Identifican fallas importantes en Pemex y CFE rumbo a una nueva reforma energética

El centro de análisis de políticas públicas México Evalúa presentó el Mapa de vigilancia del Estado sobre sus empresas productivas, en que resaltó entre las fallas más graves del funcionamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la intervención centralizada en los mercados por parte del gobierno para favorecer a estás empresas, además de la falta de seguimiento del Congreso al cumplimiento de objetivos, junto con los conflictos de interés a partir de la presencia de miembros del Ejecutivo federal en sus consejos de administración y la baja prioridad que se le da a la política anticorrupción y de responsabilidad social en estos consejos.

Aunque Pemex y CFE ejecutarán en 2020 el equivalente al 20% del gasto público total —cerca de un billón 230,000 millones de pesos—, las pérdidas registradas por estas empresas sumaron poco más de 703,000 millones de pesos al primer semestre del presente año, y Pemex presentó en julio pasado el nivel de producción más bajo en 40 años.

Más allá de ser sólo una cuestión de finanzas públicas, tal situación está íntimamente relacionada con fallas puntuales en el gobierno corporativo de las empresas, explica el estudio que identifica las funciones y responsabilidades de distintas entidades que representan al Estado mexicano en tres de sus facetas: como dueño de Pemex y CFE; como regulador del mercado en que compiten y como garante del interés de la sociedad y las comunidades que se ven afectadas por las actividades que realizan.

Además de identificar a estas entidades y subrayar la necesidad de que cumplan con sus funciones, el documento describe casos en los que quedaron en evidencia fallas, omisiones o problemas en las relaciones entre Pemex y CFE y sus vigilantes, desde la compra de Fertinal hasta la modificación de criterios en los Certificados de Energías Limpias, pasando por la licitación polémica de contratos anuales o la negociación del acuerdo reciente con la OPEP. 

Edna Jaime, directora general de México Evalúa, destacó una problemática general: “esta administración se ha caracterizado por influir indebidamente para favorecer a Pemex y a CFE en distintos rubros del mercado energético, y estas malas prácticas ya tuvieron consecuencias: la inversión extranjera directa del sector energético pasó de 6,820 millones de dólares en 2018 a sólo 1,119 millones de dólares al primer trimestre de 2020, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía”.

Con ello, el Mapa resaltó que la falta de supervisión por parte del Estado —o su influencia indebida— puede minar los incentivos de las empresas públicas para actuar en consideración del mejor interés de la empresa y de los ciudadanos, los cuales, en última instancia, son lo más parecido a sus accionistas. 

“Las mejoras que proponemos en materia de vigilancia al gobierno corporativo de Pemex y CFE buscan construir un Estado más responsable en el control de sus empresas. Esto implica el reconocimiento de las diferencias en las funciones que se ejercen sobre ellas, y una mejora sustancial en materia de rendición de cuentas de cara a los ciudadanos”, apuntó María Fernanda Ballesteros, coordinadora del programa de Regulación y Competencia de México Evalúa.

Entre las propuestas del análisis destaca la creación de una entidad propietaria de las empresas productivas del Estado.

El acompañamiento de la política de propiedad a través de un contrato de gestión entre empresa y el Estado, en el que se establezcan objetivos, metas y parámetros o indicadores para la rendición de cuentas, conforme a lo establecido en el plan de negocios. 

Además, proponen la revisión del régimen especial en ambas empresas para que puedan existir mayores controles en compras públicas y control presupuestario a programas sociales que no tienen un objeto comercial y pueden ser utilizados con fines políticos. 

Finalmente, recomiendan de cara a una nueva discusión en el legislativo sobre la reforma energética, el fortalecer a Pemex y a CFE por medio de la entrega de recursos públicos, sin exigir una vigilancia y rendición de cuentas adecuadas, sólo ocasionará una mayor destrucción de valor. El mal desempeño de estas empresas, los escándalos de corrupción y sus cuantiosas pérdidas evidencian que es urgente discutir y mejorar el gobierno corporativo de estas empresas. Es ahí donde debería estar la prioridad.