Refuerzan protección de contribuyentes con tratados: Prodecon

Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, los contribuyentes adquirieron una nueva defensa al amparo de los tratados internacionales, afirmó la ombudsman fiscal, Diana Bernal.

Sin embargo, advirtió que de nada servirá si no se reivindican y postulan como derechos fundamentales. De ahí el gran reto para la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), dijo su titular.

En entrevista con El Economista, explicó que no sólo los derechos de los causantes, sino también las garantías para su protección tienen ahora una nueva tutela.

Recordó que apenas en junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma en esta materia, en la cual se identifica en el artículo primero los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos de México como en los tratados internacionales de los que nuestro país forma parte.

Así, a diferencia de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), sólo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría Agraria y la Prodecon pueden emitir recomendaciones bajo la figura de ombudsman.

Y los síndicos del contribuyente fungen como un aliado frente al Servicio de Administración Tributaria o como un componedor amigable que puede plantear puntos de vista.

SAN JOSÉ Y LA ONU

Diana Bernal mencionó que en el Pacto de San José se consagra expresamente los derechos de los contribuyentes. Se establece que debe ser oído con todas las garantías para la determinación de los derechos y obligaciones correspondientes en el orden fiscal y la jurisdicción de todos los aspectos de la relación jurídica tributaria.

En tanto que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU está plasmado, entre otros, el derecho al mínimo vital, es decir a tener una cantidad libre de impuestos.

El salario mínimo no debe ser gravado; eso viene ya establecido en un tratado internacional , reiteró.

Asimismo, a que cualquier autoridad puede dejar de aplicar una norma fiscal inconstitucional aunque no haya declaratoria de la Suprema Corte de Justicia.

La defensa de los pagadores de impuestos debe ser reconocida porque son importantes actores en la contribución de recursos del Estado y quien afecta su derechos humanos son las autoridades, el poder público.

De tal forma que en sus derechos se debe distinguir la buena fe de los causantes, mientras que la autoridad tiene que probar la omisión porque la presunta culpabilidad es una deformación del sistema, aseveró.

Todo ello, sin olvidar que es una obligación pagar impuestos pero no tiene por qué ser calladitos y de buen modo , violando sus derechos.

lflores@eleconomista.com.mx