Cambio climático obliga a implementar modelo basado en energías renovables, coinciden expertos en Parlamento Abierto

El Estado debe garantizar el acceso a la electricidad de las personas, como un bien social que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones como enfermedades o contingencias climáticas. Sin embargo, la emergencia del cambio climático obliga a que se implemente un modelo con la mayoría de las energías renovables, lo que un Estado no puede costear pero sí debe vigilar, coincidieron analistas en el séptimo foro del Parlamento Abierto rumbo a la discusión de la iniciativa para revertir la reforma energética del 2013 en materia eléctrica.  

En el diálogo con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Luis Barragán Serra, director ejecutivo de la Iniciativa de Energía del Tecnológico de Monterrey en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, aseguró que el país debería estar discutiendo la transformación hacia la digitalización y migración rumbo a la red 4G del sistema eléctrico, para robustecer la transmisión, distribución y por tanto la disponibilidad de la energía en el país, y no en la propiedad de la generación, que es sólo un aspecto inicial de la cadena energética.  

“Debemos discutir a la luz de la amenaza del cambio climático y todos los servicios que se deben asegurar, que son prioritarios, el cambio climático está aquí y enforcarse en la propuesta de oscurantismo que tenemos en esta iniciativa nos va a llevar a dejar a generaciones enteras en vulnerabilidad energética”, dijo Barragán Serra.

Rosío Vargas Suárez, investigadora del CISAN y la UNAM dijo que la electricidad es un bien estratégico para un gobierno, ya que “la diferencia entre la vida y la muerte puede ser la electricidad” y el Estado debe ser garante de este acceso, si no, estará fallando en su labor.  

“La electricidad es un bien público, indivisible. En el contexto del mercado se olvida este fundamento y se cometen excesos como lo que se hizo en la reforma anterior”, aseveró, “la seguridad nacional está completamente ligada de la seguridad energética y se cayó en un desbalance entre la oferta y la demanda pone en riesgo físico las redes y se debe reparar”, comentó la especialista.  

Fernando Zendejas Reyes, exsubsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía (Sener) explicó que gracias a los cambios implementados en el 2013 se instalaron 12,000 megawatts de energía limpia, de los 157,000 de capacidad instalada que tiene el país. El año pasado cerró con 29% de participación de estas energías y difícilmente se llegará a 35% base de estas energías para garantizar la seguridad energética y nacional, si se cambia el orden de despacho, como plantea la iniciativa de reforma.   

“No es un tema de retórica, es un tema de salud y seguridad pública. Las plantas de generación tienen una vida útil, no son perpetuas, y las líneas de transmisión y distribución deben modernizarse, ¿alcanza el dinero para hacerlo todo solos?”, dijo Zendejas. 

A su vez, Guillermo Nervaez Elizondo, director general de CFE Distribución, recordó que después de 2013 se cancelaron las temporadas abiertas para que quienes se instalen en el país contribuyan con el financiamiento de las redes. Así, se instalaron donde quisieron, con cambios de reglas en que los productores independientes de energía ya representan el 30% de la generación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mientras se otorgaron permisos por 100,000 megawatts adicionales, y deberán entrar en operación a pesar de que la demanda máxima es de 50,000 megawatts, cuando se requiere de entre 15% y 20% de capacidad de reserva.  

“Las subastas sólo aportan el 1.2% de la generación, se debe reconocer que la legislación actual tiene el objetivo de fortalecer capitales privados y eso debe modificarse, es un tema de seguridad nacional”, aseguró.

Pobreza energética

Karla Cedano Villavicencio, presidente de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) y titular de Technology Management del Instituto de Energía Renovable de la UNAM, explicó que la pobreza energética le impacta a más de 28% de los hogares en México puesto que si más de 30% de los ingresos de un hogar van a la energía, está en condiciones de pobreza energética.  

“Energía asequible, continua y con energía renovable, es responsabilidad de todos pero la rectoría debe ser del Estado”, reiteró, “el error más grande que podemos cometer es introducir más energía nuclear porque quedamos en manos de los capitales que controlan el combustible y los residuos y ésos sí no son nuestros”, dijo Cedano.  

Carlos Morales Mar, director de Operaciones de la CFE, recordó que el país sacaba de su producción nacional el 52% del gas natural para generación eléctrica, pero este año se llegó a 70% de gas importado, con las modificaciones legales y políticas de costos que tiene la ley actual, lo que urge al cambio porque el país se encuentra en una situación de vulnerabilidad por esta situación de dependencia al gas extranjero.  

“Porque las subastas y el modelo actual tiene un sentido económico, no de seguridad nacional”, se vulnera al sistema eléctrico nacional, hay alta concentración nodal de renovables con 11 de los 82 nodos de despacho existentes con la totalidad de renovables listas para despacharse sin infraestructura para que se conecten, hay sobreoferta de capacidad, se protege la simulación de autoabasto, se permite a los PIE generar excedentes quitando ingresos a la CFE y la forma de revertir todos estos daños es con la reforma que se plantea”.

karol.garcia@eleconomista.mx

kg