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Anticipan recorte presupuestal en Colombia
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) de Colombia aseguró que en 2024 se cumplió con la regla gracias las transacciones de única vez, TUV, pero estas no aliviaron la situación para 2025, y por lo tanto este año el Gobierno tendrá que mantener la política de austeridad y de recortes.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) de Colombia aseguró que en 2024 se cumplió con la regla gracias las transacciones de única vez, TUV, pero estas no aliviaron la situación para 2025, y por lo tanto este año el Gobierno tendrá que mantener la política de austeridad y de recortes. Según la entidad, para la presente temporada el ajuste tendrá que ser mínimo de $46 billones (11,135 millones de dólares) (2.6% del PIB) para cumplir con el Marco Fiscal.
“En 2024 se cumplió con la Regla Fiscal, como resultado de la inclusión de TUV aprobadas por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) el 2 en diciembre de 2024 por $31.9 billones y de las medidas tomadas para reducir el gasto $20.6 billones de los $28.4 billones de recorte presupuestal que tuvieron impacto fiscal”, explicó Carf a través de un comunicado.
No obstante, para el cierre fiscal del año anterior, el déficit se ubicó en 6.8% del PIB, 2.5 puntos porcentuales más de lo que se registró en 2023 (4.3% del PIB), resultado superior a lo previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, esencialmente porque la deuda ascendió a 60% del PIB. De hecho, el comité advierte que el recaudo tributario fue de $71.2 billones, monto inferior a lo calculado en el Presupuesto de 2024. Todo esto pone en evidencia la delicada situación fiscal que atraviesa el país sobre todo por que los TUV tendrán impacto fiscal en los próximos años.
“En el escenario base, el Carf manifiesta que el cumplimiento de la regla fiscal en 2025 requeriría medidas para incrementar los ingresos o reducir los gastos por, al menos, $46 billones (2.6% del PIB). Adicionalmente, se advierte sobre unos riesgos como el exceso de gasto comprometido, pero aplazado de 2024 a 2025, y la decisión del salario mínimo, que significan una presión fiscal adicional de 1.6% del PIB”, detallaron.