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Economía

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Gasto en protección social aumentó 26% en lo que va del sexenio; nivel histórico

En el primer semestre del 2019, primer año de la administración, se destinaron a este rubro 585,126 millones de pesos, y en el mismo periodo de este año se ejercieron 736,567 millones.

El gasto que se destina a la protección social incrementó 25.9% en lo que va del sexenio, con lo cual se ha ubicado en niveles históricos y que, probablemente, aumente aún más ante las prioridades de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que datan desde el 2007, el incremento del gasto en protección social en los primeros cuatro años del sexenio de López Obrador ha sido el más significativo en comparación con otros gobiernos.

En el primer semestre del 2019, primer año de gobierno de López Obrador, el gasto en protección social fue de 585,126 millones de pesos, mientras que para el mismo periodo de este año, los recursos que se ejercieron por este rubro fueron por 736,567 millones.

Durante la primera mitad del año, el gasto en protección social alcanzó 736,567 millones de pesos, mostrando un crecimiento real anual de 7.5%, como parte del interés por abonar al bienestar de la población de más bajos ingresos”, comentó la Secretaría de Hacienda en su último informe trimestral.

Si bien en administraciones pasadas el gasto en este rubro ha incrementado, ha sido en una menor magnitud. En la administración de Felipe Calderón, el gasto en este rubro mostró un incremento de 15.9%, mientras que en los primeros cuatro años de Enrique Peña Nieto como presidente, el aumento fue de 21.2 por ciento.

Prioridad

El gasto en protección social se refiere a aquellos recursos que destina el gobierno a servicios y transferencias a personas con enfermedades, incapacidades, edad avanzada, familias e hijos, desempleo, vivienda y aquellos que se encuentran excluidos socialmente.

“Esta función cubre riesgos que puede enfrentar toda la población (por ejemplo, enfermedad, edad avanzada y desempleo), pero también riesgos asociados a problemas estructurales como la pobreza y la desigualdad (subfunción exclusión social, en que se incluyen, por ejemplo, los programas de transferencias condicionadas)”, de acuerdo con la definición de la CEPAL.

En México, el gobierno actual ha hecho especial énfasis en este gasto, sobre todo ante la pandemia del Covid-19, en la cual se incrementaron y aceleraron los pagos de ciertos programas sociales, como lo fue la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores.

Al cierre del primer semestre de este año, el gasto en protección social representó 29% del gasto programable total que ejerció el gobierno, es decir, de aquel que va destinado a proveer bienes y servicios a la población.

Para el cierre del año, de acuerdo con lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, se espera que el gasto total ejercido en protección social sea de 1 billón 477,208 millones de pesos.

Aumento para el próximo año

Los recursos para los programas sociales mostrarán un incremento para el próximo año, dijo Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, a diputados de Morena el jueves pasado.

De acuerdo con declaraciones de Erasmo González, presidente de la Comisión de Presupuesta y Cuenta Pública de San Lázaro, el secretario de Hacienda les explicó, durante la Plenaria de Morena LXV, que los recursos para los programas sociales están asegurados, sin dar un mayor detalle sobre el incremento que se propone para el presupuesto de estos.

“(Lo que explicó fue) que se presentará un Paquete Económico 2023 equilibrado, responsable y realista (...) dio los lineamientos con los cuales se pueden ir entendiendo, de manera anticipada, el Paquete Económico. Un impulso y garantía en el presupuesto de los programas sociales, programas del bienestar, como becas para jóvenes en escuela pública, la Pensión de Adultos Mayores, lo que corresponde a los apoyos a las personas con discapacidad, y dejar bien claro que eso se hace en un marco de no incremento de impuestos, con una muy sensible percepción de no endeudar al país”, declaró a medios.

Agregó que, al igual que otros años, no habrá un incremento o creación de impuestos, esto para cumplir con la promesa del gobierno que se hizo desde campaña, y pese a las reformas fiscales que otros países en América Latina han impulsado.

Se espera que el 8 de septiembre el Ejecutivo federal, por medio de la SHCP, entregue a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2023, para así empezar con los trabajos de análisis, discusión y aprobación de lo propuesto por el gobierno en materia de ingresos y gasto para el siguiente año.

ana.martinez@eleconomista.mx

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