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Procuraduría Fiscal ha presentado 570 querellas por delitos fiscales: Romero Aranda
Representan un daño de poco más de 20,000 millones de pesos contra el fisco federal, explicó el procurador fiscal.
Las reformas que se han aprobado para perseguir y castigar delitos fiscales, como la reforma fiscal penal y la reforma contra el outsourcing, han sido efectivas, consideró Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de la Federación.
Lo anterior, añadió, se refleja en los números que ha obtenido la procuraduría. Ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para hablar sobre el Paquete Económico 2022, el funcionario detalló que en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se han presentado 570 querellas por delitos fiscales.
“Estas querellas representan un daño de poco más de 20,000 millones de pesos contra el fisco federal, así como contra el patrimonio de los mexicanos”, aseveró ante los legisladores.
Romero Aranda precisó que en estos delitos están envueltos los llamados factureros –aquellos que emiten comprobantes fiscales falsos–, así como personas que usaban el outsourcing para evadir impuestos, empresas, políticos corruptos y empresarios.
Destacó que, del lado de la reforma fiscal penal, uno de los objetivos es poder investigar e ir por las cabezas de los grupos delictivos de las factureras. Esto ha permitido que se empezaran procedimientos contra personas físicas y morales que han hecho una defraudación fiscal por 7.8 millones de pesos o más.
También informó que se han vinculado a proceso más de 100 casos de delitos fiscales, que representan un monto de 2,000 millones de pesos, además de detectarse 50 asuntos de delitos financieros referentes a centros cambiarios sin registro y sociedades de ahorro, entre otros.
En el caso de la reforma contra el outsourcing, Romero Aranda destacó que a través de ésta se logró ir contra el “grupo criminal más importante de tercerización”, el cual tenía alrededor de 200,000 trabajadores en su nómina.
“Salimos airosos”
Las reformas aprobadas hicieron posible que, en el 2020, aún con la pandemia del Covid-19, que provocó una crisis sanitaria y económica en el país, se lograra mantener la recaudación de impuestos y se evitara una disminución en estos ingresos.
Además, destacó que con ello se evitó incurrir en la adquisición de deuda por parte del gobierno para solventar el gasto, tal como pasó en otros países emergentes que optaron por esa vía ante la crisis que se vivía.
“Las reformas permitieron que saliéramos airosos en el 2020 en cuanto a la recaudación (…) En el 2020 hubo una recaudación muy importante de los grandes contribuyentes y, paralelamente, se presentaron 42 denuncias contra los grupos factureros más importantes del país y se van a presentar 100 querellas contra las personas que han consumido las facturas o las han recibido asimilables a salarios”, declaró.
Delincuencia organizada
Ante el cuestionamiento del diputado Marcelino Castañeda, del PRD, sobre si ahora los contribuyentes serían tratados como parte del crimen organizado con estas reformas, el procurador fiscal indicó que esto no sería el caso.
“Usted decía que no quería ser tratado como delincuencia organizada y/o defraudación fiscal, que no fuera así para cualquier contribuyente que cumpliera con sus obligaciones fiscales. Estoy de acuerdo con usted porque el régimen de delincuencia organizada no es para contribuyentes y menos para los que están al corriente de sus obligaciones fiscales, es para delincuentes”, aseveró.
Explicó que la reforma fiscal penal no va dirigida hacia el contribuyente normal que, por alguna razón, se atrasa en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, sino a grupos criminales grandes que evaden millonariamente al fisco.
kg