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Decreto sobre autos chocolate impactará a casi 1 millón de empleos formales

Tras alertar que el decreto que fomenta la regularización de vehículos ilegales podría extenderse al resto de las entidades en el país, la industria automotriz afirmó que dicha ley que entró en vigor afectará el empleo de 960,000 mexicanos que operan en el sector.

Tras alertar que el decreto que fomenta la regularización de vehículos ilegales podría extenderse al resto de las entidades en el país -actualmente contempla 10 estados-, la industria automotriz en México afirmó que dicha ley que entró en vigor afectará el empleo de 960,000 mexicanos que operan en el sector.

“Es un golpe directo tanto a las personas que encarnan el 19.4% del PIB manufacturero, como al propio Estado de derecho y a la confianza depositada por inversionistas en México”, dijo el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), José Zozaya.

La mayor parte de los vehículos ligeros que ingresan de manera ilegal al país no garantizan el cumplimiento de las normativas y estándares de calidad y de mantenimiento con los dispositivos de seguridad adecuados que permitan preservar el bienestar de la ciudadanía, explicó.

De acuerdo con las fabricantes de vehículos ligeros, la regularización de los vehículos que se encuentran en calidad de contrabando, permitirá la introducción de tantos o más vehículos de los que actualmente circulan ilegalmente en el territorio nacional, además se debe considerar su alto impacto medioambiental al tratarse de vehículos altamente contaminantes.

El presidente de la industria automotriz reiteró que el Decreto publicado por la Secretaría de Hacienda, el pasado 19 de enero, no sólo fomenta la regularización, sino que se traduce en fomento a la ilegalidad y la posibilidad de que dicha iniciativa se extienda por todo el país, replicando la violación al Estado de Derecho a todo el territorio nacional.

Como industria, dijo, respaldamos la importación de vehículos usados en tanto se cubran los requisitos previstos por el Decreto que regula su importación y se garanticen a las y los mexicanos derechos fundamentales como los enunciados previamente.

“El proceso de regularización de los vehículos internados ilegalmente al país no contempla la posible afectación a los empleados mexicanos, al medio ambiente, la economía, la seguridad vial y la salud pública en nuestro país”, reprobó.

Asimismo, con la emisión de este Decreto se generan afectaciones al mercado interno que a su vez se reflejará en una reducción en la recaudación de impuestos, como son el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto sobre la Renta (ISR) o el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN).

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