IFT empata las obligaciones de la Red Compartida con la política social de AMLO

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) extendió los tiempos y reescribió y agregó palabras al título de concesión en el que se soporta la operación de la Red Compartida de Altán Redes, para que los siguientes despliegues de cobertura de servicios de esa empresa puedan alinearse con los objetivos de política pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de ir primero por los pueblos desconectados.

Las modificaciones realizadas por el regulador al título de Altán Redes se sucedieron entre el 1 y el 21 de octubre; se autorizaron el 13 de noviembre y el proceso de notificación a todas las partes involucradas, el Promtel y Altán, duró dos semanas, hasta que el nuevo documento fue inscrito en el registro del IFT el 29 de noviembre y hecho público este domingo. 

En ese mismo periodo, Altán Redes colocó a Salvador Álvarez Valdés, exCEO de Maxcom y Nextel, como nuevo director de la compañía desde el 11 de noviembre y despachó a Javier Salgado Leirado, que desde enero de 2020 radicará en Estados Unidos por proyectos personales.

El título modificado agrega la palabra “cobertura social” en su condición 10.3 y extiende un año el plazo que tiene la Red Compartida para llegar al 70% de la población agregada a nivel nacional, un hito que ya se había establecido en el contrato original del 24 de enero de 2017, pero que ahora adiciona y precisa en letra que Altán Redes deberá tener cubiertos 82,119 localidades de menos de 250 habitantes, para alcanzar un total acumulado de 98,879 poblaciones al quinto año de la firma del contrato APP; y también 10,592 pueblos mayores de 250 habitantes, pero no menores de 5,000 para el mismo plazo.

La Red Compartida de Altán Redes tiene entonces hasta el lunes 24 de enero del año 2022, y no la misma fecha del 2021, para dar cumplimiento a este criterio reescrito por el IFT a su título de concesión y en el camino el tiempo para adecuar sus planes de inversión, que en el origen se pensaron desde una partida de las zonas urbanas como manera para levantar recursos que financiaran los despliegues en plazas menos rentables y desconectadas. 

El objetivo del 92.2% de la población agregada a nivel nacional mandatado para el año 2024 quedó intacto para Altán Redes. El criterio 10.3 del título de concesión de Altán quedó reescrito de esta manera:

“El concesionario (Altán Redes) deberá cumplir con una cobertura de al menos 70% de la población agregada a nivel nacional con base en la distribución de la población correspondiente al Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 del INEGI para el quinto año, contado partir de la fecha de otorgamiento de la presente concesión, porcentaje dentro del cual estará incluida la cobertura social y de al menos 92.2% de la población agregada a nivel nacional para el séptimo año, contado a partir de la fecha de otorgamiento de la concesión, también con base en la distribución de la población correspondiente al Censo Nacional de Población y Vivienda 2010”.

En su resolución P/IFT/131119/730, el Instituto Federal de Telecomunicaciones también validó otros cambios a los contratos con los que opera la Red Compartida: modificó las definiciones de los conceptos de “calendario de despliegue” y “factor de actualización” y sustituyó los términos “Fondo de Reserva para la Cobertura Ofertada y Saldo Alcanzado del Fondo de Reserva para la Cobertura Ofertada”, por el término “Fondo de Reserva para la Cobertura Social y Saldo Fondo de Reserva para la Cobertura”.

De acuerdo con el IFT, todos los cambios fueron acompañados desde septiembre pasado por el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) y la misma Altán Redes, para atender las prioridades de política social del gobierno federal:

Atendiendo a la prioridad social del Ejecutivo Federal, Altán propuso a Promtel adaptar el calendario de despliegue contenido en el contrato de Asociación Pública-Privada (APP) y valorar la viabilidad de modificar los alcances del proyecto de la Red Compartida (…) Adicionalmente, el Promtel consideró viable la modificación solicitada por Altán”. 

Este medio informó el 6 de noviembre que el IFT estudiaba modificaciones para los contratos de la Red Compartida. El comisionado presidente del IFT, Gabriel Contreras, platicó que, de aprobarse entonces, los cambios obedecerían a una acción de dar prioridad a las poblaciones desconectadas de México: 

“Lo que se pretende es que, siguiendo la política (de conectividad) anunciada por el presidente de la República, poder destinar desde ahora recursos públicos allá donde no hay ningún tipo de conectividad (…) Es una cuestión que le toca revisar al pleno; se está revisando y en principio, desde el punto de vista regulatorio, no pareciera haber mayor inconveniente, salvo lo que resuelva el pleno”, dijo el comisionado es vez, luego de participar en un foro sobre telecomunicaciones organizado por el Senado.

En un comunicado difundido el viernes por la tarde sobre todo este tema en general, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dijo que las adecuaciones para la Red Compartida se empataban con los principios establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el que se busca facilitar a la población un acceso asequible a los servicios de telecomunicaciones, como camino para incrementar el bienestar y la inclusión digital para toda la población del país.

La SCT añadió entonces que las modificaciones habían conseguido el visto bueno de autoridades como el IFT, la Secretaría de Hacienda, Banobras, Bancomext y Nafin, que en lo que lleva de historia la Red Compartida han participado de alguna manera en este proyecto de telecomunicaciones.