A Santa Lucía, aviones grandes y vuelos foráneos

El Aeropuerto internacional de Santa Lucía (AISL), que requiere de una inversión de 67,000 millones de pesos, está planeado para ser: “complementario, austero, decoroso, funcional, seguro, decente y moderno”, en el que las dos pistas a construir tendrán un uso preferente para aviones de mayor dimensión de pasajeros (con rutas fuera de México) y de carga, porque se buscarán convenios con las aerolíneas, de acuerdo con información difundida por Grupo Riobóo, impulsor del próximo sistema aeroportuario.

A pesar de que la Cámara Nacional de Aerotransportes manifestó su desacuerdo por la duplicidad de costos de operación al estar también en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ha trascendido que hay empresas que ya negocian para mantener “una gran parte” de sus conexiones nacionales e internacionales en la actual terminal, lo cual es posible por las inversiones en infraestructura que han realizado, como Aeroméxico e Interjet.

En la propuesta del gobierno entrante, la instalación donde se hará el ahorro más notable será el edificio terminal (con espacio para 33 posiciones), que en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), diseñado por Norman Foster y Fernando Romero, tiene una extensión de 74.3 hectáreas y un costo de 84,828.3 millones de pesos, mientras que en el nuevo desarrollo se plantea en una superficie de 34 hectáreas y costará 1,614.9 millones de pesos, incluido su equipamiento.

En el caso de las pistas, tendrán una extensión de 5.1 y 4.6 km y están presupuestadas entre los 4,069 y 3,617 millones de pesos (las que están en construcción en Texcoco oscilan entre los 7,359 y 7,926 millones de pesos con una longitud de 5 km).

De acuerdo con el próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, el edificio terminal podrá atender a unos 50 millones de pasajeros por año y “será suficiente” para complementar las operaciones del AICM y el aeropuerto internacional de Toluca y con ello resolver el problema de saturación aérea existente en el centro del país.

En las instalaciones de Santa Lucía, se realizarán operaciones nacionales e internacionales, de la misma manera que ocurre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con sus respectivas instalaciones, y los pasajeros que requieran trasladarse los alrededor de 44 kilómetros entre las dos instalaciones lo podrán hacer mediante un tren ligero o sistemas BTR (tipo Metrobús), en vías confinadas, de acuerdo con el proyecto Sistema Aeroportuario del Valle de México, elaborado por José María Riobóo y Sergio Samaniego.

En el documento publicado por los dos ingenieros mexicanos el año pasado, y que esta semana está previsto que se presente actualizado, se deja en claro que la infraestructura de la base aérea militar (pista e inmuebles relacionados) se mantendrá y no se usarán comercialmente, porque de las 2,320 hectáreas que tiene de extensión se prevé el uso de unas 2,000 para construir las dos pistas en una primera etapa y una más si fuera necesario, además de la infraestructura requerida para la operación.

Sin embargo, no se ha precisado el esquema de financiamiento que se utilizará, la participación que tendrá el gobierno federal, ni cómo se realizarán todos los estudios requeridos antes de iniciar la construcción.

Operaciones simultáneas

Sobre la viabilidad aeronáutica, Jiménez Espriú ha reiterado que se cuenta con la opinión favorable de expertos (OACI y Navblue), aunque falta realizar otro estudio de reingeniería del espacio aéreo.

Además, explican en el texto Riobóo y Samaniego que las pistas del AICM y del AISL son “prácticamente paralelas” por lo que no existe complicación mayor, opinión que ha sido rebatida por agrupaciones nacionales e internacionales de aerolíneas y por los técnicos de la organización MITRE. Sobre su interés de elaborar una propuesta alterna al NAIM, explican que su anteproyecto está sustentado en el beneficio social, económico y ambiental, por lo que considera preservar y proteger el ambiente.

Entre las múltiples dudas que existe sobre el desarrollo de Santa Lucía, está la de cómo harán los pasajeros que tengan que hacer vuelos de conexión y los ingenieros explican: “Se requiere una ruta de traslado directo en autobús o tren ligero en una línea libre, de manera que le dé seguridad a la persona que efectúa conexiones de vuelos, por ejemplo, a la persona que viene de Guadalajara (o cualquier sitio del interior del país) y que tiene que continuar su viaje con un vuelo internacional o a la inversa (...) aunque no sería en todos los casos, pues se prevé que ambas terminales tengan dos esquemas: nacional e internacional”.

Para la conexión entre los aeropuertos, que en línea recta son 30 km, se plantea en el papel, el uso de la autopista Peñón-Texoco (ampliada), el Circuito Exterior Mexiquense (en el proyecto de Riobóo se aprecia un segundo piso por donde podría ir el tren o un BRT) y una nueva autopista.

Debido a que en esa propuesta hay demasiadas interrogantes, la Cámara Nacional de Aerotransportes ha referido que habilitar Santa Lucía como terminal de pasajeros carece al momento de especificaciones en cuanto a infraestructura aeroportuaria, aduanas, mantenimiento, zona de hangares, vialidades de rodaje, desarrollo espacio aéreo, cuerpo de rescate y extinción de incendios o abastecimiento de combustible.

Para las aerolíneas, representaría un incremento en los costos de operación al tener que contar con facilidades para personal, equipo y servicios en ambas terminales, y que los tiempos mínimos de conexión en lugar de reducirse tendrían que ampliarse. Además de que no se cuenta con un plan integrador que incluya infraestructura hotelera y de servicio (transporte, taxis, entre otros).

Aldesa, primer contratista foráneo en decir que respetará cancelación del NAIM

El grupo constructor español Aldesa evitará la confrontación legal, nacional e internacional, por la futura cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), proyecto en el que tiene a su cargo la construcción de la torre de control, cuyo contrato vigente es por un monto de 1,242.1 millones de pesos, y afirma que apuesta al diálogo porque quiere seguir invirtiendo.

En un comunicado emitido el viernes por María del Mar Pedreño, representante de la empresa, se mencionó que respetan “las decisiones del nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador sobre el futuro del nuevo aeropuerto y se muestra abierto a dialogar, colaborar y trabajar en esta nueva etapa de gobierno”.

Así, Aldesa fue la primera empresa extranjera que participa en el NAIM en manifestar su posición públicamente. Antes lo hicieron las mexicanas ICA, La Peninsular y Prodemex. Previo al anuncio de cancelación, el coordinador de rondas de negociación del CCE en la renovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Moisés Kalach, planteó que las empresas extranjeras podrían recurrir a paneles de resolución de controversias por la eventual violación a líneas y cláusulas de tratados internacionales.

Entre sus negocios están la concesión para la explotación durante 30 años de las autopistas Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal y Arriaga-Ocozocoautla (Chiapas) y la construcción del Paso Exprés en Morelos, junto con la firma Eppcor.

En la torre de control, Aldesa participa en un consorcio donde la mexicana Jaguar Ingenieros Constructores tiene una participación de 50 por ciento. En su comunicado, se afirma que existe la intención de seguir invirtiendo en el país. (Alejandro de la Rosa)

alejandro.delarosa@eleconomista.mx