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IFT lanza consulta para modificar reglas de portabilidad
Pone a debate público un anteproyecto que incluye eliminar formato de solicitud para personas físicas y la identificación oficial del usuario.
Del 6 de abril hasta el 4 de mayo el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) llevará a cabo la consulta pública del anteproyecto que modifica las reglas de portabilidad numérica, con la finalidad de mejorar el proceso.
Los comentarios, opiniones y propuestas concretas podrán presentarse durante un periodo de 20 días hábiles contados a partir del 6 de abril hasta el 4 de mayo del 2015.
Una vez cerrada la consulta pública, la Unidad de Política Regulatoria someterá a consideración del pleno del instituto un proyecto que considere el resultado de la consulta, a efecto de que, en su caso, sea aprobado el acuerdo mediante el cual el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones modifica las reglas de portabilidad numérica, para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación.
En el corto tiempo que ha transcurrido desde la entrada en vigor de las reglas de portabilidad, en noviembre pasado, el instituto ha analizado las estadísticas y tendencias diarias generadas a partir de las portaciones que se han realizado a la fecha(...), como consecuencia de todo lo anterior el instituto ha identificado mejoras al proceso de portabilidad.
En el anteproyecto, el IFT propone eliminar el formato de solicitud de portabilidad para personas físicas, eliminar el envío de imágenes de los documentos de identificación del usuario por el proveedor receptor al administrador de la base de datos, mejorar la información que recibe el usuario a lo largo del proceso y de la extensión de la vigencia del NIP; generar estadísticas de portabilidad y uso de numeración.
Según datos del IFT, al tercer trimestre del 2014, la portabilidad numérica entre operadores creció 18% respecto del trimestre anterior, para alcanzar cerca de 2 millones de líneas portadas durante ese periodo.
En la actualidad, el usuario que desea portar su número debe presentar una identificación oficial. Sin embargo, ese archivo no era analizado durante el proceso. Dicho requisito generó mayor polémica entre operadores, como Telefónica y el Senado.
La validación automatizada que realiza el administrador de la base de datos sobre los mismos (documentos de identificación) se limita a la verificación de que se incluya en el archivo electrónico , refirió el instituto.
Ahora, el IFT plantea que sea el proveedor receptor el que recabe y conserve la documentación de identificación de los usuarios por un plazo no menor a 15 días hábiles, con el fin de demostrar que el trámite se acreditó conforme a los requisitos que establece la ley.
Alejandro Puente Córdoba, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec), informó que la industria del cable participará en la consulta pública del IFT.
Niega acusaciones de la CIRT en pauta electoral
INE sabía que pedir acuerdo entre operadores llevaría a conflicto: Dish
Dish rechazó las acusaciones de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) de que dio información falsa a las autoridades electorales y de no hacer las inversiones necesarias que le permitirían cumplir con la legislación electoral, al tiempo que aseguró que las acusaciones no fueron ni autorizadas ni discutidas por el Consejo Directivo de la Cámara.
A través de un comunicado, Dish acusó a Televisa de que desde hace tiempo lleva a cabo una campaña de desprestigio que tiene como objetivo desplazar del mercado al único competidor que tiene a nivel nacional en la industria de la televisión de paga.
La filial de MVS refirió que la CIRT, de la que Dish no forma parte, ha violentado sus estatutos en los que se establece que ningún miembro de la Cámara difamará o desacreditará directa o indirectamente a un competidor, ya sea por medio de la palabra o con actos que puedan poner en duda la integridad de dicho competidor, su crédito, su habilidad o la calidad de sus servicios .
Dio como referencia que, desde diciembre del año pasado, la autoridad electoral tuvo conocimiento de las complicaciones técnicas y materiales de la empresa para incluir una pauta federal en sus canales de televisión abierta, y conocía que al mandatar a las partes a llegar a un acuerdo estaba propiciando un conflicto adicional a las múltiples disputas legales que se han presentado en materia de telecomunicaciones a partir de la reforma constitucional aprobada en el 2013.
Insistió en que el problema radica en la no aceptación de Televisa y Televisión Azteca a los principios del must carry y must offer. Esto es, el deber de permitir la retransmisión de las señales de televisión abierta, de manera gratuita, no discriminatoria .