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IP de EU manda carta a Biden por temor a que la reforma judicial en México afecte al T-MEC
Organizaciones de los sectores de manufactura, médico, químico, energético, industrial, tecnológico, servicios y minero de Estados Unidos, expresaron al gobierno del presidente Joe Biden, su preocupación por el paquete de reformas constitucionales que el gobierno mexicano podría promulgar en el próximo período legislativo.
Foto: AFP
Organizaciones de los sectores de manufactura, médico, químico, energético, industrial, tecnológico, servicios y minero de Estados Unidos, expresaron al gobierno del presidente Joe Biden, su preocupación por el paquete de reformas constitucionales que el gobierno mexicano podría promulgar en el próximo período legislativo que comienza en septiembre.
El sector empresarial estadounidense alertó que dichas iniciativas, impulsadas por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, incluyen cambios constitucionales que son contrarios al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La IP estadounidense pidió al gobierno de Biden compartir con la presidenta electa Claudia Sheinbaum las preocupaciones y recomendarle un proceso más lento y con mayor discusión sobre los cambios constitucionales.
En una carta dirigida al secretario de Estado, Antony Blinken, las organizaciones dijeron que “varias de estas enmiendas parecen violar las obligaciones de México bajo el T-MEC.
Los nueve organismos que firmaron la carta fueron:
- Advanced Medical Technology Association
- American Chemistry Council
- American Clean Power Association
- American Petroleum Institute
- Coalition of Services Industries
- Electronic Components Industry Association
- Information Technology Industry Council
- National Association of Manufacturers
- National Mining Association
Alertaron que, si se aprueban las enmiendas, el resultado generará incertidumbre en las relaciones comerciales y amenazará con socavar las próximas conversaciones del T-MEC como parte de la revisión del acuerdo en 2026.
Entre sus principales preocupaciones están las enmiendas para debilitar o incluso eliminar varios organismos reguladores autónomos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, despidiendo a los profesionales expertos que los integran; codificar el trato preferencial de las empresas estatales sobre las empresas del sector privado; debilitar la protección de los inversores; y prohibir por completo las ventas de productos agrícolas estadounidenses y ciertos tipos de inversiones extranjeras como la minería a cielo abierto.
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