Lectura 4:00 min
Gobierno de Nicaragua 'borra del mapa' a los jesuitas y confisca sus escuelas
Ordena traspasar al Estado los colegios y centros educativos de Fe y Alegría que opera la Compañía de Jesús en el país; los religiosos piden al gobierno el “cese a la represión” y manifiestan solidaridad con “las miles de víctimas nicaragüenses que esperan justicia”.
El Ministerio de Gobernación de Nicaragua canceló la canceló la personería jurídica de la Compañía de Jesús en ese país, por medio de un acuerdo Ministerial publicado este miércoles, y estableció que la Procuraduría General de la República traspase al Estado sus bienes inmuebles y muebles, denunció la Provincia de Centroamérica de la orden jesuita, con sede en San Salvador.
“La decisión se tomó sin que conste se hayan realizado los procedimientos administrativos establecidos por ley. Como sucedió en la mayoría de los más de tres mil casos similares de cancelación de personería jurídica llevados a cabo por el régimen (de Daniel Ortega) desde el 2018”, dice la orden religiosa en una misiva.
Los religiosos agregan que el acuerdo se tomó “sin dar oportunidad a la legítima defensa” y “sin que haya una instancia judicial imparcial que juzgue y frene estos abusos de autoridad totalmente injustificados y arbitrarios”.
Añaden que “con anterioridad a la publicación del Acuerdo Ministerial N.105-2023, el gobierno nicaragüense había quitado a la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua uno de sus bienes: la residencia donde vivían algunos de sus miembros en Managua”.
Se refieren al desalojo de los jesuitas de su vivienda, ordenada por el gobierno de Ortega el pasado 19 de agosto, anexa a la Universidad Centroamericana, en Managua, que había sido ocupada y confiscada días antes. Detallan que, en el operativo, “además de la ocupación del inmueble, se desalojó a sus moradores sin darles un tiempo razonable para recoger y llevarse sus pertenencias personales”.
Antes los acontecimientos, la Provincia de Centroamérica de la Compañía de Jesús condenó “esta nueva agresión, enmarcada en un contexto nacional de represión sistemática calificada como ‘crímenes de lesa humanidad’ por el grupo de expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua conformado por las Naciones Unidas”.
La orden jesuita pide que “cese la represión”, reitera que “todo ello está encaminado al pleno establecimiento de un régimen totalitario” y responsabiliza al presidente Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, de tratar de dar apariencia honesta y legal al procedimiento, “impidiendo que existan condiciones de independencia y neutralidad del poder judicial que le permita tomar medidas para frenarlos, revertirlos y sancionarlos”.
Ello, en respuesta al argumento esgrimido por el gobierno de que el acuerdo ministerial obedece a que la Asociación Compañía de Jesús en Nicaragua “no reportó sus estados financieros de los años 2020, 2021 y 2022″, por lo cual se ordena el traspaso de sus bienes al Estado de Nicaragua.
Entre los bienes confiscados se encuentran dos colegios operados por la Compañía de Jesús en Nicaragua (Loyola y Centroamérica) y más de 30 centros educativos de Fe y Alegría que brindan educación primaria, secundaria y técnica gratuita a niños y adolescentes de las zonas de mayor pobreza, marginación y exclusión de 9 municipios del país.
El sacerdote jesuita José María Tojeira, después de conocer la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA), expresó: “Las dictaduras odian siempre que la inteligencia crítica, racional y humanista, sea llevada a cabo desde el pensamiento cristiano o desde el pensamiento laico. El impacto es sin lugar a dudas de un fuerte deterioro y empobrecimiento cultural. El mejor archivo histórico de Nicaragua está en la UCA. Si se consumara el robo de las propiedades de la UCA, estos ignorantes del gobierno entrarían en el archivo como tacuazín (zarigüeya) en gallinero”, cita el diario El País.