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El Banco Central Europeo impondrá condiciones a deuda anticrisis
Draghi valora asignar un nominal mínimo de 100,000 euros a cada título de este rubro que se venda.
Popular fue el primer caso y los bancos italianos también saben de qué va el juego. Las nuevas normas de resolución de la banca europea establecen que deben ser los accionistas y los bonistas de las entidades financieras los que paguen la ronda en caso de crisis. Eso libera a los contribuyentes y a las arcas públicas de rascarse el bolsillo, pero puede dejar un reguero de inversionistas minoristas afectados por la caída de una entidad y, en algunos casos, sin haber tenido conocimiento previo del riesgo de su apuesta.
El Banco Central Europeo (BCE) quiere minimizar este impacto todo lo posible, sobre todo porque la regulación ha supuesto que la banca europea en pleno se lance a emitir miles de millones de euros de la llamada deuda anticrisis, la deuda con capacidad de absorber pérdidas que exige la regulación y que puede dejar a sus dueños sin nada en las manos en caso de que el banco que la emite tenga problemas de solvencia.
El peligro de estos instrumentos ha llevado a algunos países a prohibir su venta a inversionistas particulares. En el Reino Unido ningún inversionista minorista puede ser dueño de deuda contingente convertible (los conocidos como CoCos o bonos AT1). En Europa, algunos países están pensando en seguir esa misma vía, como es el caso de Bélgica.
Mario Draghi tiene otra idea en la cabeza. Antes que prohibiciones, el presidente del BCE prefiere imponer condiciones. Unos requisitos de información claros y fácilmente comprensibles y otras salvaguardias que aumenten la concienciación de los inversionistas sobre los riesgos asociados a tales instrumentos serían una alternativa a restringir la inversión de los inversionistas particulares , señala el BCE en un documento.
Más conciencia del riesgo
Pero el BCE quiere ir más allá. Además de los requisitos de información, Draghi está valorando la idea de imponer un nominal mínimo de 100,000 euros a cada título de deuda anticrisis que se venda. Un desembolso de esa cuantía sería la mejor señal de alarma: Aumentaría las trabas a la inversión y, por tanto, elevaría la concienciación de los inversionistas, lo que limitaría la inversión directa de los particulares , explica el supervisor, que no descarta realizar un estudio para analizar el impacto que tendría esta medida. La presidenta del Mecanismo Único de Supervisión, Danièle Nouy, acaba de mostrar su acuerdo con esta posibilidad.
El objetivo de esta iniciativa sería proteger a los inversionistas minoristas al evitar que compren instrumentos cuyo riesgo desconocen, pero no sería el único. La nueva normativa de resolución bancaria ha demostrado tener efectos colaterales, como el caso de Popular. De la noche a la mañana, la deuda subordinada de esta entidad se volatilizó para hacer frente a los costos de la resolución de la entidad presidida por Emilio Saracho antes de su traspaso a Santander. Buena parte de esa deuda estaba en manos de inversionistas particulares, muchos de ellos clientes de Popular o de su nuevo propietario. Lo mismo sucedía con las acciones.
Para evitar una fuga de clientes, Santander ha optado por compensar a determinados bonistas y accionistas particulares (bajo determinadas condiciones), de forma que será el banco quien asuma finalmente parte del costo de la resolución de Popular y no quienes asumieron el riesgo, como buscaba la regulación.
En Italia también se ha visto cómo el saneamiento de sus bancos en apuros ha estado condicionado por las repercusiones políticas que tendría un reguero de pérdidas entre los inversionistas minoristas dueños de la deuda de las entidades en apuros.
Una forma de evitar estos efectos secundarios es que estos instrumentos no caigan en manos de particulares, de ahí las iniciativas de prohibición, como la de Bélgica, o de imposición de condiciones, que es el camino seguido por España. Pero el BCE no quiere divisiones en Europa. Debería aplicarse un marco común en la Unión y un enfoque coordinado entre las autoridades de la Unión y de los estados miembros. Esto evitaría que se adopten diferentes enfoques nacionales y, por lo tanto, que exista una fragmentación en el mercado de estos instrumentos , advierte el supervisor.