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Ramo 23 reportó el menor gasto desde el 2005; cayó 48%
Si sólo se considera junio, “Caja negra” presentó una reducción anual en su gasto de 53%.
Durante el primer semestre del año, el ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, mejor conocido como el fondo moche o la caja negra del presupuesto, registró un gasto de 52,684.1 millones de pesos, lo que significó una reducción de 47.4% en términos reales y respecto al mismo periodo del 2018.
Es la disminución más alta que se haya registrado desde el 2005 para un periodo similar. Además, su gasto fue menor a lo que se tenía programado por 67,884.3 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Si sólo se considera junio, el ramo 23 presentó una reducción anual en su gasto de 53%, con lo que ejerció 7,651 millones de pesos.
Desde que inició la administración de Andrés Manuel López Obrador, este ramo se ha visto amenazado con su posible eliminación, o bien, con reducciones al gasto. A través del ramo 23, se transfiere una gran cantidad de recursos a las arcas de los estados y municipios en fondos que carecen de reglas de operación, lo que dificulta el seguimiento de los recursos.
Ricardo Gallegos, director ejecutivo senior de finanzas públicas e infraestructura de HR Ratings, comentó que estados como Colima, Coahuila, Quintana Roo, Nayarit, Morelos, Chiapas, Michoacán, Veracruz y Baja California Sur han hecho ajustes a sus gastos para poder palear los ingresos que percibían del ramo 23.
“Las reducciones en el gasto de los estados las percibimos principalmente en adquisición de bienes inmuebles y servicios generales, de los cuales muchos están relacionados con obra pública y en ese rubro también vemos importantes reducciones”, dijo en entrevista.
Indicó que, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, para este año se aprobaron recursos al ramo 23 por 112,996.6 millones de pesos, lo que significó 30.5% menos de lo que se le presupuestó en el 2018.
Estados podrían endeudarse
Ante menores ingresos del ramo 23, el especialista de HR Ratings expuso que estados como Quintana Roo, Michoacán, Ciudad de México, Sonora, Baja California, Morelos, Chiapas, Jalisco y Tamaulipas podrían requerir créditos de corto plazo y anticipo de participaciones como una medida de liquidez.
“Los ingresos de estas entidades dependen poco más de 5% de los recursos que perciben del ramo 23 (...) el efecto, en términos generales, es que prácticamente casi todos los estados han podido hacer ajustes en el gasto; sin embargo, es un tema estacional, los gastos más importantes se verán en el segundo semestre”.
Comentó que la mayoría de los estados no sólo ha dejado percibir recursos del ramo 23, sino también recursos para convenios, los cuales sirven para que los estados puedan solicitar dinero a secretarías federales como la de Comunicaciones y Transportes, o bien, Conagua y la SEP.
Todavía hay discrecionalidad
Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción, explicó que si bien con la llegada de López Obrador a la presidencia se eliminaron algunos fondos que eran poco transparentes, como el Fondo para el Fortalecimiento Financiero, uno de los problemas que persiste es que la Secretaría de Hacienda continúa asignando recursos sin que pasen por un proceso de discusión en la Cámara de Diputados.
Por ejemplo, en el PEF 2019, el Fondo de Capitalidad se había eliminado, pero al revisar la Cuenta Pública al segundo trimestre de este año, se observa que resurgió, al cual ya se le asignaron 2,590 millones de pesos, detalló.
“El problema es justo ése, a diciembre del 2018 habían matado casi todos los fondos y de repente resurgió el Fondo de Capitalidad por decisión de la SHCP y de nadie más; ya tiene metidos 2,590 millones de pesos que le van a inyectar únicamente al gobierno de la CDMX para que gaste en lo que quiera”, expuso.
Para el politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el problema es que siguen abiertos los caminos para que la SHCP disponga de los recursos de manera discrecional, lo que puede provocar actos de corrupción, en el sentido de que se amplía la posibilidad de más discrecionalidad de los recursos y se reduce la posibilidad de rendición de cuentas.
Gallegos coincidió en que uno de los temas que se deben arreglar en el ramo 23 es la asignación de los recursos a las arcas de gobiernos locales.