Los derechos laborales en escenarios de inseguridad pública

Los contextos de inseguridad pública como enfrentamientos armados o extorsiones plantean diversos escenarios legales (y morales) en torno al trabajo cuando afectan la operación cotidiana de las empresas; por ejemplo, el cierre temporal de un negocio.

Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), el 59.1% de la población, considera que es inseguro vivir en su ciudad.

Jimena Sánchez, socia fundadora de Employment Legal Aid, dice que las empresas en México tienen la obligación legal de garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores. La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que es responsabilidad del empleador proporcionar un entorno de trabajo seguro, y eso incluye los contextos de violencia pública.

En ese sentido, la especialista indica que el primer escenario legal sobre las relaciones de trabajo en un contexto de inseguridad pública es asegurarse que los trabajadores están registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que les brinda una protección por accidentes que puedan ocurrir tanto en el centro de labores o durante el trayecto hacia o desde el trabajo.

“El IMSS brinda protección no solo en términos de atención médica, sino también en caso de incapacidad o muerte, proporcionando un respaldo crucial para los trabajadores y sus familias”, expone Sánchez.

Además, las empresas deben tener protocolos claros de seguridad para prevenir y reaccionar ante situaciones de riesgo. Sánchez sugiere que estos protocolos incluyan rutas de evacuación, medidas preventivas y mecanismos de respuesta rápida en caso de incidentes.

“Es esencial que los empleados sepan cómo actuar ante una emergencia. La preparación puede marcar la diferencia entre una evacuación segura y un desastre”, señala.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en febrero de este año se registraron 6,421 carpetas de investigación por robo a negocio, un incremento del 6.3% interanual. Además, el 42.5% de los casos fueron con uso de violencia. En promedio, hay 222.6 carpetas de robo por día en el país en lo que va del año.

Por su parte, Alix Trimmer, fundadora de la firma LAIN, enfatiza que las empresas deben ir más allá del cumplimiento legal básico y tomar medidas proactivas para proteger a sus empleados.

“La implementación de medidas de seguridad física, como arcos detectores de metales o sistemas de cámaras de vigilancia, puede disuadir a posibles agresores y proporcionar un ambiente de trabajo más seguro”, comenta Trimmer.

Además, recomienda que las empresas en zonas de alta criminalidad consideren proporcionar transporte seguro para los empleados, especialmente durante turnos nocturnos o en áreas de alto riesgo.

La especialista destaca la importancia de realizar simulacros y capacitaciones regulares. “Los simulacros ayudan a los empleados a familiarizarse con los procedimientos de emergencia, lo cual es crucial en una situación real”.

Derechos laborales en un escenario de inseguridad pública

Cuando un trabajador experimenta una situación de violencia pública en su lugar de trabajo, tiene derechos específicos que deben ser respetados. Jimena Sánchez explica que, ante cualquier incidente de este tipo, es vital que la empresa tenga un protocolo de reporte y respuesta bien definido.

Este protocolo debe incluir pasos claros sobre cómo reportar el incidente, a quién reportarlo, y que acciones tomar a continuación. “En caso de lesiones físicas o trauma psicológico, lo empleados tienen derecho a atención médica y psicológica inmediata”, destaca Sánchez.

Además, si el empleador no cumple con sus responsabilidades de seguridad o no tiene a sus empleados debidamente registrados en el IMSS, podría enfrentar sanciones e incluso demandas por indemnización.

Ambas expertas coinciden en la importancia de la NOM-035 de factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Esta normativa es clave para identificar y gestionar elementos que pueden afectar la salud mental de las personas trabajadoras, eso incluye los acontecimientos traumáticos severos como los asaltos, extorsiones o enfrentamientos armados.

“La NOM 035 obliga a las empresas a evaluar y, en la medida de lo posible, eliminar o mitigar estos riesgos. Es una herramienta fundamental para garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable, tanto física como mentalmente”, detalla Alix Trimmer.

Para prevenir y gestionar mejor los altercados de seguridad pública, ambas abogadas ofrecen algunas recomendaciones:

• Para las empresas, es importante revisar y actualizar regularmente los protocolos de seguridad, corroborar de que todos los empleados estén informados sobre las medidas preventivas y promover un ambiente de seguridad en el trabajo. Trimmer enfatiza la importancia de crear una cultura de seguridad dentro de una organización.
• Para la fuerza laboral, debe de conocer los derechos y estar al pendiente de las políticas de seguridad de la empresa. Sánchez aconseja que los empleados deben participar activamente en simulacros de seguridad y no dudar en reportar cualquier actividad sospechosa.

Las empresas deben asegurarse de cumplir con toda la normatividad legal y tomar medidas proactivas para proteger a sus empleados, mientras que los trabajadores deben estar informados y preparados para actuar en caso de una emergencia.

La seguridad en el trabajo es una responsabilidad compartida entre empleadores y empleados. Por lo que, mantener un entono laboral seguro no es solo evitar el incumplimiento de la ley, sino que, también se promueva la productividad y el bienestar general de la fuerza laboral.