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Concesionarios celebran nuevas sanciones contra toma de casetas
Este miércoles entró en vigor el decreto que modifica el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, añadiendo hasta siete años de prisión y multas de 48,110 pesos en el tema de peajes.
Las nuevas sanciones (hasta siete años de prisión y multa de 48,110 pesos) a las personas que interrumpan la operación de los servicios de peaje en autopistas para obtener un lucro fue resultado de un trabajo de tres años con legisladores y autoridades para resolver una “gran problemática” y se cuidó su redacción para no criminalizar las protestas sociales, afirmó el director de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial (AMCIVAC), Marco Frías.
Desde la mañana de este miércoles entró en vigor el decreto que modifica el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, lo que incluyó el tema de peajes.
Anteriormente se refería, en singular, a las sanciones a quien dañe, perjudique o destruya las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpa la construcción de dichas vías, o total o parcialmente interrumpa o deteriore los servicios que operen en las vías generales.
De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), entre el 2019 y el 2021, los cobros ilegales en casetas ocasionaron pérdidas que rondan los 7,000 millones de pesos y encendieron las luces de alerta, toda vez que incluía autopistas operados también por el gobierno.
Los tramos que mayor afectación tienen por dicha situación son Cuernavaca-Acapulco, el principal foco rojo, y otros en Chiapas y Oaxaca.
“Previo a la iniciativa que dio lugar a la reforma hubo un debate intenso entre los diferentes partidos políticos, porque era evidente que no se quería penalizar la protesta social, situación que nosotros compartimos. Las sanciones que refiere en el Diario Oficial de la Federación (DOF) no criminalizan la protesta social, al contrario, está dirigida claramente a quienes lucran con la toma de casetas, a través del boteo o de la extorsión a los usuarios. Es muy importante lo que sucedió”, agregó Frías.
La AMCIVAC, fue creada en el 2018 para buscar respuesta a las problemáticas del sector, cuenta con 11 empresas afiliadas que en conjunto representan el 75% de la red concesionada a empresas privadas, entre ellas: Pinfra, Aleatica, ICA, Red de Carreteras de Occidente (RCO) y Roadis.
La versión anterior del artículo 533 de la Ley planteaba sancionar con una pena de dos a nueve años y una multa de hasta 96,220 pesos actuales.
El presidente de la asociación dijo que las empresas afiliadas han manifestado su reconocimiento a todas las personas que colaboraron para modificar la ley que busca terminar con las tomas ilegales e injustificadas de casetas de peaje.
“La ocupación que traemos ahora es seguir trabajando con las autoridades para que la Ley se cumpla. Por nuestra parte afinaremos las estrategias jurídicas para desincentivar de manera importante la toma de casetas”, agregó.