3.5 millones de trabajadores, el universo del nuevo outsourcing

“Borrar la simulación y restablecer relaciones laborales auténticas, reales, sinceras, y también autoridades imparciales que puedan vigilar y dar cumplimiento a la normatividad; nuestra aspiración es que la violación de los derechos laborales no sea la regla general, como lo es hoy en día”, Luisa María Alcalde Luján.

La reforma del outsourcing está a unos días de cumplir dos años de vida, uno de los cambios laborales más polémicos que se han hecho en el último tiempo en México y que implicó grandes ajustes al interior de muchas empresas. Atrás quedaron las voces que alertaban, otra vez, sobre una crisis de empleo de grandes magnitudes si se aprobaban dichos ajustes legales.

Con el pasar de los meses ya tenemos datos más sólidos del panorama inicial tras la reforma. De acuerdo con cifras proporcionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), bajo el nuevo modelo actualmente se desempeñan 3.5 millones de trabajadores. Es decir, una de cada seis personas que labora hoy en el sector formal lo hace en una empresa de prestación de servicios especializados, como se conoce ahora al outsourcing.

Cuando comenzó a discutirse la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que prohibió la subcontratación de personal, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el IMSS expusieron que al menos 5 millones de personas en el país trabajaban bajo algún esquema de outsourcing, esto equivalía a cuatro de cada 10 empleados del sector formal privado. El problema es que se estimaba que 2.9 millones de ellos estaban en un esquema de tercerización ilegal.

De dicho universo, una vez que entró en vigor la reforma, precisamente 2.9 millones de personas migraron de una empresa de subcontratación a su patrón real. Se deducía que los otros 2.1 millones de trabajadores representaban la dimensión real de este sector. Hoy, tras las nuevas reglas del juego, podemos saber que esta cifra ha crecido de forma importante de la mano del avance que ha tenido todo el empleo formal en el último año.

Del resto de las cifras presentadas por el IMSS, sabemos que hay al menos 131,738 empresas inscritas en el Registro de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse) que coordina la STPS. Hasta el momento, se han reportado 776,000 contratos de subcontratación que abarcan a 3.5 millones de trabajadores únicos.

Los cambios laborales también han tenido un impacto fiscal. Como lo plasmó Santiago Nolasco en una nota publicada en El Economista, la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a salarios registró un incremento anual de 5.8% en 2022, el aumento más pronunciado desde el 2016. Una parte importante de este avance es resultado de la reforma de outsourcing, la razón: al migrar a sus trabajadores de una prestadora de servicios al patrón real, las empresas ya no pudieron registrar a sus empleados con el salario mínimo o uno muy inferior al real.

Los números del IMSS parecen confirmar este impacto. Entre noviembre de 2020 y diciembre de 2022, el salario base de cotización (SBC) asociado a la reforma subió de 468 a 595 pesos, esto representa un incremento de 27.1 por ciento. Este comportamiento incluso fue analizado por el Banco de México, entidad que reconoció que la reforma permitió que el SBC tuviera un dinamismo no visto en dos décadas.

Estos datos, expuso Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, demuestran que “la reforma no generó distorsión alguna en el mercado laboral formal; es decir, no generó un incremento en el número de bajas ni hubo afectaciones en el salario base de cotización”.

Siendo justos, los cambios a la LFT en lo que se refiere a la subcontratación han dado buenos resultados, las cifras hablan por sí solas. El problema es que se señaló al outsourcing prácticamente como el origen de todos los males del mundo del trabajo de México. Y efectivamente hubo muchos abusos a través de esta figura, bastantes, pero las prácticas evasivas y de simulación laboral no se acabaron con la reforma.

Y si no, habría que preguntarle a cientos de funcionarios públicos que son recontratados por honorarios cada año, muchos durante toda su carrera en la administración pública. O a muchos profesionales que en el papel son independientes, pero en la práctica son personal de base y están bajo el esquema de asimilados a salarios dentro de sus empresas. Incluso a quienes reciben todavía su sueldo en sobres cada quincena para que no quede registro, por citar algunos casos.

¿Qué herramientas habría que utilizar para cerrarle la puerta a todas esas prácticas? ¿Se trata de voluntad o de reformas adicionales? Como dice la cita de la secretaria del Trabajo que abre este espacio, la violación de los derechos laborales no puede ser la regla general en el mercado. Pero si no hacemos un esfuerzo integral, seguiremos cubriendo con legislación sólo algunos huecos, con el riesgo de que los cambios se queden sólo en buenos deseos en el panorama general. Esto también es parte del reto que implica ofrecer trabajos decentes para todas y todos.