Hay quien quisiera ver al IFT con otros intereses: Gabriel Contreras

Cartagena de Indias, Colombia.- Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar apareció repentinamente al mediodía del martes minutos antes de arrancar el quinto Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones en este puerto del Caribe colombiano. Aunque Contreras había confirmado, no se había apersonado y sus colegas dudaban de que estuviera en la apertura del CLT 2017. Los mismos organizadores tampoco se atrevían a negar o confirmar nada sobre su presencia, pero apenas sus dos asesores aparecieron a la entrada de esta expo, fue que se despejó la incógnita.

Esto ocurrió porque dos reguladores y un empresario del sector móvil sudamericano lo reconocieron y rápidamente se acercaron a saludar al regulador mexicano que vestía de traje azul.

Fue esa la muestra de que las acciones de la autoridad reguladora del país geográficamente más lejano de la región son seguidas de cerca por el resto de los latinoamericanos. El mexicano pretextó que tenía que acudir porque había programado comer con sus colegas del chileno Subtel y no le gusta quedar mal con nadie, por eso es que tampoco negó una entrevista con este medio y otra publicación de más al sur del continente.

La que hasta ahora puede ser su última plática con un medio antes de que concluya su gestión de cuatro años en la presidencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el 10 de septiembre próximo, se realizó en un espacio de la afamada cafetería Juan Valdez, pero el tradicional café colombiano se enfrió en esa mesa porque el presidente del regulador mexicano no bebió ni una sola vez el latte en vaso mediano que había ordenado. Gabriel Contreras, apasionado, se mostraba disponible para ser cuestionado sobre los distintos temas que son competencia del IFT en este momento particular.

Licitación de radio, de TV o de espectro móvil; banda de 2.5 y de AWS; derechos de audiencias, mercado móvil, mercado de TV de paga, OTTs; poder sustancial, preponderancia en telecomunicaciones y radiodifusión; autonomía y sucesión en la cúpula del IFT, sobre todo eso habló uno de los pocos funcionarios de alto nivel que el gobierno federal puede presumir como parte de sus buenas cuentas para con los ciudadanos:

-Comisionado, son cuatro años de reforma ya; en ese lapso hemos visto varios resultados resultados, cambios en el entramado del mercado para beneficio de los usuarios…

-Es motivo de gran orgullo servir al país desde el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero es un orgullo que compartimos muchísimas personas. Es muy importante recordar de dónde venimos. Veníamos de un sector bastante anquilosado, que no se movía mucho, pero además que claramente no proveía los servicios que necesitaba nuestro país; ni los precios ni la calidad que necesitábamos, entonces es muy justo reconocer el papel que desempeñó el presidente de la República al construir un acuerdo político que precisamente llegara a que se hiciera esta reforma. Después de que se logró la reforma vino toda la fase de implementación y ahí también tenemos que reconocer, por ejemplo, el gran trabajo que ha hecho el Poder Judicial de la Federación al contar con tribunales especializados; el Congreso, por supuesto, con la legislación secundaria; la SCT con lo que a ellos toca y desde luego, el IFT que le ha tocado desempeñar un reto muy importante desde el principio de su carrera como institución, que a cuatro años de distancia se ve muy lejos, pero no hace tanto que tuvimos que cumplir una gran cantidad de mandatos que se dieron y además en plazos muy breves.

A cuatro años de distancia lo que podemos hacer como saldo al día de hoy es que es innegable que han caído dramáticamente los precios de los servicios; es innegable que tenemos una mayor penetración; que se ha incrementado la banda ancha fija, la banda ancha móvil, la televisión de paga. Todos los indicadores son al día de hoy positivos; las calidades con las que se prestan los servicios no tienen nada que ver con los servicios que teníamos hace cuatro años y todo es precisamente por este nuevo ecosistema producto de la reforma.

-Particularmente este ha sido un semestre muy difícil para ustedes en el IFT: declaratoria de poder sustancial en TV de paga, redefinición de políticas de preponderancia; el tema de los derechos de las audiencias… Han habido además momentos y acciones que parecieran que en alguna parte no les gusta un regulador autónomo… ¿Por qué allá no les gustará un regulador fuerte y en cambio los de por aquí en este congreso, hasta celebran?

-Todos los cambios estructurales toman tiempo asimilarlos. No asumimos que la realidad cambie por decreto. El decreto es muy  importante para poder cambiar la realidad, pero no porque salió el decreto va cambiar la realidad de un día para otro. Hay que implementarlo, hay que actuarlo; hay que hacer cosas consistentes y hay que ser consistente y transparente. La autonomía de un regulador técnico es una cuestión que obedece a la mejor práctica internacional. Recordemos que cuando se da la reforma constitucional se razona y se busca que fuera un organismo autónomo alejado de las decisiones políticas y privilegiando las decisiones por razones exclusivamente técnicas. ¿Por qué? Porque es lo que requiere un sector eminentemente técnico. No tomar decisiones políticas sino técnicas.

Desde luego que esta autonomía implica también tomar decisiones difíciles que en un sector de esta naturaleza, además con este dinamismo, implica estar especialmente atento siempre a los movimientos que se dan en el mismo para poder tomar las decisiones para cumplir con este mandato.

Todo lo demás que se diga sobre la autonomía es algo completamente accesorio; desde luego que hay quien quisiera ver organismos reguladores, pero no sólo en mi sector, en cualquier sector, que obedeciera a otro tipo de intereses donde hay quienes pueden tener más influencia que los órganos eminentemente técnicos. Lo importante aquí es que este es un órgano técnico como hay otros; es producto de una reforma constitucional, es autónomo con una autonomía que además ha practicado una norma trasparente durante todos los cuatro años que lleva desde que se creó la reforma y desde que se integró y me parece que lo más importante es eso. Si alguien quiere ver o no a un órgano regulador capturado por algún otro tipo de interés, pues algún interés tendrá que prefiere verlo así, que obedeciendo a criterios estrictamente técnicos.

-Si hablamos de las consistencias, ¿por qué no se vieron ustedes consistentes y salieron a defender lo que en su momento fue y todavía tienen facultad, como lo es el tema de las audiencias? ¿Por qué se tardaron tanto en responder o defender?

-Ahí tienes una prueba más de que hemos sido consistentes. El IFT no rige su actuación por la nota o por la coyuntura. El Instituto rige su actuación por un mandato constitucional que es claro. Hemos sido respetuosos de las instituciones, del marco jurídico aplicable a todo el sistema de las facultades de otros órganos y lo que en este caso señalas es una facultad que la Constitución le da sin lugar a dudas al Congreso de la Unión.

La Constitución le da al Congreso la posibilidad de regular los derechos de las audiencias y crear mecanismos para su protección. Eso es lo que compete exclusivamente al Congreso de la Unión, así como el Instituto ejerce sus facultades porque se las da la Constitución, del mismo modo crece sus facultades porque se las da la Constitución. Fuimos consistentes y muy respetuosos de las facultades de los demás órdenes de gobierno.

Cuando se interponen las controversias constitucionales en contra de los lineamientos de las audiencias del Instituto y también en contra de la ley contra de la ley que expidió el Congreso de la Unión, lo que dijimos fue y lo que hemos dicho siempre: celebramos que esto se resuelva donde esto se tiene que resolver, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no en los periódicos o en la tribuna, porque no abona a la discusión. Lo que queremos es consolidar un sistema jurídico que obedezca precisamente a su fin, que es tener mejores derechos, tener mejores servicios en beneficio de los usuarios y de las audiencias.

-Y creo que fueron varias controversias constitucionales, la que presentó el Ejecutivo, el Senado, los gobiernos de…

-Nosotros sólo hemos sido notificados de dos controversias constitucionales: la presentada por el Ejecutivo federal en contra del Congreso de la Unión por la emisión de la ley en esta materia y los lineamientos del Instituto por la aplicación de dicha ley y otra presentada por el Senado de la República por la emisión de los lineamientos que la propia ley nos obligó a emitir.

-Pero insisto en que algunos interesados en la industria dicen que el IFT no respondió como debía...

-Lo hemos hecho de forma consistente, ¿dónde se responden este tipo de planteamientos? En la Corte, a la hora de contestar las demandas será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien resuelva en definitiva si se hizo bien o si se hizo mal, primero en emitir la ley que el Congreso emitió y segunda, si hizo bien o si hizo mal el Instituto al emitir estos lineamientos.

-Faltan menos de dos meses para que se cumpla el plazo que ustedes mismos se definieron para echar a andar los lineamientos, el 16 de agosto, si no pasa la “contrarreforma” en el Senado y si la Corte tampoco define y llega la fecha, ¿ustedes proseguirán adelante; el 16 de agosto van con los lineamientos?

-No podría adelantar yo una decisión que no me corresponde como comisionado presidente. Es una decisión que le corresponderá tomar al pleno, pero es importante recordar que cuando el acuerdo del pleno fue diferir la entrada en vigor de estos lineamientos, tenía un claro propósito: tener absoluta certidumbre del marco jurídico aplicable, de su constitucionalidad. Cuando se señala este plazo, lo que se buscaba era dar espacio, de acuerdo con los plazos naturales que hemos visto con las resoluciones de este tipo, que la Corte resolviera en definitiva eso. De no suceder eso, me parece que el planteamiento del fondo subsiste. Estamos hablando de un marco jurídico novedoso, se reconoce en nuestro país, en otros países han avanzado a pasos enormes en la materia y se ponen por delante los derechos de las audiencias sin ninguna duda.

Pero en México es un marco novedoso, un marco que ha sido cuestionado… Hemos escuchado cualquier cantidad de adjetivos calificativos, desde que si atentan o no contra la libertad de expresión; se ha hasta caricaturizado, por ejemplo, este deber de distinguir entre información o de opinión, que por cierto es un deber que se encuentra en la ley. Hablando de cuestiones tan importantes, en un país que continúa siendo, que sin duda ha dado pasos importantes, que continúa evolucionando en su consolidación democrática, no debe haber ninguna duda absolutamente de si es constitucional o no. El planteamiento subsiste, pero corresponderá al pleno tomar una decisión si llegado el plazo no ha resuelto la Corte.

La razón de diferirlos fue que haya absoluta certidumbre sobre su constitucionalidad antes de empezar a aplicarlos. Unas normas tan importantes no pueden estar bajo sospecha de duda de que tienen pretensiones distintas de las que exclusivamente tienen, que es proteger los derechos de las audiencias. Si en su momento se tomó una decisión de diferirlos porque había ese espacio de duda que estaba en los tribunales… si no tenemos una resolución, el espacio de duda subsiste; es decir el planteamiento subsistirá en tanto no haya una resolución. Sin embargo la decisión que pueda tomar el pleno sobre eso no podría adelantarla hasta que tenga lugar la respectiva sesión.

-Con la resolución de poder sustancial en TV de paga… ¿En su momento a ustedes no les fallaron las cuentas? ¿Por qué salieron con una resolución del 2015 que quizá ustedes sabían que pudiera haber sido rebatida como finalmente fue y como además el tribunal se los ordenó? ¿Se les pasó?

-Todas nuestras resoluciones son revisables ante el Poder Judicial. Afortunadamente, ante tribunales especializados o la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué sucedió la primera vez? Teníamos un plazo muy corto ordenado por la ley para iniciar y concluir una investigación. Y después determinar si existía o no poder sustancial en el mercado de TV, entre otros, el de la televisión restringida, la televisión de paga en nuestro país. Lo que hicimos fue exactamente lo que nos ordenó la ley. Se inició la investigación y se concluyó la investigación. Con información que teníamos en ese momento, determinados por una mayoría en el pleno que no había poder sustancial en ese mercado. ¿Por qué lo hicimos? Porque vimos que empezaba a modificarse el comportamiento del mercado.

Si bien había en la historia reciente de nuestro país una acumulación importante a niveles de concentración, no tuvimos elementos en ese momento para determinar que se podría incidir unilateralmente en la oferta o en el precio.

La información que se tuvo a la vista a la hora de resolver implicó ver un impacto que empezaba ya a apreciarse con motivo de la reforma constitucional en telecomunicaciones: el famoso must carry y must offer, entre otras cosas.

Cuando  este asunto es revisado, a petición de TV Azteca en los tribunales especializados, lo que resuelven los tribunales es que por tratarse de un mandato que venía en el régimen transitorio no estaba sujeto al régimen general como cualquier investigación de dominancia, sino que teníamos que revisar específicamente la historia reciente y no más de la entrada en vigor de la ley hacia atrás y no hacia adelante. Esto nos impidió revisar el impacto que otras medidas ya estaban teniendo en el mercado y la única conclusión a la que pudo llegar el Instituto viendo esa información, como si fuera una fotografía del pasado, es que claramente había poder sustancial en el mercado de la televisión restringida.

Subrayo esto porque no es una inconsistencia, lo que hizo el IFT fue, en primera lugar, que no había elementos para poder concluir que había dominancia, viendo un periodo de tiempo amplio. Lo que interpreta el tribunal es que no podía haber ese periodo de tiempo amplio, que tenía que ver necesariamente al pasado.

Esto es relevante, porque lo que interpretó el tribunal para resolver este procedimiento en particular teníamos que ver al pasado. Luego entonces, acotándose la atribución del plano del IFT por una interpretación judicial eso fue lo que hicimos. Vimos al pasado y determinamos que ahí, efectivamente, había poder sustancial.

-Respecto a ello, cómo va eso del diseño de las regulaciones puntuales para este actor; ¿pronto conoceremos algunos avances?

-Se está… Tenemos que seguir un procedimiento que se encuentra previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) y es un procedimiento que implica en el mismo procedimiento notificarle al posible afectado de la regulación y darle la posibilidad de que tenga audiencia. Esto implica que desde el inicio del procedimiento el IFT tendría que tener claridad sobre qué tipo de regulación podría imponer y esto implica que un diagnóstico muy claro de las circunstancias prevalecientes en el mercado. No las del pasado, las circunstancias prevalecientes. Eso es lo que precisamente estamos revisando en este momento.

-Pienso que la regulación que se le imponga al actor económico pudiera ser menor a la que se le hubiera impuesto en su momento, en 2015, con base en los datos de la anterior investigación, porque ahora hay otro mercado. ¿Sería así?

-No podría adelantar ningún juicio sobre eso, porque es algo que tendría que votar en el pleno y porque estoy impedido legalmente. Pero es importante señalar dónde estamos ahora y dónde estábamos antes. Al día de hoy tenemos cuestiones que no teníamos antes.

Recordemos que el uso de contenidos de radiodifusión era un mecanismo de natural desplazamiento del mercado de la TV restringida; sólo unos cuantos miembros del grupo de interés económico podían tener acceso a unos contenidos, ahora todos tienen acceso a esos contenidos y además de forma gratuita en el mismo lugar y con la misma calidad. Por supuesto que fue un avance muy importante de la reforma que permitió evitar que hubiera un mecanismo de desplazamiento y es lo que explica en buena medida porqué han crecido otros operadores, a diferencia de lo que pasaba antes donde simplemente no se observaba un crecimiento.

Ahora, sin adelantar absolutamente ningún juicio, lo que sí nos ordena la propia sentencia es, cuando vayas a emitir la regulación, ahí sí revisa cuáles son las condiciones para que impongas la regulación necesaria para atender esas condiciones. Dicho de otra forma, lo que resuelve el tribunal es revisa una foto del pasado para ver si hay dominancia o no, ya que tengas esa foto, considerando las circunstancias prevalecientes del presente, emite una regulación y eso es precisamente lo que estamos revisando en este momento.

-¿Pero entonces en qué tiempo, según la ley, podremos conocer ese tipo de regulaciones?

-Esto será hasta que el análisis esté concluido, pero es bastante probable que el procedimiento inicie este mismo año; que inicie, así es, porque tenemos que cumplir con la formalidad de la ley como la de notificar al agente, darle garantía de audiencias y después resolver lo conducente.

-Si seguimos en la TV, pero en el mercado del abierto, con la licitación de TV marchando, ¿cómo será posible que no ocurran casos así, como el de Tecnoradio? ¿Cómo van a fortalecer esa licitación?

-Ahí déjame regresarme un paso… En todos los procedimientos de esta naturaleza se parte de que es el concursante el que lleva la información a la autoridad; déjame subrayar eso: Es el concursante el que lleva la información. Como decimos los abogados, la carga se pone del lado de los concursantes. Este caso tan mediático implica que uno de los concursantes incumplió con lo que está previsto en las bases de licitación.

No estamos hablando de la licitación completa; estamos hablando de uno de los licitantes. Otros incumplieron también. Hemos sido muy transparentes en este proceso. Hemos emitido boletines todo el tiempo, además hemos sido acompañados por el testigo social. Todas las bases de licitación que yo conozco, absolutamente todas, tienen causales de descalificación atribuibles a irregularidades de los licitantes, si no para qué están allí.

Lo que pasó con este caso es que acreditamos un incumplimiento en las bases relacionado con el requerimiento de información sobre su posible relación hasta en cuarto grado con personas que participan en el sector de la radiodifusión.

Quiero subrayar esto porque era información que se encontraba fuera del Instituto. Los mecanismos que tienen todas las autoridades para hacer esto valer es precisamente las que tenemos nosotros. En una causa de descalificación se ejecutan las multas.

¿Quieres una prueba? ¿Recuerdas una concentración que vio la Cofece? En el sector farmacéutico, a los pocos días de haberla autorizado, se publica un documento llamado Panama Papers en los que la información que se había llevado a la Cofece no se ajustaba a la realidad. ¿Qué hizo la Cofece? Presentó una denuncia penal ante la PGR. ¿Pero cómo es posible que la Cofece no hubiera sabido en ese momento lo que estaba pasando? Pues claramente no es posible porque las autoridades reguladoras no tienen facultades ni de inteligencia ni de policía, ni son investigadores privados y en todo el mundo se allegan de información a través de los solicitantes y en cada caso de irregularidades se procede y se ejecutan las sanciones que hay.

Luego entonces, en el procedimiento de la licitación de TV subsistirá la misma regla, como subsiste la misma en todas las licitaciones que conozco.

¿Qué estamos pidiendo? La información que acredite que se cumple con las cualidades técnicas, administrativas y legales que provee la propia ley. Que es un procedimiento infalible y a prueba de todo, por supuesto que no; no existe ningún procedimiento en el mundo que diga que va a llegar alguien a querer violar la ley. Lo importante es que si lo hace, se le aplique todo el peso de la ley y le traiga consecuencias.

Subrayo, estamos hablando de un participante, no de todo el proceso licitatorio, que empezó por primera vez en la historia de nuestro país y está a punto de terminar, incrementando notablemente la oferta de radiodifusión en nuestro país.

-Sigamos con licitaciones, pero con la del 2.5 GHz, ¿esa sí sale este año? A algunos ya les urge.

-Sí, ya está programado. De hecho, en las próximas semanas o antes iniciaremos con el proceso de opinión pública de las bases de licitación. Nos interesa, como siempre lo hemos hecho, hacer una buena consulta, transparencia clara a todo el mercado, a los inversionistas, a los probables demandantes de espectro, a todo el sector. Por supuesto sí está previsto que este mismo año inicie el proceso licitatorio para concluir a más tardar avanzado el próximo año.

-En la industria se ha escuchado que porqué el IFT autorizó el traspaso de MVS a Telcel, cuando mejor se pudo haber esperado y al tiempo que lanzas las bases, le apruebas el acuerdo al otro; es decir, de una vez con la licitación. ¿No fue como comprarse un problema en un momento muy álgido?

-El IFT se rige por las leyes de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) y por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR); no puede administrar un problema. El IFT no puede ver si le va a generar o no una resolución un problema. Lo único que tiene que hacer es cumplir la ley. En este caso, hablamos de una concentración cuyo trámite, plazos y formalidades están expresamente en la LFCE y ¿qué dice la ley en estas concentraciones? Se tiene que solicitar una autorización a la autoridad, misma que sólo puede ser negada en el caso de que haya efectos adversos a la competencia. El pleno del IFT determinó que no existen efectos adversos a la competencia con esta concentración; lo único que pudo hacer el pleno del IFT, conforme a la ley, es autorizarle y eso fue lo que hizo.

-¿Sería adverso que en la futura licitación del 2.5 GHz se le permita a Telcel competir por más señales en aquellas regiones, donde al menos, MVS tenía señales? ¿O van aplicar ese concepto de que si ya le diste, ya no le permitas más?

-No existen límites en términos absolutos que tengan que ver con frecuencias del espectro radioeléctrico. En todo el mundo existen muchos modelos. Hay países que pidieron, por ejemplo, poner un límite en cuanto a Megahertz disponibles; hay países que optan porque ese límite sea aplicable de forma diferenciada, si hablamos de bandas de capacidad o de cobertura.

El modelo que sigue el IFT es con base en la absoluta transparencia, por eso van a salir a opinión pública las bases y revisar las condiciones prevalecientes en el mercado y conforme a ellas establecer límites a la participación. Fue exactamente lo que se hizo en la licitación de AWS y si puedo adelantar qué va a resolver el IFT, pues será algo que va a resolver en las sesiones del pleno cada uno de los mecanismos para evitar concentración. Los límites a la concentración de espectro en la propia licitación serán valorados por el Instituto.

-El bloque sobrante de AWS, ¿lo meterían en la del 2.5?

Nos interesa, por supuesto, maximizar todo lo que pueda ser utilizado del espectro radioeléctrico. Nos interesa hacerlo de la forma más eficiente y no puedo descartar ninguna posibilidad de momento. Desde luego que ese pedacito que quedó en la banda de AWS es algo que pudiera ponerse a disposición del mercado en breve y podría o no utilizarse en este procedimiento.

-Ahora que habla de maximizar y de no afectar con las regulaciones, ¿pensaría que es momento de regular los OTT? ¿No cree que por ahí haya quien busca que se regule a los OTT para defender otro negocio?

-Estamos en un mundo que al menos en materia de telecomunicaciones no tiene absolutamente nada que ver con el mundo que teníamos hace cinco años, menos con el que teníamos hace diez años. Estamos en un sector extraordinariamente dinámico donde la evolución tecnológica permite que hoy tengamos muchos servicios de los que hubiéramos imaginado hace tan sólo una década.

¿Cómo vamos a enfrentar lo que estamos viendo ahora? Lo vamos a regular nada más porque apareció? La regulación tiene que ser y servir para un propósito siempre. ¿Para qué se regula, qué se quiere resolver? ¿Qué cuestiones se quiere atender con esa regulación? Estamos hablando además de accesos a Internet, que implica muchos de los contenidos y las aplicaciones, que se encuentran, por ejemplo, fuera del país; ¿cuál es la mejor forma de abordar eso?

A eso me refería ayer con que es deber de todos los reguladores actuar con prudencia. ¿Se van a limitar ex ante posibilidades nada más porque están allí, porque las estamos entendiendo en el mundo, porque están apareciendo y están enfrentando la competencia tradicional?

Debemos ser prudentes, porque podríamos estar limitando las posibilidades que sobradamente benefician a los consumidores. Regular ex ante nada más porque están allí, no necesariamente es una alternativa. Necesitamos ver qué problema queremos resolver, atender y con base en ello emitir una regulación.

No porque exista una oferta que implica competencia a los medios tradicionales vamos a cerrarla. Déjame ponerte un ejemplo: en estas economías colaborativas en la transportación, ¿es o no eficiente para los consumidores contar con Uber o Cabify? Pero que implican una competencia a los taxistas tradicionales. La respuesta de unos va a ser sobrerregular a Uber y a lo mejor la respuesta está en si no estamos regulando atinadamente el servicio de los transportes. A eso me refería con que es misión del regulador ser prudente. Me refiero a regular con una óptica que permita la innovación y que no implique poner un freno a esa innovación.

-Ha llegado el momento de poner el freno a esta entrevista. El proceso de reelección está próximo en el IFT, en el Senado; hay dos comisionados que quieren ocupar su lugar. Ella y él ya están haciendo campaña. Y todo lo que ha pasado en estos cuatro años, en estos seis meses últimos, ¿cree que puede influir de alguna manera en su posible reelección? ¿Está tranquilo?

-La presidencia dura cuatro años. La agenda institucional es eso: una agenda institucional. Hay un mandato constitucional, hay proyectos institucionales que van más allá de personas. Al interior del Instituto ha habido un enorme trabajo y yo quiero reconocer expresamente a todos mis colegas comisionados y por supuesto a todo el equipo de trabajo que puesto todo para que todo esto funcione.

Por supuesto que no es fácil transformar un sector y además cuando viene lo que no se ve en muchos años y además con intereses económicos muy poderosos, lo importante es que más allá de las personas, que esta agenda prevalezca, que el mandato constitucional se consolide.

Que los beneficios que vemos hoy en términos de precios, de más oferta, mayores niveles de penetración se consolide mucho más allá de proyectos personales. Corresponde al Senado de la República quién ocupará el cargo de comisionado presidente a partir del 10 de septiembre y como dije al principio de la entrevista, siendo consistentes, más allá de los intereses existe un mandato constitucional, que estoy seguro se consolidará a lo largo del tiempo con el actuar del Instituto.

nicolas.lucas@eleconomista.mx

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