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Ponen candados de ética a reguladores
Incluye capítulo anticorrupción, mediante el cual obliga a reguladores a identificar y sancionar ilícitos en los contratos que otorguen.
El cuarto y último dictamen en materia energética que comisiones del Senado debatirán a partir de hoy promueve cláusulas anticorrupción para que los órganos reguladores de energía prevengan, identifiquen, subsanen y sancionen cualquier tipo de irregularidad o ilícito en el otorgamiento de permisos, autorizaciones y celebración de contratos en el sector.
Entre los cambios que el documento presenta con relación a la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto está un capítulo anticorrupción, el cual promueve que los contratos, autorizaciones, permisos, adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras que otorguen o celebren tanto la Comisión Nacional de Hidrocarburos como la Comisión Reguladora de Energía estarán sujetos a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y a las leyes en materia de transparencia.
Así lo fomenta el dictamen por el cual se expide la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, misma que obliga a ambas instituciones a precisar factores de riesgo que puedan presentarse durante los procesos de suscripción u otorgamiento de contrato, administración y supervisión de las actividades reguladas.
Asimismo, las comisiones están obligadas a tener un Código de Conducta que emitan los órganos de gobierno a propuesta de un Comité de Ética.
El dictamen dado a conocer ayer por el presidente de la Comisión de Energía del Senado, David Penchyna, coincide con la propuesta del Ejecutivo sobre la creación de un Código de Conducta que contenga -entre otros aspectos- actos u omisiones que representen un conflicto de interés para los servidores públicos.
Los comisionados y funcionarios deberán abstenerse de recibir directa o indirectamente dinero o beneficios de un tercero que pueda afectar la imparcialidad de las decisiones. Asimismo, presenta la reforma a la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente, la cual refuerza las atribuciones de la institución.
Fomenta que las violaciones a la Ley de Hidrocarburos y a la seguridad industrial y al medio ambiente se castiguen con multas entre 750,000 y 7 millones 500,000 veces el importe del salario mínimo vigente en el Distrito Federal, monto que se podrá duplicar en caso de reincidencia.
La agencia podrá suspender o revocar las licencias, autorizaciones, permisos y registros en el sector de hidrocarburos, además de sancionar las violaciones graves o reiteradas a las leyes con amonestaciones, suspensiones, remociones o inhabilitación del personal que preste sus servicios o a un asignatario o contratista.
También deberá establecer requisitos para los auditores externos del sector de hidrocarburos. El auditor externo permanecerá en el cargo por tres años máximo.