Sumarse a Ponte al corriente no debe estigmatizar

La ombudsman fiscal, Diana Bernal Ladrón de Guevara, consideró preocupante que se estigmatice a aquellos contribuyentes, ya sean personas físicas o morales, por el solo hecho de que el fisco les haya determinado un adeudo o crédito y hayan recurrido al programa de regularización Ponte al corriente.

Sin referirse al caso específico de una empresa televisiva que se acogió al perdón fiscal, aseguró que es preocupante el hecho de que en forma indiscriminada y sin juicio previo se considere evasor a cualquier contribuyente sobre el que pese un crédito, simplemente porque se acoge a un programa de regularización votado por el Congreso y establecido en ley .

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) informó que en la mayoría de los casos los pagadores de impuestos que se han acercado a pedir orientación para regularizar su situación con base en el programa que lanzó el gobierno, son asuntos que involucran menos de 20,000 pesos, es decir, 51%. Y sólo 2.7% son mayores a los 500,000 pesos.

Para la Prodecon es importante que la sociedad esté informada de que el Servicio de Administración Tributaria únicamente implementó el mencionado programa en aplicación estricta del artículo tercero transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.

Aclaró, además, que en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para 2013, el Ejecutivo no propuso ni incluyó el artículo mencionado, es decir, en el Paquete Económico que se presentó el viernes 7 de diciembre del año pasado, el Ejecutivo no preveía ninguna condonación o regularización de adeudos fiscales.

Fue la comisión dictaminadora de la Cámara de Diputados la que introdujo este programa bajo el siguiente argumento presentado en el Pleno: estamos orgullosos de contribuir con esta ley a incrementar la eficacia recaudatoria, apoyar a los contribuyentes y plasmar en este instrumento beneficios directos para todos los mexicanos .

Al respecto, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos dijo que no se deben personalizar los casos.

leonor.flores@eleconomista.mx