Luz verde a consorcios público-privados

Tras más de dos años en análisis, el Senado aprobó ayer la Ley de Asociaciones Público-Privadas (APPs), urgida por el presidente Felipe Calderón para incentivar las inversiones y el empleo.

En tribuna, el senador Pablo Gómez (PRD) acotó: Es el intento de llevar a cabo una gigantesca y cada vez mayor privatización de los servicios públicos y de la infraestructura del país , pero el presidente de la Comisión de Comercio del Senado, Eloy Cantú (PRI), advirtió que con esa ley se deja en claro que la infraestructura no podrá privatizarse .

Con dispensa de todos los trámites, el Senado avaló los cambios de los diputados, por lo que la Ley de las APPs será un marco jurídico que permitirá al gobierno federal asociarse con particulares para la prestación de servicios, incluidos aquellos en los que se requiera construir infraestructura.

Pretende que los particulares sean proveedores de servicios de la Administración Pública Federal, con la obligación de construir la infraestructura necesaria para la prestación de los mismos.

En los cambios se incorporará la figura de testigos sociales, por la que los ciudadanos podrán vigilar que no existan actos de corrupción y señalar cuando la autoridad no justifique la utilidad de la obra pública correspondiente.

Ayer por la mañana, los senadores de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial avalaron la Ley de la APPs, y minutos después fue puesta a discusión y votación del pleno del Senado, donde fue aprobada por 65 votos en favor del PAN, PRI y PVEM, y 13 en contra del PRD.

El dictamen aprobado validó los cambios realizados por los diputados. Entre ellos, ordenar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a justificar 100% de la utilidad de asociarse con la Iniciativa Privada (IP) para la construcción de infraestructura; se dan mayores dientes de control a la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior para evitar actos de corrupción en las licitaciones; se impide la prórroga automática a los contratos cuando éstos se hayan demorado por causas ajenas al gobierno, y se contempla la rescisión del contrato cuando la IP no cumpla lo pactado.

Establece que el gobierno y la IP se podrán asociar sólo para la construcción total o parcial de infraestructura nueva, mas no para la mejora de la ya existente, como lo planteaba la iniciativa de Calderón. Prevé que mediante CompraNet se adjudiquen los contratos a la IP, los cuales serán por 40 años y no por 50 como propuso Calderón.

Precisa: A la terminación del contrato, los inmuebles, bienes y derechos pasarán al control y administración de la dependencia o entidad contratante y los demás bienes necesarios quedarán sujetos al dominio de la Federación .

Asimismo, se imponen candados, para establecer que no se puede utilizar para las actividades sustantivas a que se refieren los artículos 3 y 4 de la ley reglamentaria del Artículo 27 constitucional, así como de petroquímica distinta a la básica .

PODRÍA CRECER LA CIFRA PARA INVERTIR

...Y LA INICIATIVA PRIVADA ALISTA BOLSA DE $300,000 MILLONES

Por el momento, la Iniciativa Privada (IP) cuenta con una bolsa potencial de recursos superiores a 300,000 millones de pesos para invertir en proyectos de infraestructura, derivado de la aprobación de la ley de Asociaciones Público-Privadas (APPs), monto que incrementará inmediatamente después de la publicación de la legislación, sostuvo Mario Sánchez Ruiz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

La importancia de la ley radica en poder capitalizar los recursos de la IP para construcción de carreteras, puertos, aerotransportes, hospitales, centros de readaptación social, entre otros, y destinar más recursos públicos a programas sociales de alta rentabilidad, explicó.

En entrevista, el líder de la máxima cúpula empresarial dijo a El Economista que al desarrollar infraestructura se traducirá en la generación de empleos y crecimiento económico del país, y ayudará a amortiguar los efectos negativos de la situación internacional, provenientes de Europa y Estados Unidos.

Ayer les hablé a mis amigos los banqueros y les dije que ahora les toca a ellos informar y dar a conocer, aunque por seguridad no se deben ventilar los proyectos... Lo importante es que implementen rápido la normatividad y que pueda transitar lo antes posible. Las oportunidades de inversión ahí están , estableció Sánchez Ruiz.

Estamos muy contentos, agregó, realmente esta iniciativa de las APPs, nos preguntábamos, por qué se aprueba hasta ahorita, no entendimos, pero ahora existe la confianza de que habrá transparencia.

REDUCIRÁ PRESIÓN FISCAL

Sánchez dijo que la ley en su edición federal reducirá la presión fiscal, y riesgos en construcción y desarrollo de proyectos, bajo un marco de certidumbre para los inversionistas, además que reducirá el tiempo de preparación y ejecución de los proyectos.

De acuerdo con el reporte de competitividad del Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés), en la vertiente de infraestructura, México se encuentra en el lugar 73 de 142 países, por debajo de Chile (41) y Brasil (64). También, se observan importantes rezagos en preparación tecnológica, rubro en el que estamos en el lugar 63, Puertos (75), Ferrocarriles (68) y en menor proporción en Aeropuertos (65) y Carreteras (55).

SERÁ UN BLINDAJE ANTE COYUNTURA

NUEVA LEY POTENCIARÁ A MÉXICO: GUAJARDO

La nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas (APPs) potencializará el crecimiento económico de México, al desarrollar infraestructura y generación de empleos; además de permitir blindarse ante la coyuntura de incertidumbre financiera internacional, afirma el diputado priísta Ildefonso Guajardo.

El impulsor de la legislación sostiene que la reforma representa un hito para las inversiones en México, al ofrecer certidumbre jurídica, transparencia y rendición de cuentas a la Iniciativa Privada en el momento de desarrollar infraestructura.

LAS DIFERENCIAS

En entrevista, el Presidente explica a El Economista que a diferencia de las leyes estatales sobre APPs, la legislación federal establece mecanismos de supervisión de los órganos reguladores, que son la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, para que sean responsables de garantizar que las condiciones de legislación de este tipo de proyectos sean transparentes, equitativas y que todo mundo tenga acceso a hacer la mejor oferta y el sector público consiga el menor precio.

UN PROCESO CONTROVERTIDO

• El 10 de noviembre del 2009, el presidente Felipe Calderón envió al Senado su iniciativa.
• Ese día, el Senado turno a Comisiones de Comercio, Hacienda y Estudios Legislativos.
• En abril del 2010, se presentó un dictamen al pleno, pero el senador Ricardo Monreal (PT) logró que se aceptara una moción suspensiva.
• El 4 de octubre nuevamente se intentó aprobar en el pleno, pero los senadores Rogelio Rueda (PRI) y Francisco Castellón (PRD) aceptaron realizar más cambios para evitar comprometer recursos públicos a l IP y ponen candados antiprivatización.
• Finalmente, el 12 de octubre del 2010 fue aprobada por el pleno del Senado, pero con candados para evitar la asociaciones con la IP en rubros del sector energético, considerados exclusivos del Estado mexicano.
• Unos días después, el presidente Calderón criticó la tardanza del Legislativo: dos años sin que se apruebe una ley que sería medular para detonar el desarrollo de infraestructura en todo México, yo creo que es posible, es posible y yo lo que pido es simplemente definiciones .
• El 14 de octubre del 2010, la Cámara de Diputados recibió la minuta del Senado y la turnó a comisiones de Economía y de la Función Pública para su análisis.
• El 4 de diciembre, en su mensaje por su quinto año de gobierno, el presidente Calderón insistió al Congreso a definir el destino de la Ley de APPS.
• El 13 de diciembre del 2011, pleno de San Lázaro aprobó con 12 modificaciones la minuta del Senado.
• Unos minutos después, ese mismo día, de forma inusual, el Senado recibió la minuta, y el senador Francisco Arrollo Vieyra (PRI) pidió que se les dispensarán todos los trámites y se pusiera a discusión y votación de inmediato, aunque el pleno decidió turnarla a comisiones.
• El 14 de diciembre, sesionó la comisión de Comercio y Fomento Industrial, donde sin discusión aprobó el dictamen aceptando los cambios de San Lázaro. Por la tarde, se puso en primera lectura.
• Ayer, por un acuerdo con los diputados para dar trámite fastrack, el Senado aprobó la Ley de APPS, por 65 votos en favor y 13 en contra.
• Ahora, corresponde al presidente Felipe Calderón publicar la norma en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor.
• El gobierno federal tendrá un plazo de 12 meses, a partir de la publicación, para emitir el reglamento sobre la operación de la Ley de APPS.

jmonroy@eleconomista.com.mx

klm