Piden más para Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas

Los últimos datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas indican que, al cierre de agosto, se han reportado 3,024 fosas clandestinas con más de 4,970 cuerpos que se suman a las más de 37,000 personas fallecidas, no identificadas y en posesión de los servicios forenses de todo el país, indicó Natalia Pérez, investigadora del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad en Fundar.

Ante dicho panorama, comentó que los 700 millones de pesos que se quieren presupuestar a la comisión en el 2020 son insuficientes para cumplir con las 10 medidas anunciadas por el gobierno federal en materia forense y para continuar con la búsqueda de personas desaparecidas en todo el país.

En el marco de la segunda reunión de Parlamento Abierto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, declaró que no se puede seguir recortando el presupuesto que se le asigna a la secretaría de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, la cual entre el 2016 y el 2019 acumula reducciones de 30%, a pesar de que las desapariciones forzadas siguen aumentando.

Otro aspecto que mencionó la investigadora de Fundar es que, para el 2020, a la Fiscalía Especializada para la Erradicación del Delito de tortura sólo se están asignando 750,000 pesos para más de 9,500 carpetas de investigación que se tenían registradas al cierre del 2017.

“Este presupuesto resulta irrisorio e insuficiente para poder atender debidamente la investigación de los casos de tortura y para poder prevenir que estos hechos sigan ocurriendo (...) Para la Guardia Nacional, cuyos elementos son los que más cometen el delito de tortura, su presupuesto fue elevado en 3.8 millones de pesos”, declaró.

Criticó que el presupuesto de la fiscalía especializada para investigar casos de desaparición forzada y desaparición por particulares tan sólo representa 3.5% del presupuesto que será asignado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

“Lo anterior sólo muestra que la prioridad presupuestaria en las instancias de investigación y procuración de justicia sigue siendo el combate al crimen organizado y no la defensa a los derechos humanos y evitar las violaciones graves a éstos por parte de los agentes del Estado”.

Anexos al combate a la corrupción

Paulina Vallejo, directora general adjunta de la Unidad de Riesgos y Política Pública de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, también pidió a los diputados que, en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, se pueda incluir una propuesta para que en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se incorpore un anexo trasversal anticorrupción.

Dicho anexo, serviría para dar seguimiento a los recursos que utilizan las dependencias del gobierno para combatir la corrupción dentro de sus diversas áreas de trabajo, agregó.

“La idea es mejorar el monitoreo del gasto destinado al combate a la corrupción y contribuir a la transparencia y la rendición de cuentas del Sistema Nacional Anticorrupción”, mencionó.

En tanto, Ernesto Peralta Medina, director ejecutivo de Borde Político, pidió mayores recursos para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México.

Indicó que para el 2020 se propone un incremento de recursos de 20%, pero se requiere un aumento de 50% para poder atender todas las necesidades vinculadas con la seguridad pública de los municipios y de la capital.

Finalmente, Armando Robinson, director general adjunto en la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad de la Secretaría de Gobernación, pidió 191 millones de pesos adicionales para garantizar la efectividad de la operación del Registro Nacional de Población en el 2020.