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Defraudación fiscal será delincuencia organizada
Se prevé imponer sanción de cinco a ocho años de prisión al que por sí mismo o a través de otra persona compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes.
Con la abstención del PAN, la Comisión de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores aprobó anoche el dictamen que reforma cinco ordenamientos legales para elevar a rango de delincuencia organizada la defraudación fiscal, delito que ameritará prisión preventiva oficiosa.
Aprobado con antelación por las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, el paquete de cambios a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación y al Código Penal Federal se discutiría por el pleno cameral en la sesión de hoy.
El dictamen precisa que cuando tres o más personas se organicen para cometer, en forma permanente o reiterada, delitos tales como contrabando y su equivalente, o defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, por ese solo hecho serán sancionadas como miembros de la delincuencia organizada.
Ello, “exclusivamente cuando el monto de lo defraudado” sume más de 7 millones 804,230 pesos, es decir, “supere tres veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación’’.
La misma sanción se impondrá al que expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Se considerarán “amenazas a la seguridad nacional” los “actos ilícitos en contra del fisco”, de acuerdo con la enmienda al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional.
Para el caso de delitos fiscales y financieros, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, establece la nueva redacción del artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, únicamente podrán ser aplicados criterios de oportunidad cuando el imputado aporte información fidedigna que coadyuve para la investigación y persecución del beneficiario final del delito, quien estará obligado a reparar el daño.
Los cambios al artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación prevén imponer sanción de cinco a ocho años de prisión al que por sí mismo o a través de otra persona compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
“Será sancionado con las mismas penas, al que permita o publique a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
“Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a 10 años para desempeñar cargo o comisión públicos”, adicionales al aumento de tres a seis años de prisión que prevé el artículo 97 del referido Código.
Se precisa que se requerirá querella por parte de la Secretaría de Hacienda para proceder penalmente por los citados delitos.
Los delitos fiscales y financieros y el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero, se podrán perseguir de manera simultánea.
Durante la discusión del dictamen, las senadoras del PAN, Mayuli Latifa y Kenia López Rabadán, presidenta e integrante de la citada comisión, respectivamente, anticiparon la presentación de reservas durante la discusión el dictamen en el pleno camaral para intentar cambios de última hora.
Para Minerva Hernández, promovente de parte de la enmienda y cuyas propuestas no se aceptaron en sus términos, “lo que motiva estas reformas es la voracidad recaudatoria y lo que le urge (al gobierno federal) es allegarse de recursos públicos ante el reporte de que, en julio, hubo una franca caída del ingreso nacional de más de 19% de los ingresos presupuestarios; de más de 10% en el ISR y de 8% en IVA, respecto a los del año pasado.
“En el afán de perseguir esa cifra mítica de 500,000 millones de pesos de la corrupción, con el argumento de que México no está recaudando 354,000 millones por causa de la evasión fiscal, de las factureras y de las outsorceras, está proponiendo reformas que son inconstitucionales y que, como muchas otras decisiones de este gobierno, serán revertidas a través del amparo”, auguró.