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Más de 2,000 personas piden al Senado una discusión abierta para la Ley de Ciencia y Tecnología
En los argumentos señalan que se trata de una propuesta que “restringe la libertad académica de las investigadoras e investigadores, impone una estructura jerárquica y burocrática que relega la opinión de científicos, cuerpos colegiados, universidades y asociaciones académicas".
Que se detenga la iniciativa de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI) y se abran espacios reales de participación para la discusión de la nueva ley que normará la política científica de México en los próximos años, piden 2,391 personas hasta el momento, al Senado de la República, a través de un exhorto firmado que incluye miembros de la comunidad de investigación, estudiantes, académicos, personal administrativo y sociedad civil en general.
Mediante una carta con firmas dirigida al senador Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, se hizo un posicionamiento para pedir que se detenga la iniciativa elaborada por el Conacyt y presentada por el Ejecutivo federal.
Dentro de sus argumentos señalan que se trata de una propuesta que “restringe la libertad académica de las investigadoras e investigadores, impone una estructura jerárquica y burocrática que relega la opinión de científicos, cuerpos colegiados, universidades y asociaciones académicas; no respeta el pacto federal y elimina el compromiso del Estado Mexicano de un presupuesto estable para la investigación”, lo que representa un retroceso en los avances logrados en los últimos 50 años.
Consideran también que en Parlamento Abierto y en comisiones unidas de las dos Cámaras, es indispensable que el dictamen de las Comisiones aproveche las fortalezas de todas las iniciativas de LGHCTI que han sido presentadas en los últimos meses y aseguran que la comunidad académica “tiene mucho que decir para lograrlo”, por ello piden abrir el diálogo.
El exhorto fue integrado inicialmente por un grupo de investigadores y colaboradores de instituciones públicas y privadas, de colectivos como ProCienciaMx, funcionarios estatales de Rednacecyt y colaboradores de asociaciones universitarias. Entre los convocantes están: Carlos Arámburo, Gabriela Dutrénit, José Franco, Teresa García Gasca, Bernardo González Aréchiga, Alma Maldonado, Carlos Iván Moreno, Martín Puchet, Cristina Puga, José Roldán, David Romero, José Luis Solleiro y Brenda Valderrama. Aunque el exhorto ya fue mandado, aseguran que la lista de firmantes continuará abierta para que nuevas adhesiones se puedan dar durante todo el proceso de análisis de las iniciativas.
Dentro de los puntos de preocupación señalan que la propuesta afecta a: Investigadores y técnicos de los centros públicos de investigación (CPI), que serán clasificados como funcionarios públicos, lo cual vulnerará su estabilidad laboral y su libertad de investigación. También a investigadores de ciencia básica y de frontera, quienes estarán limitados por una agenda gubernamental, además de quienes laboran en universidades privadas, al negarles el derecho a ser tratados de forma semejante a cualquier académico dedicado a la investigación.
Por otro lado, aseguran que las limitantes también serán para estudiantes y jóvenes investigadores pues se reduce el presupuesto para apoyos y becas, y se les acota la libertad académica para escoger temas de investigación. Se incluyen a esta lista las comunidades de CTI “no tendrán espacios para ejercer su derecho democrático a expresar opiniones, puntos de vista, evidencia y propuestas novedosas”.
Por último se habla de empresas innovadoras que, desde su punto de vista, “quedan marginadas del apoyo del Estado a sus proyectos, lo que las coloca en una desventaja ante competidores internacionales que sí reciben recursos en sus países”.
Carta pública de investigadores: https://docs.