Iniciativa de ley en ciencia y tecnología propone “un engendro ideológico”

Distintas han sido las críticas a la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal sobre la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, pero las más señaladas son aquellas que aterrizan en la transformación que, de aprobarse, sufrirá el hasta ahora Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la cabeza del sector, así como sus atribuciones y alcances, que sería sustituido por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Conahcti).

No  se trata sólo un cambio de nombre, pues bajo el presupuesto de impulsar una “ciencia humanista” sobre una “neoliberal” que, según la narrativa gubernamental  4T, operó en el pasado, lo que se propone en realidad es desmantelar el sistema científico nacional que se construyó en México durante medio siglo, bajo la conducción del Conacyt y sus órganos consultivos constituidos por científicos y académico, y que que “seguía en una construcción permanente, cada vez más fuerte, optimizándose, más transparente, incluyente y ahora lo desmantelan, lo desaparece y crean un engendro ideológico”, asegura la doctora Brenda Valderrama, investigadora y docente, autora de un texto de referencia: “360° una visión panorámica de la política científica en México 1985-2018”.

En principio, le preocupa que la iniciativa supone reformas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a la Ley de Planeación y a la Ley Orgánica del Conacyt, confiriendo poderes al nuevo Conahcti que, de acuerdo con la comunidad científica del país, representa una concentración de decisiones que afectarían el futuro de la política científica nacional por lo menos durante los próximos 30 años.

“Los aspectos más preocupantes del documento son, en primera instancia, la verticalidad que propone. Es excluyente y además desmantela todos los órganos de gobernanza del sistema, tanto a los sectores académico, social, privado, y los gobiernos de las entidades federativas”, dice Valderrama.

En la nueva legislación, el órgano rector de la política científica, el Consejo General, ya no recibiría retroalimentación por ningún lado, porque se cortan todos los canales de comunicación con la academia, no habría comisiones revisoras, ni comités consultivos y elimina de la toma de decisiones a todos los actuales integrantes que no son subordinados directos del presidente de la República.

“En el nuevo Consejo ya no hay retroalimentación, porque desaparecen el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la Conferencia Nacional, el Consejo Interinstitucional de Innovación, y ahora solo queda el presidente, sus empleados y el Conacyt”, enfatiza la investigadora.

Para el diputado Brasil Alberto Acosta Peña, secretario de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, preocupa que la nueva ley no impulse las ciencias y que bajo el control gubernamental se elimine todo el pensamiento crítico. “Es un golpe terrible que le quieren dar a la ciencia, tecnología e innovación agregándole por ejemplo, el mote de humanismo”. Como doctor en economía, el diputado asegura que los mexicanos debemos hacer ciencia, innovar, y dentro de ello caben las ciencias sociales.

Aunque asegura “con las modificaciones se le rompe el eje a la ciencia”, la mayor de las preocupaciones está en el presupuesto, pues se abandona la meta de llegar al 1% del PIB para estos fines. “Esta propuesta trae errores gravísimos, que además pretende una austeridad mal entendida; en la ciencia se debe invertir lo que se necesita, pero este gobierno lo que pretende es gastar menos a costa de lo que sea y obtener los mismos resultados, esa es una falta de visión sobre la ciencia, que lo que va a traer es un rezago de 50 años en materia de CTI”.

También la Red ProCienciaMx, que incluye a investigadores, académicos y trabajadores del sector de ciencia, tecnología e innovación (CTI), dio a conocer un posicionamiento crítico ante la iniciativa, asegurando que este documento “no corresponde a los alcances establecidos por la Constitución para una Ley General y parece retornar al pasado”, pues desde su punto de vista, no contempla instrumentos de apoyo a la investigación, no incorpora en sus prioridades a la ciencia básica y de frontera, y afecta a la libertad académica.

La última manifestación en contra de esta propuesta de Ley se dio a través de un grupo de académicos de varias instituciones y colectivos que lanzaron un exhorto este fin de semana para detener la iniciativa por considerarla “antidemocrática y excluyente”. Este documento es una carta que se encuentra abierta a través de la web para que más personas de la comunidad interesada pueda adherirse al documento y solicitar al Poder Legislativo que se detenga la iniciativa y “se abran espacios reales de participación  en los que se incluyan  para su discusión las demás iniciativas que se han presentado al poder legislativo”.

Se reivindica el interés público sobre el privado, defiende Conacyt

El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Conacyt), cuya titular es la doctora María Elena Álvarez-Buylla, salió a defender la propuesta. En un comunicado que titula “Iniciativa de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación fortalece a Conacyt y garantiza derecho humano a la ciencia”, asegura que la propuesta de ley “consolida y reivindica el carácter humanista y dialógico de la política científica y tecnológica del país, mediante propuestas vinculadas a dichas áreas que fortalecen a las comunidades, al desarrollo de capacidades y a la soberanía nacional”.

Explica que al ser “una propuesta de avanzada”, se rompe con el paradigma de los últimos tres sexenios, a los cuales acusa de usar recursos públicos para financiar, en su mayoría, proyectos privados que “simularon” investigación y desarrollo tecnológico.

La iniciativa de Ley HCTI, hoy en manos de las Comisiones Unidas de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación para dictamen, y en las Comisiones de Gobernación y Población, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para su opinión técnica, habla de la ciencia “como derecho fundamental”, y según las autoridades del actual Conacyt, “asegura reconocer la importancia de garantizar otros derechos como la alimentación y el acceso tanto a la salud como a la información”; principios que según lo dicho por el Consejo “desconoce la actual Ley de Ciencia y Tecnología (CYT)”.

De acuerdo con el comunicado, la propuesta del Ejecutivo parte de una “revisión profunda y crítica de la Ley de CYT vigente”, la cual ha sufrido 11 reformas a lo largo de más de 20 años de vida y que ha sido “rebasada por los nuevos estándares del Estado para garantizar el derecho humano a la ciencia”.

Según el organismo, la propuesta presentada al Legislativo “reivindica el interés público sobre lo particular, no limita o acota la labor científica y tecnológica, impulsa de manera decidida la ciencia básica y de frontera, y proscribe los fideicomisos”.

Finalmente, el comunicado del Conacyt aprovecha para señalar que se “ha desatado una campaña de desprestigio en diversos medios de comunicación que difunden críticas, opiniones y afirmaciones lejanas a la realidad y que, incluso, faltan a la verdad sobre la reorganización e implicaciones que se proponen en la nueva iniciativa de Ley HCTI”, sin embargo la interlocución con el Consejo sigue dándose sólo a través de comunicados.

Algunas contradicciones

El Conacyt sostiene que la consulta e interlocución para la creación de este documento ha sido “amplia e incluyente”, que han participado más de 60,000 personas e instituciones para la construcción de consensos, entre ellos señala a organizaciones como la, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (Rednacecyt) y a la Red ProCienciaMx, que parece hacer alusión al mismo grupo que ya ha manifestado su total rechazo a este documento y a otras acciones del Consejo.

Establece que se revisaron 49 iniciativas de Ley, incluida la reforma de la Ley de CYT del seis de noviembre de 2020, así como la iniciativa presentada el 17 de agosto de 2022 por el diputado federal Juan Carlos Romero Hicks, mismo que ha manifestado su inconformidad, al asegurar que no se han escuchado las distintas voces, por lo que presentó la iniciativa alterna que ha sido apoyada por una gran parte de la comunidad científica, pero que asegura, no está tomada en cuenta en este documento, incluso el legislador ha expresado que esta propuesta atenta contra la libertad académica al marcar agenda de investigación y violenta la libertad de cátedra.

También se habla de la consulta al Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), institución creada recientemente por el mismo Conacyt, luego de desaparecer al FCCyT A.C., que funcionaba de acuerdo con la Ley vigente, y que se le dejó de dar presupuesto, como lo mandataba la Ley.

Otros grupos mencionados son los 26 centros públicos de investigación (CPI), mismos que han dado de qué hablar con el cambio de directivos, en algunos casos señalados como imposición, en otros sin el consenso general de la comunidad. El gran ejemplo fue con la llegada del actual director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Romero Tellaeche, quien fue impuesto mediante cambios al reglamento y su ley orgánica sin consenso ni consulta del órgano colegiado interno y quien incluso ha sido señalado por cometer plagio sin que a la fecha haya demostrado lo contrario.

Se dice además que se consultó a organizaciones privadas, mismas que recientemente fueron excluidas de programas como el Sistema Nacional de Investigadores, los Programas Nacionales Estratégicos, o de Fortalecimiento a las Comunidades, pues Conacyt eliminó la posibilidad de que investigadores y proyectos de universidades y centros de investigación privados tuvieran acceso a estos financiamientos.

Incluso otros fueron eliminados como el Programa de Estímulos Fiscales a la Innovación (PEI). Con este programa se invitaba a las empresas para que invirtieran en CTI y luego se les regresaba el 30% de la inversión en forma de créditos fiscales. Guillermo Aguirre Esponda, ahora presidente de la ADIAT, dijo a el Economista que este programa llegó a un pico en el que por primera vez el sector productivo invertía más que el gobierno federal, “un sueño esperado”.

Agregó que en los últimos seis años que trabajó este proyecto, la inversión privada creció 13 veces, hubo más científicos contratados en el sector privado que en el público y hubo más dinero del sector privado hacia la ciencia pura que antes. “La curva de crecimiento era exponencial, con ello se pensaba que en unos 12 años ya tendríamos un modelo consolidado”, pero el actual gobierno interpretó que eso era privilegiar empresas.

Como ejemplos de éxito están empresas como el Instituto Bioclon, que trabaja en investigación y desarrollo de antivenenos de tercera generación. Esta empresa tuvo varios proyectos PEI para desarrollar productos específicos para regiones como el norte de África. La colaboración principal fue con el Instituto de Biotecnología de la UNAM y desarrolló una familia de productos para la exportación, siendo la primera firma mexicana que logró el registro de un producto nuevo ante la FDA.

Otro caso es Productos Nutricionales De La Rosa, una cooperativa de mujeres mazahuas de San Felipe del Progreso, lideradas por la ingeniera industrial Belén Villegas Meza. La idea era vender sus productos (mole y granola) en supermercados, eso implicaba control de calidad e inocuidad. Lo que sucedió fue que a través del PEI se vincularon con la empresa de maquinaria Jersa y con apoyo de la FES Cuautitlán para la tecnología de proceso de alimentos, lograron los requerimientos para entrar en cadenas, tiendas gourmet, e incluso incursionaron en la exportación.

Cuestionamientos a la iniciativa, en resumen:

• No se consultó con la comunidad científica ni con el sector privado.
• Somete todas las decisiones en materia de ciencia y tecnología a un Consejo General y al Conahcti, ambos subordinados al titular del Ejecutivo. Desaparecen los órganos consultivos y las comisiones revisoras.
• Excluye del acceso a los mecanismos de apoyo establecidos en la ley (SNI, Programas Nacionales Estratégicos, etc) a proyectos de investigación e investigadores de instituciones privadas.
• Desincentiva por la vía fiscal la inversión privada en materia de ciencia y tecnología.
• Propone becas para “todos” los aspirantes a becas que califiquen pero las somete a la disponibilidad de presupuesto sin proponer mecanismos que lo garanticen.
• Elimina la meta de asignar a ciencia y tecnología el 1% del Producto Interno Bruto.
• Amenaza la libertad de investigación mediante la asignación discrecional del presupuesto.
• En los criterios para becas privan las variantes socioeconómicas de los postulantes sobre sus méritos académicos, idoneidad y pertinencia de los proyectos.

Nota: los cuestionamientos que aquí se presentan han sido compilados de diversas fuentes, en entrevistas de este diario y pronunciamientos públicos de la comunidad académica.

Para consultar el proyecto de iniciativa presentado al Congreso de la Unión: https://bit.ly/3jSiC7K

Carta pública de investigadores: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf95Bn-mBGjpISJY3uMDACRwkUta5dkTo4ICzeRh7n5q9h8Iw/viewform

nelly.toche@eleconomista.mx