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CCE reprochó que no se haya consultado a la IP por NOM-001-SEMARNAT-2021
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó modificaciones a la norma de aguas residuales el pasado 27 de agosto, la cual implicaría un “gasto muy elevado”, incluyendo una inversión federal equivalente a más de 29 años de presupuesto total de la Conagua, sostuvo Carlos Salazar Lomelín.
El sector empresarial del país instó al gobierno federal a dialogar a la brevedad y alcanzar un consenso en las disposiciones y los tiempos para la entrada en vigor de la norma. Foto: Cuartoscuro
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reprochó que no se haya consultado a la Iniciativa Privada ni a los órganos reguladores en la materia para aprobar la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, la cual, anticipó, provocará impactos económicos y es violatorio a los acuerdos comerciales internacionales.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aprobó modificaciones a la norma de aguas residuales el pasado 27 de agosto, la cual implicaría un “gasto muy elevado”, incluyendo una inversión federal equivalente a más de 29 años de presupuesto total de la Conagua, sostuvo Carlos Salazar Lomelín.
A través de un comunicado, el CCE se pronunció por la designación de un experto en materia económica por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) para establecer con toda precisión el costo de cumplimiento por inversión, que dista mucho de los 70,000 millones de pesos consignados en la manifestación de impacto regulatorio elaborado por la Semarnat en 2017, en comparación con los 700,000 millones de pesos que considera la ANEAS (Asociación Nacional de Entidades de Agua), que agrupa a los organismos de operadores de agua y saneamiento municipales, intermunicipales y estatales, más los costos de inversión del uso agrícola, Pemex y CFE, y de la propia industria privada.
La industria nacional ya había advertido de los graves riesgos para sectores como el agropecuario y diversas industrias, como el aumento de costos y que restaría competitividad a nuestro país, al establecer parámetros que otros países no tienen, de tal suerte que se va a exigir a los usuarios agrícolas, a los organismos operadores de agua que entregan el agua a domicilio, parámetros que van a implicar cambios sustanciales.
Si bien la NOM 001 data desde 1996 y en 2017, se comenzó el proceso para adecuarla, no se contempló a los actores involucrados y en este año, la Cofemer de manera unilateral determinó avalarla.
Por ello el CCE lamentó que “la Norma fue aprobada con votos en contra de la industria privada, de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como con la abstención de la Secretaría de Marina, por considerar que establece parámetros excesivos y que a nivel internacional no son contemplados, ya que contravienen y/o violan tratados internacionales como el T-MEC”.
El sector empresarial afirmó que la NOM 001 afectará severamente en materia económica a todos los usuarios de agua (productores agropecuarios, organismos operadores de agua e industria privada y pública), al tener que modificar o sustituir las plantas que operan conforme a la norma 001 vigente y quienes carecen de plantas de tratamiento tendrán que instalarlas, lo que en todo caso va a implicar costos adicionales que serán repercutidos al precio de los productos agrícolas, industriales, mayores tarifas eléctricas y en los productos derivados del petróleo, así como en las tarifas del servicio de agua potable y saneamiento municipales, intermunicipales y estatales, sin mencionar que el plazo fijado de un año para la entrada en vigor es claramente insuficiente para los trabajos de logística, ingeniería y construcción para la adecuación de miles de plantas de tratamiento industriales, estatales y municipales, a lo largo y ancho del país.
“El costo de inversión para el cumplimiento de la NOM 001 de acuerdo con las cifras de ANEAS equivaldría a 29 años de presupuesto total de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que los organismos operadores de agua potable y saneamiento construyan, cambien o modernicen sus plantas de tratamiento, que actualmente sólo tratan el 53% de sus descargas”, acotó el CCE.
El sector empresarial del país instó al gobierno federal a dialogar a la brevedad y alcanzar un consenso en las disposiciones y los tiempos para la entrada en vigor de la norma, partiendo del análisis y un diagnóstico profundo, en beneficio de todos los sectores involucrados.
Así como de un plan integral de corto, mediano y largo plazos, orientados al correcto diseño y operación continua y eficiente de las plantas de tratamiento de aguas residuales, que permita la limpieza de los ríos, lagos, mares y demás cuerpos de agua nacionales, planteó el organismo privado.
lilia.gonzalez@eleconomista.mx
rrg