Instalan la comisión de ayuda alimentaria

El impacto laboral por una mala alimentación de los trabajadores es de 20% en la caída de la productividad de las empresas, lo que se busca disminuir con la nueva Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores.

Asimismo, se pretenden disminuir los costos que, por mala alimentación, ocasionan enfermedades crónico-degenerativas que significan un gasto de 23,000 millones de pesos al año al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), expuso su director, Daniel Karam.

De tal manera que los patrones tendrán la nueva obligación de otorgar a los trabajadores apoyos en la alimentación, ya sea por medio de un comedor o a través de vales de despensa, a cambio de estímulos fiscales.

Lo anterior se dará hasta que se definan los mecanismos de afiliación empresarial que presentará la Comisión Tripartita que este lunes quedó formalmente conformada por nueve representantes (tres patronales, tres sindicales y 3 gubernamentales) y que se espera, inicie funciones el 27 de abril.

En la instalación, a la que acudieron representantes patronales, sindicales, abogados laborales, legisladores; así como el titular del IMSS, Daniel Karam, y el secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, quien presidirá dicha Comisión, se informó sobre las bondades que traerá la aplicación de esta ley que entró en vigor el pasado 17 de enero y que aún no entra en operación.

Al evento también acudió María de los Ángeles Moreno, quien se encargó de impulsar la iniciativa que responde a la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo para atender una necesidad de los trabajadores quienes han visto disminuido su poder adquisitivo y destinan 40% al ingreso de alimentación .

Moreno, dijo a El Economista que, de momento, no habrá un impacto fiscal en tanto no se tenga el padrón y registro de las empresas, pero lo máximo que se ha estimado, si se incorpora un buen número de empresas, es de 6,000 o 7,000 millones de pesos .

La base de la estimación para otorgar este beneficio es de un salario mínimo vigente y los patrones no lo pueden poner como base a la cotización del IMSS.

pmartinez@eleconomista.com.mx