“El festín de la impunidad en las inspecciones laborales se acabó”: STPS

Los programas de autocumplimiento y los cambios al Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones (Regitas) han permitido hacer más eficientes las verificaciones de la normatividad laboral y han cerrado la llave a la impunidad. “El festín de la impunidad inspectiva se acabó”, expresó Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

En el marco del Congreso Internacional de Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA), programa operado por el IMSS, el funcionario destacó las acciones que ha impulsado la dependencia para evitar que los incumplimientos detectados en una inspección no se corrijan.

El Regitas tenía “una bipolaridad esquizofrénica”, señaló Salafranca. Antes de las modificaciones al reglamento, los plazos otorgados a las empresas para solventar incumplimientos excedían el plazo de prescripción de las sanciones impuestas por la STPS.

“Pasaba el tiempo, supongamos 150 días, la empresa no cumplía, al no cumplir se procedía a la multa y se ordenaba solventar la problemática. Lo que hacía la empresa en lugar de cumplir era ir a ‘pleitear’ a los tribunales, están en su derecho, eso no es cuestionable, el tema era ¿por qué pleiteaban? Porque si era un pleito de fondo, ganábamos todos.

“Si la empresa dijera ‘la Secretaría del Trabajo me señala que incumplo con una norma, y yo le demuestro al juez que no es verdad’ eso es un tema de fondo (…) Descubrimos que no era eso, la mayoría de los juicios los perdíamos porque había prescrito nuestra facultad de sanción”, expuso.

En este sentido, además de reducir los plazos para que las empresas comprueben el incumplimiento o corrijan irregularidades identificadas, la STPS separó el procedimiento de inspección con el de sanción. “Perder un juicio por una prescripción no enseña nada ¿Y finalmente se modificó la realidad objetiva de la empresa?, no. ¿Se mitigó el riesgo para el trabajador?, no. Fue un gasto enorme que no sirvió para nada”.

“El mundo del trabajo y de las empresas en relación a las inspecciones se ha vuelto más objetivo, contundente y se ha combatido enormemente la impunidad para regocijo de las empresas que cumplen y pedían piso parejo. Porque producir y tener una empresa incumpliendo con la ley era más barato que cumplir con la ley. Lo que hemos hecho con el combate a la impunidad y la clarificación del marco legal, es que cumplir con la ley es más barato”, detalló.

El funcionario federal destacó el programa de Verificación Laboral Voluntaria (Velavo) como una de las estrategias que ha permitido mejorar el cumplimiento del marco regulatorio. “La media que tarda una empresa en darse de alta en Velavo es entre tres y cinco horas, la media que tarda una empresa en contestar una inspección es un año. Son cinco horas de esfuerzo vs. un año”.

Los centros de trabajo inscritos en el Velavo que cumplen con la normativa en condiciones de condiciones generales de trabajo, capacitación y seguridad y salud, están exentas de inspecciones ordinarias por 12 meses, período en el que podrían recibir visitas aleatorias de orientación, pero no punitivas. Aunque la autoridad sí puede realizar inspecciones extraordinarias en caso de denuncia o un accidente laboral.

Una de las restricciones en el Velavo es en el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo, sólo los centros de trabajo con menos de 75 empleados y una clasificación de riesgo de I o II ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pueden aplicar a la verificación voluntaria en este apartado.

Sin embargo, el IMSS y la STPS firmaron un convenio para permitir que los centros de trabajo inscritos al programa Entornos Laborales Seguros y Saludables y con una clasificación III en el nivel de riesgo, puedan reportar el autocumplimiento en Velavo sobre las normas de seguridad y salud.

27 millones de pesos en multas por outsourcing

En su ponencia, Alejandro Salafranca informó que la Secretaría del Trabajo ha realizado más de 3,000 inspecciones relacionadas con el nuevo régimen de subcontratación de servicios especializados, los incumplimientos identificados se han traducido en 27 millones de pesos en multas impuestas por la autoridad.

“Antes de la reforma las empresas pagaron 87,000 millones de pesos de PTU a los trabajadores, después de la reforma se pagó 214,000 millones de pesos ¿Y la diferencia entre eso dónde estaba? Pues indebidamente no repartidas. Esto no significa que las empresas hayan ganado más, es un dinero que siempre se debió repartir entre los trabajadores y no se les daba porque estaban en empresas intermediarias”, señaló.

Además de las sanciones, la STPS ha dado de baja a más de 200 empresas del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse) porque dejaron de cumplir con los requisitos por los cuales se inscribieron al padrón administrado por la dependencia.

La reforma de subcontratación del 2021 prohibió el outsourcing basado en personal y estableció nuevas reglas para la contratación de servicios especializados, uno de esos requisitos es la inscripción al Repse. Hasta ahora, la STPS ha cancelado 1,500 registros por incumplimientos en las obligaciones fiscales y de seguridad social.