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¿De qué acusa la Cofece a Walmart en México?

La fiscalía interna del organismo imputó a la minorista por presuntamente abusar de su poder de mercado para fijar precios, en detrimento de sus proveedores y competidores.

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El órgano antimonoplios de México sentó en el banquillo de los acusados a Walmart, el mayor jugador en el mercado de tiendas de autoservicio del país. ¿La razón? El posible abuso de su poder de mercado para determinar precios.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) informó este lunes que emplazó a una empresa por la “probable fijación vertical de precios y/u otras prácticas monopólicas relativas en el mercado de abastecimiento y distribución de bienes de consumo por las cadenas de tiendas de autoservicio en territorio nacional”.

Por respeto al debido proceso, que establece la presunción de inocencia de la parte acusada, la Cofece no reveló su nombre, pero este se sabe porque desde el viernes pasado la propia Walmart de México y Centroamércia (Walmart) informó al público inversionista que había sido notificada del inicio de un proceso antimonopolios en su contra.

El mercado bursátil también validó el anuncio, pues el precio de las acciones de Walmart caía más de 5% pasado el mediodía de este lunes.

En términos del procedimiento legal antimonopolio, el emplazamiento consiste en la notificación formal al o los imputados de que el fiscal interno de la Cofece, en este caso, su Autoridad Investigadora (AI), ha encontrado evidencia suficiente de presuntas violaciones a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).

El emplazamiento en el domicilio legal del o los imputados, activa de inmediato un procedimiento seguido en forma de juicio, en el que la AI es la parte acusadora.

En este, la parte acusada tiene derecho a presentar sus alegatos para que, una vez desahogado el procedimiento, el pleno de la Cofece, resuelva sobre la responsabilidad o no, de infracciones a la LFCE.

Abuso de poder de mercado

En particular, la AI de la Cofece acusa a Walmart de la comisión de prácticas monopólicas relativas, que es un delito tipificado en la LFCE.

Existen varias modalidades de estas prácticas. Entre ellas están las ventas atadas, que acontecen cuando una empresa condiciona la venta de un bien o servicio a la compra de otro.

También figura el boicot, que consiste en la concertación de varias empresas para evitar vender o adquirir bienes o servicios a otra.

Están también las exclusividades, que ocurren cuando una empresa condiciona a otra la venta de un bien o servicio al compromiso de que no adquiera bienes o servicios de otros proveedores.

Otra modalidad es la negativa de vender o proporcionar un bien o servicio que es normalmente vendido al público en general. Esta se conoce como negativa de trato.

Una más es la aplicación de subsidios cruzados. Esta se comete cuando una empresa usa las ganancias de un bien o servicio para financiar las pérdidas de otro, lo que normalmente sucede cuando la empresa baja el precio de ese producto por debajo de su precio de costo para desplazar a la competencia.

La última práctica es la discriminación de precios, que se da cuando una empresa establece precios o condiciones diferentes para compradores en circunstancias equivalentes.

Un requisito para que estas prácticas sean tipificadas como delitos en la LFCE, es que deben ser perpetradas por una empresa con poder sustancial de mercado.

Es decir, por una empresa que tiene una presencia de tal magnitud en un mercado, que le permite influir en la fijación de precios. Este sería el caso de Walmart, que tiene una cobertura nacional y significativa en el mercado investigado por la Cofece.

Las pistas

También por apego al debido proceso, la Cofece no detalla cuál o cuáles de las prácticas monopólicas descritas habrían sido cometidas por Walmart, sin embargo, existen pistas.

El 4 de noviembre del 2020, el órgano antimonopolios publicó un documento de investigación al que denominó “Estudio de Competencia en el canal moderno del comercio al menudeo de alimentos y bebidas”, enfocado justamente en el análisis de las condiciones de competencia del mercado de tiendas de autoservicio.

En este mostró su preocupación por la alta concentración del mercado en pocas cadenas de tiendas de autoservicio con presencia nacional.

Y concluyó que “esta elevada concentración favorece el poder de negociación de las grandes cadenas minoristas frente a sus proveedores de menor tamaño, lo que podría provocar su salida del mercado y dañar su capacidad para innovar”.

Detalló que la concentración de mercado “otorga a las tiendas de autoservicio el poder de compra para realizar prácticas comerciales que provocan en sus proveedores de menor tamaño costos imprevistos, además de transferirles el riesgo de que no se vendan los productos que la cadena minorista ya adquirió”.

Listó que, entre dichas prácticas están “pagar fuera del plazo establecido, aplicar cargos no negociados o devolver mercancía sin acuerdo previo, lo que impacta en sus ganancias, al extremo de que podría precipitar su salida del mercado pues no cuentan con suficientes recursos para hacerles frente”.

Este estudio vio la luz tres semanas antes de que el 26 de noviembre del 2020, la Cofece anunciara, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, el inicio de la investigación de oficio identificada con el número de expediente IO-002-2020 por la posible realización de prácticas monopólicas relativas en el mercado de Abastecimiento y distribución al mayoreo de bienes de consumo, comercialización minorista de estos y servicios relacionados.

Esa misma que hoy tiene a Walmart en el banquillo de los acusados.

Castigos posibles

La LFCE prevé fuertes sanciones para sus infractores en la modalidad de prácticas monopólicas relativas. Estas pueden aplicarse tanto a las empresas que sean declaradas culpables, como a sus directivos (personas físicas).

Para las empresas se contempla una multa de hasta 8% de sus ingresos anuales. En caso de reincidencia, esta puede duplicarse e incluso dar lugar a una desincorporación de activos, es decir, a fraccionar la empresa.

Para las personas físicas la multa puede llegar hasta las 200,000 unidades de medida y actualización (UMA), que equivalen casi a 21 millones de pesos en el 2023. Eventualmente, también pueden sufrir la inhabilitación hasta por cinco años para ejercer como directivos.

En el 2022 las ventas netas de Walmart en México crecieron 11.5% a casi 680,000 millones de pesos, lo que la posiciona como la segunda mayor empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (detrás de América Móvil).

Al cierre del año pasado empleaba en México a casi 200,000 personas, ubicándose como el segundo mayor empleador dentro de las empresas listadas en la BMV (detrás de FEMSA).

Al segundo trimestre de este 2023 operaba 2,890 tiendas, más del 80% de estas bajo la marca Bodega Aurrerá, en sus diferentes formatos, que está enfocada principalmente en el consumo de los segmentos de población de más bajos ingresos.

octavio.amador@eleconomista.mx

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Editor de Empresas y Negocios en El Economista

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