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Cartas de tránsito para el sindicato cuestan más de 3 millones de pesos al Imer: Aleida Calleja
El Instituto Mexicano de la Radio no puede hacer frente a sus compromisos financieros con los 159.25 millones de pesos asignados por el Congreso para operar 17 estaciones análogas de AM/FM y pagar los sueldos de más de 200 trabajadores de todo el país y a ello se suma la presión de las cuotas que cobran los sindicatos por emplear a comunicadores no sindicalizados.
Aleida Calleja Gutiérrez vive horas difíciles al frente de la dirección general del Instituto Mexicano de la Radio (Imer), un conjunto de 17 estaciones de radio pública AM/FM que cubren medio México y que atrapan un millón de escuchas netos al día por todo el país.
El Imer apagó el sábado la programación noticiosa y de análisis de sus emisoras de amplitud modulada (AM), porque ya no pudo cumplir con las cartas de tránsito que le exige el sindicato, cuando un contenido que sale al aire es originado por un trabajador no sindicalizado. El Instituto carece también de recursos para pagar servicios esenciales, como la energía eléctrica con la que echa al aire sus señales y los edificios donde ubica las cabinas de transmisión o las antenas.
Calleja ahora enfrenta las complejidades de no poder usar una bolsa de 11 millones de pesos con los que podría pagar esos insumos y los sueldos de muchos empleados del Imer y encima, el andamiaje jurídico de este organismo y trabajos de regularización de terrenos que se quedaron a medias con administraciones pasadas no le permiten rentar hoy su infraestructura pasiva a terceros grupos radiofónicos de donde pudiera levantar dinero para autofinanciar y expandir la operación del Imer.
—¿El apagón de la programación noticiosa obedece más a un tema de recortes presupuestales, las cartas de tránsito con el sindicato o es una combinación de ambas lo que sacó del aire a esos contenidos?
—Tiene que ver con las dos cosas, porque por un lado, en efecto, estamos sufriendo por esta reserva presupuestal que todavía no es un recorte en sí, sino una reserva presupuestal que nos restringe muchísimo más el presupuesto de por sí ya acortado. Traíamos ya un recorte de 19 millones de pesos, fijado por la Cámara de Diputados desde diciembre y que trastoca las partes sustanciales de la operación del Imer en lo que toca a las AM; un problema grave por el elevado consumo de energía de esas estaciones.
La otra tiene que ver con esas famosas cartas de tránsito que nos exige el sindicato “a” y que propiamente es pagarles por toda aquella voz que salga y que no sea de gente del sindicato. Eso se lleva una parte importante del presupuesto que en este momento no tenemos, por eso es que salen temporalmente las emisiones del sistema nacional de noticias de las emisoras de AM; salen un programa de debate y algunos otros que son de contenidos educativos o de orientación. Eso es lo que nos obliga a sacarlos. Esa programación no sale de las emisiones de FM, porque ahí no tenemos que pagar ninguna carta de transito de ningún tipo. En esencia esto tiene que ver con la salida de este tipo de programas de las emisoras de AM, que es donde está el sindicato “a”.
—¿Esta acción de sacar del aire esos programas puede repercutir en algún tipo de protesta de parte del sindicato contra la dirección del Imer?
—No, porque no estamos sacando del aire al sindicato, sino que estamos sacando del aire a programas de personas que hacen esos programas sin pertenecer al sindicato. En todo caso, la gente del sindicato tendría que hacer esos programas, porque por cada periodista que hace una nota al aire, en el Imer tenemos que pagar una carta tránsito en lo que toca al sistema nacional de noticiarios.
—¿Qué tan cierto es que en el Imer se pagan al sindicato cartas de tránsito con valor equivalente al 12% del salario diario de un trabajador?
—Esto lo paga el Imer y está establecido en el contrato colectivo de trabajo. Incluso el pago es discrecional. Los líderes del sindicato, aquí en el Imer van determinando cuánto hay que pagar por carta de tránsito, por cada persona que entra a trabajar y que no es sindicalizado. Muchísimos creativos, locutores, conductores y periodistas que no son parte del sindicato, que son parte de los freenlancers y que transmiten por esas emisoras de AM, por cada una de ellas, hay que pagar una carta de tránsito. Y el monto es distinto, puede ser 12%, 11%; puede ser menos o puede ser más. Esas son cosas que quedan en la discrecionalidad.
—¿Tiene claro que esto no gusta al sindicato? ¿Está usted en posición de dialogar con ellos?
—Queremos y vamos a tener que platicar con ellos, porque la realidad es que no tenemos el presupuesto para pagarles esas cantidades; que nos escuchen o pues bien, que el personal sindicalizado haga el trabajo que no está haciendo y que es el que sí están haciendo los freelancers y las personas que están por honorarios, porque en la práctica lo que sucede es eso, que la gente del sindicato no lo está haciendo. El trabajo que los trabajadores del sindicato tendrían que realizar lo están haciendo los freelancers.
No queremos pelearnos con el sindicato, pero hay que revisar las condiciones con las cuales están operando esas emisoras en un momento en que tenemos restricciones presupuestales. Todos tenemos que poner de nuestra parte en un momento así de difícil, porque si tuviéramos que pagar las cartas de tránsito, las más mínimas de las mínimas que deben pagarse para salir con lo más esencial de contenidos, estaríamos cercanos a los 3 millones de pesos correspondientes a junio-diciembre. Si fuera al siguiente nivel, tendríamos que gastarnos entre 5 y 6 millones de pesos, que es un dinero considerable para nuestro presupuesto y eso en un cálculo conservador.
—¿También ya está lista para la lluvia de quejas que llegará al defensor de audiencias por esos cambios en las AM?
—Sin duda nos van a llover esas quejas, pero nos vimos obligados a hacer esto y por eso avisamos de estos cambios en la programación. Hoy tratamos de hacer reubicaciones de programas en otras frecuencias para que el impacto sea el menor posible; quienes estén en la zona metropolitana del Valle de México pueden escuchar en las emisoras de FM, que es donde no tenemos esas restricciones con el sindicato “a” y que está el sindicato “b”, o pueden escucharnos por Internet. Pero el problema serio está en los estados donde la gente no tiene acceso a Internet o las poblaciones donde sólo tenemos una AM.
—¿Tiene, de momento, algún avance en sus planes de buscar otras alternativas de captación de dinero para el Imer? ¿Por ejemplo a través de su infraestructura pasiva?
—Además de esta situación crítica que nos dejaron con el estado financiero, recibimos un Imer con los pendientes de que hay terrenos que tenían que regularizarse, pero que se dejaron a medias desde administraciones pasadas y ahora, en principio, estamos retomando esos trámites, para que los observe y regularice el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, buscar al IFT… y luego registrarlos en Hacienda como servicios autogenerados para que se nos autorice una tarifa en los que se pueda rentar.
Esos terrenos han generado interesados, son factibles de rentar para las AM y hemos tenido interesados no sólo de la Ciudad de México, sino de todas partes del país que nos han buscado, pero hay que solucionar primero todo eso que comento.
Otra medida sería poder usar la torre del Canal 22 para poner allí la antena del Imer y no rentar ya un lugar en el Cerro del Chiquihuite. Eso nos costaría unos 2.5 millones de pesos y la tasa de retorno sería entre dos y medio y tres años, pero ocurre que no tengo dinero para inversión y todo lo que hay es para salidas. Son los pendientes que nos dejaron, que nos toca resolver y donde vemos que sí hay condiciones para el Imer de autofinanciarse.
—¿Hasta cuándo puede ser sostenible esta “reserva” para esos 11 millones de pesos como para que no haya recortes de personal?
—Si no se quita la reserva sí hay un riesgo de que ahora sí tengamos que prescindir de varios servicios profesionales y existe el riesgo de que el pago de la luz y la renta de algunos edificios no se cumpla por este problema de la reserva. Francamente, tenemos un par de meses, quizá unos días más para resolverlo y por eso la presión del tiempo. Esto va a depender del resultado que tengamos en las gestiones con la secretaría de Hacienda y la SEP, en su respuesta estará que se pueda tener acceso y ejercer esos recursos.
—¿Siente usted el apoyo interno del Imer o existen obstáculos para redefinir a este grupo como medio público?
—No te voy a negar que existen inercias y que no ha resultado fácil. También hay trabajadores comprometidos. Diría que desde que entré y que tuvimos que hacer esos ajustes por el recorte que vino desde la Cámara de Diputados y que entonces tuvimos que prescindir de muchísimos trabajadores, también muchísimos de ellos dijeron “nos bajamos el sueldo y nos quedamos”, porque tienen la camiseta puesta. Si bien hay ciertas inercias que no son buenas para el Imer y que no ha sido fácil tratar de cambiarlas, en contraparte existe otro gran número de trabajadores que está dispuesto a continuar.
Yo quiero dar la pelea hasta el final y no pienso tirar la toalla. Es el momento del acompañamiento para que este proyecto continúe, porque si fracasa, no es el gobierno el afectado; se afecta a un sistema de medios públicos que tiene que hacer viable el derecho a la información y por tanto el que pierde es la sociedad.