Reforma eléctrica debe pugnar por combatir el rezago social, coinciden diversas voces en San Lázaro 

La transición hacia una canasta de generación mediante energía limpia que se discute en la Cámara de Diputados, rumbo a la votación de la reforma eléctrica planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador no tendrá ningún valor, si no tiene como fin último el combate a la desigualdad económica y la inclusión de minorías que existe en el país, objetivos que con un diseño adecuado del marco legal son posibles, coincidieron distintos actores este miércoles en San Lázaro.  

En el Foro 20 del Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica, que ha resultado el más plural al componerse de cuatro voces expertas mujeres y sólo dos hombres, además de incluir la postura de una organización de jóvenes y otra de una cooperativa representante de indígenas y campesinos, se hicieron propuestas como incluir la generación distribuida de la sociedad civil en el orden de prelación del despacho de energía y los derechos de las comunidades por encima de los proyectos eléctricos del país.  

Paulina Garrido Bonilla, presidenta de la Unión de Cooperativas Tosepan Titatanske, en representación del Movimiento de cooperativas campesinas indígenas de la Sierra Nororiental de Puebla, pidió que la generación distribuida del sector social sea incluida en la iniciativa de reforma, luego de relatar que desde la administración pasada empresas generadoras llegaron con reglas totalmente a su favor para asentarse con proyectos que con el argumento de ser renovables buscaban acaparar territorio y recursos para generar electricidad para grandes empresas ajenas a la comunidad.  

“Es sumamente trascendente que se apruebe una reforma como la que impulsa el gobierno actual para quitarle el poder que se le dio a las empresas energéticas”, aseguró, “es vital detener el saqueo que las empresas de energía están haciendo en el país, para devolver la soberanía energética a los pobladores del país”, dijo Garrido. 

Sin embargo, reconoció que la iniciativa de reforma tiene serias omisiones en cuanto a anteponer los proyectos energéticos por encima de los derechos sociales de los pueblos, porque no se están integrando los argumentos del sector social, sino que únicamente se ha polarizado la visión entre los privados y el sector público.   

Una transición energética justa es necesaria para salvar el planeta, y ésta debe servir para combatir brechas y reducir desigualdades sociales, dijo.  

Nora Cabrera Velasco, directora de la Organización Nuestro Futuro, dijo que la generación de jóvenes que ha llegado al planeta en este siglo nació con la certeza de que la humanidad está consumiendo al planeta y pidió a las generaciones presentes que no nieguen un futuro a las que están por venir.  

“Las emisiones salen de la combustión de energías fósiles, lo que hoy mueve al mundo y lo hace productivo”, dijo y pidió que la clase política se ponga de acuerdo para diseñar una transición energética justa y verdadera, que sea inclusiva y distribuya sus beneficios entre todos los involucrados.  

Así que denunció que la reforma eléctrica termina con la transición energética actual sin sustituirla por un modelo claro, al proponer que el despacho de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sea la primera en ser despachada sin importar si viene de fuentes fósiles o limpias, frente a la emergencia de cambio climático que por lo que además consideró ilógico construir un sistema eléctrico alrededor del recurso más preciado que habrá en el mundo: el agua, conforme aumente la temperatura del planeta.    

Para la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el objetivo de la reforma del 2013 fue desintegrar a la CFE en empresas reguladas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía, con lo que la actual iniciativa cierra la puerta a los negocios sucios y la abre a un futuro limpio y de desarrollo sustentable para el país.  

Recordó que durante años no se desarrolló la energía renovable en la CFE porque desde el gobierno se promovió la inclusión del gas natural. Por tanto, consideró que es falso que los certificados de energía limpia sean el único mecanismo para promover una mayor inclusión de renovables, para ello se necesita una planeación clara y d la intregración del sen a partir de una definición económica técnica donde el medio ambiente sea un elemento sustantivo. 

“La reforma del 2013 no tuvo como objetivo promover las renovables sino reducir a la CFE y ampliar la participación de privados”, dijo Sheinbaum Pardo.  

Graciela Domínguez López, titular de la Coordinación de Sostenibilidad de la Universidad de Guadalajara, expuso que del 2017 al 2020 se logró reducir en 15% la emisión de gases en el sector eléctrico, que en algunos sitios corresponde al 20% de las emisiones totales, lo que significa 19 millones de toneladas de CO2 menos al ambiente, gracias a los cambios en el despacho de generación de la reforma del 2013 y la instalación y reglas para el despacho de renovables en el país.  

Lo que se dejó de emitir en 2020 es equivalente a haber cubierto de CO2 la ciudad completa de Guadalajara, aseguró, además de que en 2020 hubo 9,000 muertes asociadas con complicaciones por inhalación de CO2, al ser la tercera parte de las muertes por asesinatos, no es nada despreciable.  

“Las reglas actuales sí den preferencia a quien quera generar con energía limpia, llámese cómo se llame, privado o CFE”, aseguró, “antes de 2013 ¿vivíamos en un paraíso energético? No. La legislación energética actual se puede mejorar, pero no se debe destruir”, dijo Domínguez. 

Objetivos a nivel constitucional

Francisco Xavier Diez Marina Palacios, consultor y abogado con postura a favor de la iniciativa de reforma en materia energética dijo que la transición energética es el punto más importante sobre el cual todos los Estados se encuentran debatiendo acerca de sus políticas, por lo cual sí se precisa una reforma a nivel del máximo garante de derechos del país, que es su Carta Magna.  

“Estamos en la construcción de un esquema indispensable para el crecimiento del país”, aseguró, “cada país es responsable de manera compartida y diferenciada de sus emisiones e impacto ambiental y por eso sostengo que esta reforma pasa de una enunciación de objetivos a una articulación vigente de instrumentos para lograrlos”.  

La transición energética permitirá abatir las brechas sociales con una visión de Estado, alineada a los tratados y objetivos internacionales, por lo que debe ser descentralizada, reconociendo a todos los actores que participan con intereses directos o difusos, pero con la visión de impacto y posibilidades locales.  

Mauricio Limón, abogado socio director de Limón Consultores, dijo que el sustento para una vida digna es la preservación de los recursos del medio ambiente y en la presente iniciativa de reforma se pretende eliminar. 

“El poner en el centro del debate a la CFE hace a un lado la obligación de las empresas asentadas en el país de buscar el beneficio económico y social del país”, aseguró.

karol.garcia@eleconomista.mx 

kg