a información y protocolos de atención en sus lenguas.

Beatriz Amaro Clemente, de la Colectiva de Mujeres Afroamericanas en Movimiento, aseguró que en su comunidad es casi imposible cumplir con la Jornada de Sana Distancia para muchas mujeres, que además, son jefas de familia y necesitan los recursos económicos. Pero como son municipios, que todavía no están tan expuestos a las ciudades con contagios, se mantienen en la invisibilidad, sin recursos para equipos de protección, sin hospitales de atención intensiva y prácticamente sin acceso a la información oportuna sobre la pandemia.

Otra de las problemáticas que ya se observan en las comunidades indígenas es la violencia obstétrica y la falta de educación sexual, métodos de anticoncepción y seguimiento para la interrupción legal del embarazo. Además denuncian prácticas de discriminación en los sistemas de salud, señaló Josefa Patricia Matías del Centro de Atención Infantil Piña Palmera.

La denuncia y exigencia de atención a las mujeres y niñas de estas comunidades queda improcedente por la operación irregular de los servicios de impartición de justicia, “porque todo está enfocado a la contención de la pandemia, pero los derechos no deben estar en cuarentena”, coincidieron las participantes.

Las mujeres indígenas y afromexicanas no pueden realizar llamadas de auxilio

La conectividad y acceso a plataformas digitales y telecomunicaciones es una de las principales problemáticas que persisten en las comunidades indígenas y afromexicanas. Aunque las autoridades han puesto en marcha programas y protocolos para atender la violencia dentro de los hogares durante la pandemia, estas políticas son excluyentes.

El programa de llamadas al 911 o a las redes de apoyo en refugios y albergues suponen que todas las mujeres en el país tienen acceso a la telefonía o a las aplicaciones de mensajería por internet y la realidad en las comunidades es que la mayoría no pueden comunicarse por estos medios, acotaron las participantes.

“En esta emergencia sanitaria también queda expuesta la invisibilización histórica de las comunidades indígenas y afromexicanas y la falta de políticas públicas con perspectiva de interseccionalidad”, dijo Evelia Estela Catalán docente de Guerrero. Es necesario que se extienda la realidad para integrar a todas las comunidades en la política pública de acuerdo con sus necesidades particulares.

Los niños indígenas y afromexicanos no pueden estudiar a distancia

Otra de las demandas de las comunidades se focaliza en la falta de perspectiva interseccional en la educación pública; no se están tomando en cuenta en las jornadas de educación en línea a todas las niñas y los niños de las comunidades indígenas y afromexicanas que, mayoritariamente, no tienen acceso a computadoras ni internet, dijo Cristina Solano Díaz de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas.

La educación debe ser equitativa, y las medidas que toman las autoridades también, dijeron las participantes durante el conversatorio. “Estas brechas que quedan expuestas en momentos como este, deben atenderse con políticas que ayuden a eliminarlas y con respuestas que provocan que las brechas educativas se amplíen”.

Las demandas

Las participantes coincidieron acotando que las demandas de las mujeres y niñas que pertenecen a las comunidades indígenas y afromexicanas del país se centran en que las autoridades implementen políticas interseccionales e incluyentes no compensatorias o de remedio.

De modo que se piense en que las mujeres, aunque conforman en lo general, uno de los grupos más vulnerables en México, no son todas iguales, ni sus condiciones, ni sus necesidades. Considerar la particularidad de las comunidades y las estructuras a las que pertenecen y en las que se desarrollan es la vía para reducir las brechas profundas de desigualdad y los altos niveles de violencia.

“No deben tomarse medidas asistencialistas o compensatorias, los derechos no deben estar en cuarentena, ni siquiera restringidos por la pandemia. Se debe garantizar los derechos de las mujeres, especialmente las más vulnerables, especialmente su derecho a la información”, concluyó Patricia Martínez Esparza del Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas.

ana.garcia@eleconomista.mx