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Otorgan suspensión de oficio a amparados contra soya transgénica

La resolución favorable a campesinos de Campeche se suma a la iniciativa para declarar al municipio Felipe Carrillo Puerto, de Quintana Roo, zona libre de transgénicos.

Cancún.- El Poder Judicial de Campeche otorgó la suspensión de oficio a las comunidades, organizaciones sociales, campesinas y de apicultores que interpusieron amparos contra la autorización otorgada por la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) a la empresa Monsanto para sembrar 253,500 hectáreas de soya genéticamente modificada en los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas.

En realidad se trata de dos amparos presentados en Campeche: uno por comunidades indígenas y otro por parte de apicultores que son los primeros recursos en tener una resolución favorable al rechazo de soya transgénica, pues en Chiapas, Quintana Roo y Yucatán también se interpusieron amparos que aún están en proceso de resolución, según un comunicado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Apenas el viernes 20 de julio, durante su decimocuarta sesión extraordinaria, el Cabildo de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, aprobó la iniciativa para que ese municipio sea declarado zona libre de transgénicos.

El principal argumento para la aprobación fue que la presencia de polen transgénico podría contaminar la producción apícola de miles de productores quintanarroenses. Hasta 95% de la producción de miel de la península de Yucatán se exporta con un valor aproximado de 400 millones de pesos anuales, por lo que se corre un elevado riesgo de contaminación por polen transgénico que podría ocasionar el cierre de los mercados europeos a estos productos.

Quintana Roo produce actualmente 6,000 toneladas de miel que se exportan a través de los canales de comercialización del vecino estado de Yucatán. En total, la producción apícola de la península asciende a poco más de 11,000 toneladas al año, de las cuales 95% son exportadas a Europa, Estados Unidos, Arabia Saudí y Japón, según información de Sagarpa.

LA RUTA DE LA SOYA TRANSGÉNICA

El 7 de junio pasado, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), dependiente de Sagarpa, emitió un permiso de liberación comercial de soya genéticamente modificada para los estados de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas, que incluye el uso de 13,075 toneladas de semilla transgénica.

El Cemda asegura en su comunicado que la Sagarpa incurrió en una violación a la ley al autorizar esta siembra comercial, toda vez que existe una suspensión de oficio dictada por el Juzgado Primero en el estado de Yucatán, relativa al permiso otorgado para la etapa piloto a Monsanto. Al estar suspendido dicho permiso, no se cumplía uno de los requisitos para el otorgamiento del permiso comercial.

Pese a la evidente oposición al proyecto por parte de agricultores y organismos ambientalistas de los tres estados de la península, gobiernos como el de Quintana Roo se han declarado abiertos a escuchar propuestas para la siembra de soya transgénica e incluso ha habido acercamientos entre funcionarios estatales con ejecutivos de la trasnacional Monsanto.

El Cemda advierte que los agricultores que pudieran estar interesados en sembrar soya transgénica corren un riesgo al invertir en este tipo de cultivos, toda vez que existe una fuerte oposición y una lucha jurídica y política para que el país sea decretado zona libre de transgénicos que haría ilegales este tipo de proyectos.

jvazquez@eleconomista.com.mx

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